Día Internacional de las Personas con Discapacidad/Gerardo Herrera Pérez

La protección de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de las personas con discapacidad, es una tarea constante del Estado mexicano y de sus estructuras operativas, desde luego, de los órganos autónomos de los derechos humanos.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ya sea permanente o temporal que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Es importante destacar y desde luego reconocer que, algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y que todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, podríamos llegar a tener alguna discapacidad debido a lesiones físicas por accidentes, entre ellos los automovilísticos, enfermedades o simplemente el envejecimiento. Tengo el honor de conocer y convivir con la comunidad sorda de Michoacán, donde conocí a uno de sus integrantes,  un hombre sordo, mayor de edad, casado y también ciego, su vida se ha vuelto un cautiverio derivado de las limitaciones físicas, auditivas y visuales, pero también de otras enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la población a nivel mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas. Cifra que nos invita a reflexionar que tanto hemos generado la tolerancia, el respeto, la inclusión, la convivencia y la paz social para resolver conflictos en equidad con las personas con discapacidad.  Más allá de las cifras en México y Michoacán, es importante que las acciones públicas visibilicen las problemáticas y por ende se atiendan para brindar oportunidades de vida digna a toda la población.

Las personas con discapacidad, mexicanas y mexicanos que viven con alguna discapacidad, tienen aún rezagos, pobreza y marginación, siendo un factor común, la discriminación motivada por su discapacidad, que les ha limitado durante años su derecho a la inclusión y desarrollo social, violentando con ello, sus derechos humanos y su dignidad.

Son muchos los frentes en los que se debe trabajar, pero uno que es fundamental porque constituye la raíz de atención de los problemas, es la armonización de los corpus jurídicos. En este sentido, si bien reconocemos los avances con que cuenta la legislación mexicana a favor de las personas con discapacidad, la realidad es que la legislación en la materia aún presenta vacíos o inconsistencias, que restringen la posibilidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006, firmada y ratificada por México en el año de 2007, impulsada desde México, por un pilar de la democracia en México, Gilberto Rincón Gallardo (qepd).

Las personas que viven con discapacidad demanda diversas acciones para igualar los derechos con quienes no lo viven, entre ellos, el acceso a la justicia, pero también mejores condiciones de salud, o educación incluyente, así como educación para la Paz; demandan acceso a  mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos para la vida independiente, el deporte, o la asistencia social; demanda accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, el transporte y vivienda adaptada; tecnologías de información y soportes de comunicación, todo aquello que se refiere a las TIC.

Esto es, se requiere de revisar nuevamente el corpus jurídico con perspectiva de discapacidad a efecto de que ninguna ley pudiera violentar estructuralmente los derechos humanos de las personas

con discapacidad.

Las personas con discapacidad, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son ciudadanos con derechos y con deberes también hay que decirlo, lo que representa para el Estado mexicano continuar emprendiendo cambios institucionales y legislativos, que les permitan superar sus discapacidades y que en tanto que el gobierno y la sociedad civil organizada y en general la población les reconozcamos en la tolerancia como personas capaces, dignas de respeto a su condición y a la igualdad de oportunidades y en el pleno goce de sus libertades.