El drama de los desaparecidos en México

Fernando Vargas, junto con su esposa Sandra Ojeda, han vivido el drama desde noviembre de 2024, hace casi un año, de tener un hijo de 21 años, Olín Hernando, que manos criminales se lo llevaron a la fuerza, “lo levantaron”, en la zona boscosa del Ajusco en la Ciudad de México, misma de la cual se han reportado decenas de desaparecidos en los últimos años, la mayoría de ellos adolescentes y jóvenes de temprana edad, mujeres y hombres.

Desde las horas siguientes a la desaparición de Olín hasta la fecha, sus padres denunciaron el hecho ante las autoridades capitalinas (policías, fiscalía y gobierno), así como ante las federales, y se han unido con amigos, familiares y grupos de padres en situación similar, para buscar a sus hijos y recabar información, indicios y pruebas que les ayuden a dar con el paradero de sus seres queridos, así como para ir proporcionando todos esos datos a los gobiernos para facilitar su localización.

Pero todo eso ha sido infructuoso. La respuesta oficial ha sido el silencio o la insultante expresión de “lo estamos investigando”, pero sin ningún resultado concreto.

Por eso, Fernando y Sandra, hartos de la irresponsable actuación de las autoridades de la Ciudad de México y del país, que proclaman una reducción histórica de los índices delictivos, decidieron protestar en el interior de la Secretaría de Gobernación el pasado 24 de octubre declarándose en huelga de hambre. Eso provocó que a las pocas horas les propusieran una reunión de trabajo con la fiscal general de justicia capitalina, Bertha Alcalde, y un amplio grupo de trabajo integrado por policías e investigadores.

Fernando Vargas, su esposa, amistades y representantes de las madres buscadoras estuvieron durante unas cuatro horas ese mismo día 24 exponiendo todos los detalles de sus hallazgos, uno por uno, día tras día, así como las denuncias presentadas ante la policía de la Ciudad y el Ministerio Público. Frente a cada circunstancia narrada por Vargas y sus reiteradas preguntas sobre por qué no se había investigado tal o cual cosa (¡ni siquiera se había resguardado el carro de Olín en el cual había rastros de sangre y girones de su ropa, como expresión de su resistencia a ser secuestrado!, coche que luego fue desmantelado en uno de los estacionamientos de la Fiscalía), la respuesta de los agentes fue que no lo habían considerado trascendental para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Cuando me narraron lo sucedido en esa larga reunión, de inmediato creí que estaba leyendo de nuevo el libro de Sandra Romandía sobre los sucesos en el Rancho Izaguirre en Teziutlán, Jalisco (“Testigos del horror”), sobre la complicidad de las autoridades con los cárteles delictivos, con las bandas criminales, para protegerlos a ellos y abandonar a las víctimas. Recordé también una de las aseveraciones de Romandía de que en México hay muchos Ranchos Izaguirre, muchos lugares de sustracción de personas inocentes por parte del crimen organizado, muchos campos de exterminio y demasiadas fosas clandestinas.

Como lo señalaba en una colaboración anterior aquí en Quadratín sobre las cuestionables cifras oficiales que hablan de una reducción de las muertes violentas y la baja de delitos de alto impacto, estudios muy responsables -de la Universidad Iberoamericana, así como de la organización Causa en Común (María Elena Morera)- demuestran que la información gubernamental está perversamente manipulada, ya que, además de los subregistros en las fiscalías, han procesado una reclasificación al incorporar el rubro de “delitos que atentan contra la vida y la integridad”, de tal suerte que a finales de 2024 el gobierno reportó 30 mil 60 "víctimas de homicidio doloso”, pero solo 19 mil 286 culposos y 16 mil 336 calificadas como “víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad”, sin especificar qué es eso.

Además, aquí no se agregan las cifras de personas desaparecidas, como el denunciado por Fernando Vargas y su esposa Sandra, que en 2024 fue de 13 mil 416, lo cual hace de los desaparecidos y sus familias un drama, una tragedia. Sandra, la mamá de Olín, le dijo a Bertha Luján: "¡estamos muertos en vida!, si mi hijo no aparece, ¡moriremos!”.

Si a lo anterior  le sumamos los hechos violentos de los últimos días en Michoacán, Veracruz, Sinaloa, etcétera… ¿de qué pacificación del país hablamos?