Educación básica de excelencia para Michoacán

Generar un ciclo escolar que sea más de resultados que de transición implica que se pongan los derechos de las niñas, niños y jóvenes al centro y se conjure toda forma de corrupción en el sector educativo. Particularmente, la educación básica, que debería de ser uno de los niveles del sistema educativo con mejor operatividad y resultados, durante años ha constituido uno de sus principales focos rojos, así como uno de los mayores nichos de opacidad en la materia.

Michoacán sostiene uno de los sistemas de educación básica más grandes del país: un millón 247 mil alumnas y alumnos, distribuidos en 12 mil escuelas, atendidos por más de 82 mil docentes y ocho mil 600 directivos. Es una escala comparable a la fuerza laboral de varios municipios juntos, y sin embargo la magnitud del sistema contrasta con la ausencia de una meta explícita de excelencia. El presupuesto estatal para 2026 asciende a 107 mil 884 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Educación recibe 33 mil 796 millones. La pregunta que debe guiar el uso de esos recursos no es solamente cuántas escuelas siguen abiertas, sino cuántas niñas y niños aprenden efectivamente dentro de ellas.

Hablar de excelencia educativa exige, antes que nada, definir el término con precisión, para que no se reduzca a un eslogan de campaña, toda vez que es uno de los atributos constitucionales que establece el artículo tercero para la educación que imparte el estado mexicano, sometiéndolo, desde su etimología a un proceso de mejora continua, impeliendo a que se compare contra sí mismo y construya una mejor versión de sí sucesivamente. Entonces, aspirar a la excelencia significa partir de una base mínima irreductible: que cada niña y cada niño que ingresa a preescolar, en su momento concluya la educación básica con las competencias de lectura, escritura y pensamiento matemático que corresponden a su edad, que ninguna escuela opere sin agua potable, drenaje, conectividad ni energía eléctrica estable y que la trayectoria escolar no dependa del código postal en el que una familia michoacana tuvo la fortuna o la desventaja de nacer. Bajo ese estándar, Michoacán se encuentra todavía lejos de arrancar del punto de partida y el margen de catorce meses que resta a la administración estatal exige convertir esa definición en indicadores medibles desde el primer día de gestión.

La fotografía agregada del sistema esconde fracturas que merecen nombrarse. De cada generación que ingresa a la educación básica, apenas una fracción llega a la educación media superior y a la educación superior, un embudo que se agudiza en la transición entre secundaria y bachillerato. Michoacán perdió alrededor de veinte mil estudiantes entre el ciclo escolar 2024 -2025 y el ciclo 2025-2026, y sostiene tasas de abandono cercanas al diez por ciento en secundaria. El 42.7 por ciento de la niñez y la adolescencia michoacana vive en situación de pobreza, y 6.6 por ciento en pobreza extrema, condición que golpea con mayor fuerza a las escuelas comunitarias e indígenas de la Meseta Purépecha, la Sierra-Costa y el Oriente.

A ello se suma una crisis de convivencia escolar que compromete cualquier aspiración de excelencia académica: México se ha posicionado como el país con mayor incidencia de acoso escolar a nivel mundial, con ocho de cada diez estudiantes de educación básica afectados, y los reportes de bullying crecieron 205 por ciento entre 2019 y 2026. La formación docente, condición indispensable para elevar la calidad educativa, permanece subfinanciada hasta el extremo: el presupuesto federal para 2026 destina apenas 105 pesos anuales por docente para formación continua, cifra que no alcanza siquiera para cubrir el transporte de un maestro rural hacia Morelia.

El embudo entre niveles educativos ilustra con crudeza el tamaño del reto. De los cerca de 935 mil estudiantes que cursan hoy la educación básica en Michoacán, el sistema conserva apenas 173 mil en educación media superior y poco más de 137 mil en educación superior, una pérdida que se concentra de manera desproporcionada entre los adolescentes varones, justo en la franja de edad donde la evidencia documenta el mayor riesgo de captación por estructuras de crimen organizado. Un sistema educativo que pierde a esos varones adolescentes renuncia, en los hechos, a una de sus funciones más relevantes como mecanismo de protección social frente a la violencia. El presupuesto educativo nacional para 2026, además, creció apenas 2.1 por ciento en términos reales respecto de 2025, un incremento insuficiente para un estado que figura entre los de mayor rezago educativo del país.

Sostener este diagnóstico sin convertirlo en política pública tiene un costo acumulado. El rezago educativo, la pobreza y la violencia no son fenómenos paralelos, sino un mismo circuito que se retroalimenta sobre las mismas familias y las mismas regiones, ciclo tras ciclo escolar. Michoacán negocia cada año las mismas demandas con las organizaciones magisteriales sin que ningún acuerdo laboral, por generoso que resulte en bonos, atienda las causas que explican por qué el estado regresa cada año a la misma mesa de negociación. Mientras la autoridad educativa concentre su atención en la administración de la contingencia sindical y postergue la atención a la calidad del aprendizaje, la brecha entre la educación que Michoacán ofrece y la educación de excelencia que la niñez merece continuará ensanchándose.

