Educación: un Programa Sectorial sin resultados

En el marco del relevo institucional al frente de la Secretaría de Educación en el Estado es pertinente y urgente remarcar a lo que se comprometió la actual administración estatal, de lo cual ha logrado muy poco. Así también, se ha enfrascado en realizar acciones que no estaban planificadas.

En esta ocasión, revisaremos el Programa Sectorial de Educación del sexenio, publicado hasta el 8 de abril de 2024, en pleno proceso electoral presidencial, el cual fue titulado "Educar es Tarea de Todos". En él,  el gobierno se otorga a sí mismo un 73% de avance integral en la transformación educativa de Michoacán. Es un número que suena casi a aprobado con mención honorífica. El problema es que ese 73% es, en el mejor de los casos, una operación de relaciones públicas disfrazada de rúbrica técnica, y en el peor, una mentira estadística construida sobre cadáveres, migrantes y matrícula que se evaporó.

Vamos por partes, porque esto merece ser desmenuzado con la misma frialdad con la que el gobierno michoacano maneja los datos de la niñez del estado.

La joya de la corona del discurso oficial es la proclama de que Michoacán alcanzó el "primer lugar nacional en el combate al rezago educativo", con una caída de 3.2 puntos porcentuales, de 28.9% a 25.7%,  que supuestamente representa a más de 159,000 personas que dejaron atrás su condición de rezago. Suena espectacular. Suena a política pública funcionando. Es, en realidad, una de las falacias estadísticas más graves que se han documentado en la administración pública estatal reciente.

El propio reporte que el gobierno no quiso que leyéramos con tanto detalle lo explica sin pudor: el indicador de rezago educativo del CONEVAL y el INEGI mide, de forma binaria, si una persona alcanzó la edad esperada sin concluir la educación obligatoria. Cuando ese porcentaje baja, no significa automáticamente que la gente volvió a clases y se tituló. Puede significar, también, que la gente con rezago simplemente dejó de existir en la muestra. Y, en Michoacán, dejar de existir  significa tomar una de tres vías que nada tienen que ver con política educativa: se murió, la mataron o se fue del país.

Hasta un 71% de las víctimas mortales por COVID-19 en el estado padecían rezago educativo. Al morir, salieron de la estadística y "mejoraron" el índice. Sumemos los miles de homicidios dolosos y desaparecidos entre 2020 y 2024, quienes, con su ausencia, contrajeron la base poblacional y alteraron los denominadores. Sumemos la migración masiva hacia Estados Unidos, que se lleva precisamente a los jóvenes y adultos sin educación básica, sacándolos de las encuestas de hogares. Y para cerrar con broche de oro: la matrícula total del sistema educativo michoacano se contrajo en más de 20 mil estudiantes.  Peor aún, la narrativa triunfalista no resiste la siguiente pregunta: ¿cómo sacas del rezago educativo a 159 mil personas sin elevar en una sola persona la matrícula, sin inscribir a una sola persona más en la escuela?

Es decir: el gobierno de Michoacán está celebrando, como triunfo pedagógico propio, el hecho de que la pandemia, el crimen organizado y la migración redujeron el número de personas analfabetas contándolas como muertas, desaparecidas o fuera del país. No hay una sola campaña masiva de alfabetización de adultos que sostenga ese número. No hay incremento proporcional en la matrícula de los Centros de Educación Básica para Adultos. Solo hay demografía trágica disfrazada de política pública. Y aun con ese maquillaje estadístico, Michoacán sigue entre los cinco estados con mayor rezago estructural del país, por debajo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Ser "primer lugar nacional" en reducir un indicador y seguir entre las peores entidades del país no es una contradicción menor, es una evidencia, un indicio para investigaciones posteriores.

Hay que ser justos, porque el documento también exhibe logros administrativos reales y verificables. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla heredó un boquete financiero de más de 5 mil millones de pesos en adeudos magisteriales, con más de 27 mil  trabajadores sin cobrar durante meses. Esa deuda se liquidó. La bancarización pasó del 52% de pagos por cheque  a un 99% de pago electrónico. La plataforma "SEE Digital" digitalizó más de 20 trámites, beneficiando a 72 mil  trabajadores y reduciendo hasta en 85% los tiempos de resolución. La aplicación del Ceneval como filtro único para el ingreso a Escuelas Normales desarticuló redes de corrupción. Tres ciclos escolares consecutivos sin protestas masivas por impago es, en la historia reciente de Michoacán, un hecho inédito.

Todo esto es cierto y todo esto importa. El problema es que es exactamente el tipo de logro que un gobierno puede lograr sin tocar un solo cuaderno, sin mejorar una sola competencia lectora, sin que un niño de Apatzingán aprenda a multiplicar mejor que en 2021. Son logros de gestión administrativa, no de transformación pedagógica. Y el propio informe, en su rúbrica final, lo confiesa sin que se lo preguntemos: mientras la "Gestión Administrativa, Digitalización y Gobernanza" alcanza un 95% de avance estimado y la "Transparencia e Ingreso Laboral" un 90%, la dimensión de "Calidad Pedagógica y Recuperación de Aprendizajes" se desploma a un precario 40%. Esa es la confesión real del sexenio: se ordenó el cascarón administrativo de la Secretaría de Educación y se procrastinaron las aulas.

