El derecho a conectarse protegidos

 El acceso digital: entre la inteligencia artificial y la violencia juvenil en el estado

En Michoacán, mucho antes de realizarse un debate abstracto sobre pantallas e inteligencia artificial se enfrenta la situación de un estado con la mitad de sus estudiantes rurales fuera de línea, un programa de conectividad que se detiene en la puerta del salón de clases y una generación adolescente disputada abiertamente por el crimen organizado.

Primeramente, es justo reconocer que la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública hayan abierto una deliberación nacional sobre el impacto de los dispositivos móviles, las plataformas sociales y la inteligencia artificial en la niñez y la juventud del país. Desde Michoacán, sin embargo, esa conversación exige partir de las cifras propias del estado antes que de los promedios nacionales. La entidad enfrenta al mismo tiempo tres fenómenos que reclaman un tratamiento diferenciado: una desigualdad de acceso a internet que castiga con particular dureza a las comunidades rurales e indígenas, un programa gubernamental de conectividad estudiantil con fallas estructurales de diseño y una escalada de violencia que ha convertido a las y los adolescentes michoacanos en objetivo directo del reclutamiento criminal. Replicar de manera mecánica el diagnóstico nacional equivaldría a diseñar una política ciega ante las condiciones reales en que aprenden, se conectan y sobreviven las juventudes de la entidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en Michoacán casi ocho de cada diez habitantes utilizan internet. Esa cifra agregada oculta una fractura territorial severa: mientras la conectividad urbana ronda el 87 por ciento, en las zonas rurales apenas alcanza el 68.5 por ciento. Es decir, uno de cada cinco michoacanos está desconectado del internet tan solo por su código postal. Más aún, el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta que la entidad retrocedió en su posición relativa frente a otras entidades federativas en materia de conectividad, justo en el periodo en que la política estatal debía revertir esa tendencia.

Frente a esta desigualdad, el gobierno estatal promueve desde febrero de 2026 el programa D4TA Datos Gratis, operado en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, que distribuye chips telefónicos con cuatro gigabytes mensuales entre el estudiantado de bachillerato y educación superior pública. Para el primero de mayo, la meta declarada de 116 mil 828 beneficiarios apenas se había cubierto en un 69 por ciento, con 80 mil 500 tarjetas SIM activas. Paralelamente, cuatro gigabytes resultan insuficientes para sostener una sola semana de trabajo académico en las plataformas que hoy exigen las universidades públicas, y el defecto más severo del programa permanece sin resolverse: la conectividad limita su alcance al dispositivo personal del estudiante inscrito, dejando fuera de la ecuación la infraestructura escolar misma y con ello, la supervisión que protege de delitos cibernéticos a las niñas, niños y jóvenes, lo cual se exacerba en virtud de que estos chips dotan de acceso ilimitado a redes sociales a sus usuarios.

Sobre esta base incompleta, el gobernador envió al Congreso del Estado, el pasado 4 de junio, una iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 139 de la Constitución michoacana y elevar D4TA a la categoría de derecho constitucional permanente. La exposición de motivos invoca a 250 mil estudiantes de nivel medio superior y superior afectados por la fractura digital y cita la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Llama la atención que el documento entregado a los diputados aparezca fechado el 19 de mayo, una fecha que difiere tanto del anuncio público del mandatario como de la entrega formal del expediente legislativo, irregularidad menor en apariencia que anticipa, sin embargo, el nivel de rigor con que se ha tramitado la iniciativa completa.

El diagnóstico que arroja esta revisión resulta doble. Primero, la desigualdad de conectividad en Michoacán tiene una geografía precisa y conocida: golpea con mayor fuerza a las comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, exactamente aquellas donde el abandono escolar y la vulnerabilidad ante el crimen organizado también alcanzan sus niveles más altos. Segundo, la respuesta gubernamental confunde el gesto simbólico con la solución estructural. Constitucionalizar un programa que apenas alcanza dos terceras partes de su propia meta, la cual fue partida en dos previamente, que entrega una ración de datos insuficiente, acceso a redes sociales sin protección alguna y que omite por completo la conectividad de aulas, laboratorios y bibliotecas escolares posterga la solución real de la brecha y corre el riesgo de eternizarla en el texto constitucional sin obligar a nadie a corregirla. Peor aún, la iniciativa guarda absoluto silencio sobre los contenidos a los que accederán las y los estudiantes conectados, sobre los mecanismos de supervisión pedagógica y sobre las salvaguardas frente a riesgos digitales, justo cuando el gobierno federal anunciaba, el 21 de julio, el inicio de un proceso nacional de regulación de plataformas para proteger a la niñez. Michoacán corre así el riesgo de generalizar el acceso sin ampliar la protección.

