De la ira ambiental a las soluciones/Julio Santoyo Guerrero

De la ira ambiental a las soluciones

La opinión pública suele ser de memoria corta. Se impresiona con el día a día y pasa con facilidad de un asunto a otro según la moda que impongan las circunstancias de la vida nacional y la ponderación de los medios. Esto facilita que los asuntos de gran importancia sean tratados con superficialidad, de pasada, sin que se tomen decisiones de fondo y con perspectiva de Estado. Eso ha pasado con la seguridad, con la educación y desde luego con el medio ambiente. Y ello lo saben los gobernantes, por eso esperan pacientemente para que la moda del problema se diluya y resolver con discursos lo que no se atiende con hechos.

El progresivo deterioro medio ambiental es la consecuencia de estas maneras de gobernar y de la inestable opinión pública que no crea una fuerza social permanente para mantener el reclamo y lograr políticas medio ambientales eficaces.

Es verdad sabida -que se coloca a la vista de todos en esta época de estiaje- que los incendios forestales son provocados por la ambición de inversionistas agrícolas e inmobiliarios, en muchos casos por los capitales provenientes del narco; que no se tiene un diagnóstico claro de las pérdidas ambientales acumuladas; que no se sabe quiénes son los responsables de la crisis ni tampoco si son sancionados o no. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuantas hectáreas de plantaciones aguacateras son ilegales, como tampoco conocemos la cantidad de hombres, mujeres y niños que han perdido su salud por los agroquímicos tóxicos empleados en tales plantaciones, o el número exacto de los cientos de cañones antigranizo que espantan las lluvias y contaminan el campo.

Las acciones que a continuación exponemos, son fundamentales para atender con hechos, después del discurso, la crisis ambiental de nuestro estado. Todas son posibles y están dentro de la ley.
1.- Proceder inmediatamente a la recuperación ambiental, supervisada y con seguimiento público, de todos los predios incendiados, con coordinación del gobierno federal, estatal, municipal y organismos ciudadanos, y con costo para los dueños infractores.
2.- Urge un censo de parcelas boscosas que permita saber a la sociedad, en atención al derecho humano a un medio ambiente sano -establecido en el artículo 4° constitucional- la condición de cada una de ellas: propietario, diversidad biológica, tipo de aprovechamiento (servicios ambientales que genera).
3.- Terminar de una vez por todas con la impunidad ambiental. Es inaplazable la aplicación de todo el peso de la ley a quienes realizan cambio de uso de suelo. No debe posponerse más por el legislativo el reconocimiento y penalización del delito de ecocidio. La Mesa de Seguridad Ambiental debe desmantelar, conforme a la ley, todas las huertas ilegales aguacateras y de frutillos de manera que pase del marginal 4% a más de un 30% en los próximos 4 meses.
4.- Generación de un plan estatal de remediación ambiental centrado en la recuperación de bosques, aguas, tierras, fauna y flora y en la perspectiva de prácticas productivas sustentables.
5.- Abandono de las prácticas gubernamentales subsidiarias que benefician a los ecocidas y estimulan hábitos ambientales nocivos.
6.- Establecimiento urgente de la norma "Aguacate Ambiental y de Paz" que deje fuera del mercado a toda producción aguacatera proveniente del cambio de uso de suelo, calcinación de bosques, destrucción de la biodiversidad, uso de agroquímicos nocivos para el medio ambiente y la salud humana, acaparamiento de aguas, destrucción de humedales y zonas de recarga hídrica y de capitales procedentes de la delincuencia organizada.
7.- Para asegurar la vida de los ecosistemas deben abatirse todas las ollas de agua no autorizadas y sistemas hidráulicos que impiden, contaminan o anulan los escurrimientos naturales y agotan los mantos freáticos subterráneos.
8.- Las instituciones del Estado deben abocarse a garantizar el derecho humano al agua de todas las poblaciones afectadas por el crecimiento regular e irregular de las huertas aguacateras y de frutillas, las que se debaten entre la sed, la migración y la confrontación con los capitales aguacateros.
9.- Aplicación sin cortapisas del principio de precautoriedad en todos los casos de tecnologías dudosas o lesivas para el medio ambiente. Prohibición inmediata de los cañones antigranizo. Ningún cañón debe operar ya en esta temporada de lluvias que inicia. O los desactivan las instituciones correspondientes o la gente del campo lo hará con responsabilidad para el gobierno por omisión.
10.- Establecimiento de un sistema institucionalizado responsable de promover en todos los sistemas productivos la sustentabilidad y la conversión tecnológica verde. Es imprescindible promover prácticas económicas sustentables para el aprovechamiento de bosques y zonas de recarga hídrica, con el concurso de financiamientos públicos y privados, para asegurar el acceso a mejores niveles de vida de quienes son dueños o viven en los bosques.
12.- Identificación de zonas de desastre ambiental con consecuencias en la seguridad de las personas: aguas y tierras contaminadas, zonas de deslaves por erosión inducida, áreas de uso de tecnologías riesgosas, para generar acciones de prevención, de mitigación o de recuperación.
13.- Promoción y estímulo económico, por los tres órdenes de gobierno, para que ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, participen con sus parcelas en la constitución de áreas naturales voluntarias de protección y se aseguren los servicios ambientales de que deben gozar todos los michoacanos.
14.- Promoción de la participación ciudadana para la atención de la agenda ambiental en cada localidad del estado, según su propia problemática.
15.- Reasignación (recuperación) y progresividad del presupuesto federal para el medio ambiente. El brutal recorte presupuestal al sector es el equivalente a un ecocidio autorizado por el gobierno federal. Es imperiosa la rectificación.
16.- Asignación de recursos para la investigación científica en problemas y soluciones ambientales.
17.- Establecimiento de un centro de atención de denuncias ciudadanas de delitos contra el medio ambiente con seguimiento público.

Es tiempo, pues, de pasar de la ira por la crisis ambiental a las soluciones. Para ello se necesita estratégicamente de la acción de todos los ámbitos del gobierno, pero también de la participación y exigencia, acertadamente obcecada, de los ciudadanos. Que no sea entonces la preocupación ambiental una moda administrada por el interés transitorio de los medios, en ocasión de la época de estiaje, sino acción y exigencia permanente y genuina de todos. Si no fuera así el próximo año estaremos en el mismo lugar pero con problemas ambientales más agravados.

De que se puede se puede, todo depende de la voluntad del gobierno y del protagonismo responsable de la sociedad.