Las mesas técnicas programadas para el treinta de julio pasado, así como las mesas de trabajo sobre plazas estatales y prestaciones previstas en el mismo mes, representaron una oportunidad concreta para romper ese círculo, las cuales debieron incorporar metas verificables y no únicamente compromisos genéricos de gestión. La experiencia reciente enseña que la ausencia de esa exigencia tiene consecuencias visibles: un proyecto extraoficial de calendario escolar para el ciclo 2025-2026 estuvo a punto de recortar semanas lectivas sin sustento técnico, ante lo cual, solamente la presión del Congreso del Estado, de la prensa, la ciudadanía y de la sociedad civil organizada evitó que se repitiera el error de ciclos anteriores. Cada mesa de negociación que concluye sin atender las causas estructurales del rezago es, en los hechos, una oportunidad perdida para acercar a Michoacán a la excelencia educativa que su niñez merece.

Durante los primeros treinta días, la persona titular de la Secretaría de Educación en el Estado que sea designada finalmente, porque ya se acumulan 44 días sin responsable con nombramiento oficial,debe auditar la plataforma Mochila Digital y su Sistema de Alerta Temprana, verificando que efectivamente identifique con oportunidad a las y los estudiantes en riesgo de abandono, y debe incorporar metas verificables de cobertura de servicios básicos en las escuelas, con fechas y montos etiquetados. También, corresponde publicar un mapa actualizado del estado que guarda la distribución de servicios básicos y conectividad en la entidad federativa, remarcando especialmente a las escuelas comunitarias e indígenas que operan sin agua potable o sin energía eléctrica estable, como línea base pública contra la cual medir el avance de toda la administración.

Del segundo al sexto mes correspondería implementar, en cada escuela, protocolos obligatorios de prevención del acoso escolar con mecanismos de denuncia accesibles para la niñez, y ampliar los servicios de apoyo psicológico en las regiones con mayor incidencia de violencia comunitaria, además de definir con al menos noventa días de anticipación y con consulta previa el calendario del ciclo escolar 2027-2028, evitando así la improvisación que marcó ciclos anteriores. Del séptimo al décimo mes, la agenda debe priorizar la inversión en formación docente y en infraestructura básica de las escuelas comunitarias e indígenas de la Meseta Purépecha, la Sierra- Costa y el Oriente michoacano, corrigiendo la asignación de recursos que hoy castiga sistemáticamente a las regiones con mayor rezago, y estableciendo metas trimestrales de avance físico en las obras prioritarias, publicadas de forma abierta.

Del undécimo al decimocuarto mes sería imprescindible publicar una evaluación pública de resultados de aprendizaje, comparable con estándares nacionales y no limitada a indicadores de cobertura administrativa, invitando a instituciones académicas y organizaciones especializadas a revisar de manera independiente la metodología empleada. La agenda debe cerrar con un protocolo de entrega-recepción que documente con precisión cada meta alcanzada y cada pendiente heredado, garantizando que la siguiente administración reciba un sistema con metas de excelencia ya en marcha, y no apenas diagnosticadas, especialmente en educación básica.

Michoacán no necesita otra minuta que se repita el próximo año, sino que requiere un diagnóstico compartido que se convierta, por fin, en política pública. Llamamos a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación en el Estado, al magisterio y a sus representantes, tanto sindicales como gremiales, al Congreso local y a los ayuntamientos a mirar juntos las causas del rezago y no solamente sus síntomas administrativos. La excelencia educativa requiere ser un objetivo común, con gobernanza compartida y se construye con metas verificables, por lo que, catorce meses son suficientes para empezar a cimentarla si existe la voluntad de hacerlo.

Mexicanos Primero Michoacán reitera que ninguna cifra de matrícula sostenida en el relato, se verifica por sí sola, ni mucho menos, el discurso equivale a calidad educativa. Tampoco, ningún acuerdo salarial con el magisterio sustituye la obligación del Estado de garantizar aprendizajes verificables. La agenda de excelencia descrita debe de traducirse en indicadores públicos, revisables trimestralmente por el Congreso del Estado y por la sociedad civil organizada, de manera que ninguna administración pueda, en el futuro, invocar la pandemia, la violencia o la insuficiencia presupuestal como justificación permanente para no medir lo que verdaderamente importa: cuánto aprende cada niña y cada niño michoacano, porque ellos merecen un gobierno educador.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.