A este cuadro se suma una tercera dimensión que el debate nacional sobre pantallas apenas roza: la violencia que enfrenta la juventud michoacana dentro y fuera de las aulas. Bajo la clara influencia de contenidos de redes sociales, el 24 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años disparó contra dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, quitándoles la vida. La Fiscalía General del Estado informó en julio que 40 personas menores de edad fueron vinculadas a proceso por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y secuestro, entre agosto de 2025 y junio de 2026, con un caso documentado en Zamora en el que un joven de 15 años habría actuado bajo las órdenes de un grupo delictivo. La propia Fiscalía confirmó, en junio, tres casos de reclutamiento forzado con cuatro víctimas menores rescatadas cuando eran trasladadas hacia la región de Tierra Caliente. A escala nacional, la Secretaría de Gobernación calcula en 176 mil los menores identificados en situación de riesgo frente a más de cincuenta grupos criminales que compiten activamente por incorporarlos, y la violencia familiar, con mil 720 carpetas de investigación abiertas en Michoacán durante 2025, figura documentada como uno de los factores que agrava esa vulnerabilidad.

Michoacán cuenta con capacidades instaladas que, articuladas con voluntad política, permitirían corregir el rumbo. El Congreso del Estado tiene en sus manos la iniciativa del artículo 139 y puede condicionar su aprobación a la incorporación explícita de metas verificables, mecanismos de auditoría pública y protocolos de protección de contenido. La Secretaría de Educación en el Estado, acéfala desde el 24 de junio, tiene ante sí la oportunidad de vincular cualquier estrategia de conectividad escolar con la formación docente y con protocolos de convivencia y prevención de la violencia. Las universidades públicas, los colegios de bachilleres y las organizaciones de la sociedad civil michoacana acumulan evidencia técnica suficiente para exigir que la política de conectividad se diseñe con indicadores medibles desde su origen y no como una promesa retórica sujeta a interpretación futura.

De perpetuarse el rumbo actual, Michoacán quedaría con una garantía constitucional vacía de contenido verificable, mientras la brecha real entre el campo y la ciudad, entre quien dispone de cuatro gigabytes al mes y quien necesita banda ancha estable para investigar, redactar y aprender, permanecería intacta. Al mismo tiempo, la ausencia de una estrategia educativa que atienda de frente el reclutamiento criminal y la violencia dentro de los planteles dejaría a las juventudes michoacanas expuestas en dos frentes simultáneos: desconectadas del aprendizaje digital seguro y disponibles para el reclutamiento que ya opera en la entidad con métodos cada vez más sofisticados. Una política que se limita a distribuir chips sin fortalecer la escuela como espacio de protección y sentido corre el riesgo de convertirse en un paliativo costoso frente a un problema estructural.

En suma, el debate nacional sobre tecnología, niñez y aprendizaje llega a un Michoacán que arrastra un rezago propio, documentado y medible, en materia de conectividad, gobernanza educativa y seguridad de sus adolescentes. Cualquier política que aspire a resultar pertinente para el estado debe partir de este punto real y no del promedio nacional ni del gesto legislativo aislado. La constitucionalización de un derecho sin mecanismos de verificación construye una apariencia de garantía que, lejos de proteger, termina por normalizar la desigualdad que dice combatir.

Por lo anterior, desde Mexicanos Primero Michoacán proponemos, primeramente, condicionar la reforma al artículo 139 a la publicación de un diagnóstico georreferenciado y auditable sobre conectividad escolar por municipio, plantel y nivel educativo. Segundo, rediseñar el programa D4TA para priorizar la conectividad de espacios escolares completos por encima de la entrega individual de datos móviles, con una asignación de gigabytes que responda a estudios de uso académico real y replanteando a fondo la dotación de acceso ilimitado a redes sociales. Tercero, incorporar a cualquier estrategia de acceso digital un componente obligatorio de formación docente en supervisión pedagógica y protocolos claros de protección frente a contenidos nocivos, en línea con el proceso de regulación de plataformas anunciado por la Federación. Cuarto, articular un protocolo estatal de prevención de reclutamiento y violencia juvenil que involucre a las escuelas de nivel medio superior como espacios de detección temprana, coordinado entre la Secretaría de Educación en el Estado, la Fiscalía General y las autoridades municipales de seguridad. Quinto, establecer un mecanismo permanente de evaluación externa que reporte públicamente avances de cobertura, uso pedagógico y resultados de aprendizaje asociados a la inversión en conectividad.

Michoacán tiene ante sí la oportunidad de construir una política de conectividad educativa que constituya una garantía verificable y deje de ser una promesa constitucional vacía. Mexicanos Primero Michoacán reitera su disposición a aportar evidencia, diagnóstico municipal y experiencia acumulada durante más de tres lustros de trabajo en la entidad  y hace un llamado al Congreso del Estado, a la próxima titularidad de la Secretaría de Educación y a la sociedad civil michoacana para que la deliberación nacional se traduzca, en Michoacán, en decisiones concretas que protejan el aprendizaje y la vida de sus niñas, niños y adolescentes.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.