El eslabón más débil

Decía el pensador escocés Thomas Reid que "una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil". Él, era el principal representante de la Escuela Escocesa del Sentido Común. Una cualidad, que, por cierto, parece negarse para la clase gobernante en México y de muchas naciones del mundo. 

Para el caso mexicano ese eslabón es el crimen organizado. Si se le piensa con detenimiento es el eslabón más débil de todo el sistema. Y lo es porque el crimen organizado no es una entidad ajena a la dinámica económica o política del país, es más bien parte de ella. 

Ha llegado a ser tan decisivo que parte de la vida política del país, su gobernabilidad, ha pasado a depender en gran medida del poder que ostentan los capos. Y no solo eso, el ascenso al poder de la clase política, también en gran medida, pasa por la aprobación y respaldo de la mafia. Son pues un eslabón más del sistema, del poder, pero son el eslabón más débil.

Su debilidad estriba en el riesgo al que están empujando al Estado mexicano. Su divisa es el rompimiento de las normas centrales del contrato social que hasta ahora ha unido a más de 130 millones de mexicanos. Ese contrato, que supone la legitimidad y estabilidad de todo gobierno, son la garantía de la vida, la seguridad, el libre tránsito, el libre trabajo, y el libre comercio. Dicho contrato, sin embargo, lo están haciendo añicos con tan eficaz brutalidad, que su receta para la destrucción de una nación no puede ser mejor. Son un motor destructor que todo lo mina y que avanza a pasos agigantados hacia el caos.

El Estado mexicano, por definición constitucional, que también es parte de nuestro contrato de cohesión y legitimidad social, es el único que debe tener el uso privilegiado de la fuerza, nadie más, ninguna otra fuerza. Pero esto ya no está ocurriendo, en muchas zonas del país el privilegio en el uso de la fuerza está en manos de la delincuencia. 

El principal problema que tiene México en este momento no es otro que el del crimen organizado y en él deberían estarse aplicando los máximos esfuerzos. Por esa causa no deberían estar muriendo los mexicanos, tampoco siendo desaparecidos, tampoco perdiendo sus bienes, tampoco viviendo bajo el terror.

Ha llegado tan lejos el crimen que las vías legítimas para el acceso al poder, de que dispone la legalidad del país, han caído en muchas partes en sus manos. Han pasado de ser entidades parasitarias que succionaban las economías locales a entidades que buscan el control de las instituciones gubernamentales para obtener el máximo de riquezas con el uso perverso del poder público. Los testimonios de los vínculos del crimen con los políticos brotan en todos los estados y en todos los niveles de la administración.

Todos los mexicanos saben que el origen de este problema viene desde el siglo XX, pero no eligieron a sus gobernantes para que se ampararan en ese pretexto histórico sino para que, en su tiempo y bajo su responsabilidad, se hagan las cosas de tal manera que el Estado que administran les gane ahora la guerra a los criminales. Lo otro no tiene sentido, es inhumano, y es un insulto a cualquier inteligencia.

Las políticas anticrimen en curso, que solo administran esta tragedia, cortándole ocasionalmente algunas hojas al árbol delincuencial, o tumbándole alguna rama, ya son insostenibles y por completo inútiles. Las podas que les aplican lo único que han logrado, a lo largo de la negra historia de estos grupos, es que crezcan con más fuerza.

No basta tumbar las hojas y algunas ramas, es decir, no basta el indicador de laboratorios destruidos; no basta el indicador de desaparecidos, no es suficiente el indicador de asesinados por ellos, es insuficiente el índice de secuestros; no basta el abatimiento o detención de los capos genocidas y terroristas. Para saber que el combate al peor mal que le ha aquejado al país se está ganando, se debe contar con dos índices más que lo verifiquen, el de territorios libres de mafiosos y el de políticos llevados a la cárcel.

Hasta ahora el gobierno de la república, por alguna razón, ha tenido temor de hacer uso del privilegio de la fuerza, como lo ordena la constitución, para salir a derrotar en todos los frentes a los criminales: en el frente financiero, en el de la producción industrial y agrícola, en el de estupefacientes, en el territorial, en el militar, y, sobre todo, en el político. De tardarse en hacerlo quedará rebasado y estará exponiendo con su inacción la soberanía nacional, como ya lo está siendo por la presión internacional.

En ninguna circunstancia se puede admitir que el Estado mexicano no haga uso de la fuerza legítima, que es bastante, para destruir el poderío militar de los grupos criminales que actúan cada vez más, no como un estado paralelo, sino como el único estado en varias partes del país. Los deberes constitucionales no se consultan.

Si la decisión de no hacerlo está determinada por el compromiso que pudiera haber entre políticos y el crimen, lo que viene será catastrófico. Más valiera que, por el bien de México, la presidencia rompiera con quienes la mantienen cautiva. México, se está viendo, y con más claridad bajo el entorno internacional presente, que no podrá aguantar más la narrativa del crimen como cosa natural, ni tampoco la existencia de un estado dominado por el crimen. México no puede seguir por el camino de un narcoestado, tendríamos la categoría de parias.

El crimen organizado es el eslabón más débil del sistema mexicano, y de cómo se aborde por el Estado dependerá la naturaleza del futuro del país, nos guste o no. Es de sentido común, que el Estado profundice las tareas para derrotarlo. O es el crimen o somos los mexicanos de bien.