Otra promesa que se repitió como mantra en los primeros años de la administración fue la "federalización total" de la nómina educativa estatal. En junio de 2026, el propio titular de la Secretaría de Finanzas del estado admitió que lograr esa asunción total por parte de la Federación es "complicado". Traducción política: no se logró, y lo que tenemos en su lugar es un esquema de corresponsabilidad 50/50 que obliga al estado a negociar convenios extraordinarios año tras año por más de 4 mil 500 millones de pesos. Esto significa que Michoacán sigue sin soberanía fiscal sobre su propio sistema educativo, dependiendo de la buena voluntad presupuestal de cada ejercicio federal. Es una promesa incumplida que se reviste de "modelo de corresponsabilidad financiera" para que no suene a fracaso, aunque lo sea.

El gobierno presume, con cierta razón administrativa, haber completado ciclos escolares consecutivos sin paros masivos por impago. Pero, entonces, ¿cuál de las dos versiones es la real? ¿El ciclo ininterrumpido de 180 días que presume el boletín oficial, o la realidad de las escuelas de Tierra Caliente y la Meseta que cerraron por balaceras y retenes del crimen organizado? Esa contradicción es la diferencia entre un niño que sí recibió clase y uno que no, entre un padre de familia que puede mandar a su hijo a la escuela con tranquilidad y uno que tiene que decidir cada mañana si el trayecto es seguro.

Aquí es donde el ejercicio de auditoría deja de ser un debate de cifras entre especialistas y se convierte en una factura que pagan personas concretas.

A los niños, niñas y adolescentes les cuesta el derecho más elemental que el Estado les debe: aprender. Las evaluaciones diagnósticas llamadas “Ejercicios Integradores de Aprendizajes” (EIA) de 2024 y 2025 revelan que apenas la mitad de los estudiantes logra aplicar métodos lógicos para resolver problemas de pensamiento científico. Eso significa una generación completa de michoacanos que está saliendo de la educación básica sin las herramientas cognitivas mínimas para competir en cualquier economía del siglo XXI, mientras el gobierno reparte tenis, apoyos económicos  y celebra reducciones de rezago que en realidad son defunciones.

A los padres de familia les cuesta la angustia de un sistema que no les puede garantizar ni la seguridad física de sus hijos en el trayecto a la escuela ni la certeza de que, si llegan, van a aprender algo sustantivo. Les cuesta también la incertidumbre de un calendario escolar que en el papel dice 180 días y en la realidad se mide en clases canceladas por terror.

A los maestros, paradójicamente, también les cuesta: la pacificación salarial fue real, pero conviven con una plantilla que perdió más de mil plazas, cubriendo compañeros ausentes de las aulas y con la persistencia de una disidencia sindical que sigue usando el paro como arma, sin que el gobierno estatal tenga margen real para resolverlo, porque el conflicto es federal y estructural.

A los empresarios y a la competitividad del estado, el costo es de mediano y largo plazo, pero es letal: ningún clúster industrial, ninguna inversión de manufactura avanzada, ningún proyecto de nearshoring serio apuesta su capital en un territorio donde la mitad de los egresados no resuelve un problema lógico básico y donde las escuelas cierran por fuego cruzado. La competitividad se construye con capital humano que piense, lea y calcule. Michoacán está hipotecando su futuro productivo mientras presume infraestructura.

Al desarrollo integral del estado el costo es el más grave de todos: la consolidación de una trampa de pobreza intergeneracional. Si la "mejora" del rezago educativo depende de que la gente con menor escolaridad muera, emigre o sea asesinada, entonces están administrando su desaparición física, no su superación pedagógica.

El gobierno de Michoacán no necesita que la oposición le explique lo que tiene que hacer: lo dice su propio Programa Sectorial de Educación, firmado por la propia Secretaría de Educación del Estado. El PSE estableció metas medibles y verificables, como reducir el rezago al 19.4% mediante ampliación real de cobertura, elevar la escolaridad promedio a 9.0 años, lograr que el 90% de los docentes de educación básica tenga licenciatura, garantizar la federalización total de la nómina y ninguna de ellas se cumple invocando estadísticas de mortalidad o reciclando aciertos administrativos como si fueran logros de aula.

Es momento de exigir, con toda la fuerza de la sociedad civil michoacana, cuatro acciones concretas e impostergables:

Primero, que el gobierno del estado deje de presumir el "primer lugar nacional en reducción de rezago educativo" sin la nota técnica que reconozca, con la misma claridad que usa su propio informe interno, que ese dato está distorsionado por mortalidad pandémica, violencia y migración. Mentirle a la población sobre el origen de una cifra es escatimarle la posibilidad de exigir política pública correctiva.

Segundo, la creación inmediata de un sistema estatal de evaluación censal y universal de aprendizajes —que hoy simplemente no existe— porque no se puede gestionar lo que no se mide, por lo que Michoacán lleva cinco años gestionando con datos parciales.

Tercero, una estrategia de seguridad pública específicamente diseñada para blindar los entornos escolares en Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la Sierra-Costa, porque ningún programa de tenis, libros o becas de transporte sirve si el plantel está cerrado por terror armado.

Cuarto, la rendición de cuentas real sobre el destino de los más de 4,000 millones de pesos invertidos en infraestructura, desagregado por escuela y por nivel de marginación, porque una cifra dividida entre más de 12 mil  centros de trabajo se convierte en menos de 50,000 pesos por plantel.

Michoacán no necesita boletines de prensa celebrando cascarones administrativos saneados. Necesita una generación de niñas, niños y jóvenes que alcancen los aprendizajes esperados. El sexenio que termina ya demostró que sí se puede pagar la nómina a tiempo. Lo que debe lograr en lo que resta de la administración es contar con un sistema educativo que entregue resultados positivos y transforme vidas.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.