Educación: pasos por la regularidad/Horacio Erik Avilés Martínez

Educación: pasos por la regularidad

Esta semana hubo varios acontecimientos de alto impacto en el ámbito educativo michoacano, que sin duda influirán en la agenda educativa durante los próximos meses, ya que llaman a la acción conjunta de las autoridades con la sociedad, por tener repercusión directa en el devenir de nuestra entidad.

Una de ellas es la emisión de la convocatoria de concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente, ya que es sabido que cada ciclo escolar hay jubilaciones, renuncias, decesos y creación de nuevas plazas por necesidades de otorgar servicios educativos. A pesar de esta serie de hechos que generaron una bolsa de vacantes, no se había realizado el proceso de contratación que estipula la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por ende, emitir una convocatoria para un concurso de oposición abierto que se apegue a la normativa y aproveche los recursos disponibles para brindar educación de calidad merece una amplia felicitación a la SEE por cumplir con lo estipulado,  independientemente de las enormes presiones que los grupos de choque al interior de la misma ejercen para la entrega discrecional de plazas.

Por ello, igualmente importante es que se dé el debido registro de organizaciones de la sociedad civil ante el INEE como observadores, para asegurar la transparencia necesaria. Si la SEE logra hacerse de observadores ciudadanos en tiempo y forma, acreditándolos como garantes del debido ingreso al servicio profesional docente, se estará avanzando enormemente en dotar de validez y confiabilidad a un proceso que en caso de no arroparse socialmente, puede convertirse en un foco rojo.  Con ello, la ruta del impulso a la cultura de la evaluación se recuperará e intensificará. Lamentablemente, la educación michoacana arrastra deudas históricas con los maestros que participaron en los concursos de ingreso y promoción del servicio profesional docente que fueron realizados en 2014, 2015 y 2016. Es perentorio regularizar su situación laboral y salarial que atraviesan, ya que hay muchos casos de inequidad que les han llevado de ser beneficiarios por méritos propios a ser víctimas de la aplicación de la legislación vigente en la materia. Es muy importante hacer actos de justicia elemental por ellos , ya que la autoridad debe de reconocerles como ejemplos vivientes de preparación y de actitud favorable a la evaluación, ya que al haberse sometido por voluntad propia a un concurso de oposición abierto y obtener por sus conocimientos demostrados una plaza docente, deben de tener el arropamiento que la ley les brinda, protegiéndoles de los abusos y actos plenos de violencia que las redes de corrupción  les han proferido en venganza por no haberse allanado al ignominioso y fáctico “marchómetro”, en el que se pondera más acudir a la Ciudad de México a actos de protesta que estudiar un doctorado en pedagogía.

Por otra parte, es destacable la visita a Michoacán del Lic. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública en el país, en el marco de la reunión regional de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), motivada por la enorme diferencia que en cuanto a problemática educativa existe entre las diferentes regiones del país, lo que ha impelido al titular de la SEP a  establecer mecanismos de diálogo y  trabajo específicos para cada contexto particular. Mucho más allá del espaldarazo político y de la felicitación al Gobierno del Estado por haber priorizado la implementación de la normatividad educativa sin titubeos ante las presiones opositoras, resultará importante se anuncie a la sociedad michoacana el apoyo concreto obtenido para nuestro sistema educativo derivado de esta visita. La problemática continúa siendo ingente y requiere acciones a la brevedad para lograr consolidar el estado de derecho en el ámbito educativo, por lo que el respaldo federal en la resolución de problemas específicos permitirá avanzar a pasos agigantados en el saneamiento de la educación estatal, respecto a lo que se podría lograr sin la intervención del orden de gobierno citado.

Por ejemplo, un rubro en el que se debe tener especial cuidado para su cabal resolución a la brevedad es el enmarcado en la denuncia que realiza el Frente Cívico Social y la Sección XVIII de la CNTE, respecto al déficit de más de mil millones de pesos para poder cerrar debidamente el ejercicio 2016, particularmente en el pago puntual y completo de las percepciones del magisterio. En  caso de no cumplirse con esta obligación patronal, se generará un vórtice de ilegitimidad que llevará una vez más a las calles a los trabajadores de la educación y sumirá en el caos a nuestra entidad federativa. Hay tiempo para resolver la situación.

Asimismo, resultó muy destacable, el compromiso que realizó el Lic Aurelio Nuño, en presencia del Gobernador del Estado, de brindar seguimiento desde su ámbito de competencia a los Diez Compromisos por la Educación Michoacana, con Inclusión y Calidad, contenidos en la Agenda por Michoacán, lo cual fue mencionado ante las organizaciones de la sociedad civil firmantes que estuvieron presentes en un breve encuentro entablado con los funcionarios mencionados. El mejoramiento de la gobernanza del sistema educativo estatal depende en muy buena medida de  la posibilidad de que la sociedad civil se inmiscuya  en el tema y efectúe acciones multiplicadoras, coadyuvantes y de contraloría social.

Aunado a lo anterior, aunque en los medios de comunicación pasó prácticamente desapercibida, fue de alta importancia la comparecencia de la Arq. Ma. Guadalupe Díaz Chagolla, directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, ante el Congreso del Estado, promovida por la Comisión de Educación del poder legislativo estatal. Especialmente, se exhibieron una serie de criterios burocráticos que imposibilitan el debido reconocimiento de las “aulas de palitos” para ser dignificadas por parte de este organismo descentralizado, al grado de decirse entre líneas que el 99 por ciento de los planteles estatales no poseen aulas precarias, lo que resulta difícil de creer para cualquier michoacano. Más aún, en el reporte de obras de infraestructura educativa, se demostró que están validadas como finalizadas intervenciones que en realidad aún se encuentran en obra negra. Hay mucho por corregir y transparentar al respecto, pero definitivamente es positivo que se haya dado esta comparecencia pública.

En el ámbito nacional, la presentación del índice de Competitividad Estatal 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad conmociona directamente a nuestro sistema educativo, ya que Michoacán se ubica en el vigésimo noveno lugar, encabezando la denominada “franja de la pobreza”, apenas por encima de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en ese orden respectivamente.

Uno de los indicadores que gravitan mayormente en el detrimento de la posición competitiva de Michoacán es el bajo cumplimiento de las responsabilidades educativas, ubicándose en antepenúltimo lugar en tan transversal indicador, así como se subraya en el citado documento la incapacidad de atracción de personal talentoso de parte de las empresas michoacanas debido a la percepción de inseguridad, la dificultad que entraña tener que capacitar al personal contratado en la entidad entre seis meses y hasta un año para que comiencen a redituar, el hecho de que solamente 4 de 15 programas educativos del CONALEP se encuentren alineados a la agenda estatal de innovación, lo que representa un pírrico 26 por ciento;  con solo un 41.9 por iento del total de jóvenes de 15 a 19 años ingresando a bachillerato, de los cuales únicamente el 35.9 por ciento cursan un bachillerato técnico o tecnológico;  cayéndose cuatro escalones en el  subíndice de Factores, en donde se incluye la capacitación y productividad de los trabajadores, así como la caída reportada de dos lugares en el rubro denominado Innovación, pasando del lugar 26 al 28, factor estrechamente ligado a la calidad de la educación, a la investigación y transferencia de tecnología.

En suma, la serie de sucesos mencionados requieren la intervención inmediata de la autoridad para lograr solucionarlos cabalmente,  ya que en la medida en que haya  respuestas definitivas y apegadas a la legalidad, podremos estar en condiciones de superar el estatus actual de la educación estatal, que como podemos darnos cuenta, incide en el desarrollo integral de Michoacán, en la política educativa nacional y en lograr que el derecho a aprender sea incluyente y efectivo para nuestras generaciones jóvenes. Definitivamente hay margen de maniobra para la autoridad, pero se requiere actuar coordinadamente, con honestidad, sensibilidad,  firmeza, inteligencia y apego a la normatividad para dar pasos firmes rumbo a la regularidad de nuestra educación estatal.

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