Contexto

La reconstrucción del sistema penitenciario y nuevos planteamientos para poder frenar la inseguridad y a los grupos beligerantes.

La propuesta de Xóchilt Gálvez de construir una cárcel de alta seguridad, con los mayores estándares internacionales de confiabilidad para albergar a unos 7 mil reos sentenciados, donde quedarán confinados e incomunicados los principales jefe de los carteles, sicarios, asesinos seriales, ex militares y ex policías que se convirtieron en delincuentes, pandilleros y todo tipo de fauna peligrosa, ha sido bien vista por los círculos académicos quienes han planteado que el personal administrativo y de custodia debe ser capacitado en otros países y deberán ser sometidos permanentemente a controles para evitar que esto se pudra.

Los actuales penales federales, sobre todo los de alta seguridad, fracasaron, entre otros motivos, por la corrupción imperante entre los mandos y los custodios, pues de otro modo no se entendería que tipos como “El Chapo” Guzmán repartiera millones de dólares provenientes de la venta de drogas para pagar innumerables sobornos y para poder construir un largo y costoso túnel para poderse escapar del penal de Almoloya. Años antes, hizo lo mismo para poderse escapar del penal de Puente Grande en Jalisco.

Ahora, se ha demostrado que, en El Salvador, el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, llevó a cabo la disminución de asesinatos a su despliegue de miles de policías y soldados en los bastiones de las pandillas y al aumento de la seguridad en las cárceles.

Y aunque su gobierno fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de negociar en secreto con la Mara Salvatrucha para reducir el número, lo que ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo es que es un hecho es que el Congreso salvadoreño, por solicitud del Ejecutivo, declaró régimen de excepción ante la ola de los homicidios en días anteriores; a esta estrategia de Bukele para combatir las estructuras pandilleriles se le conoce como «guerra contra las pandillas» y se le atribuye una reducción del 56.8 por ciento en las tasas de homicidios de 2022 en comparación con 2021.  Las medidas implementadas —regímenes de emergencia decretados en los centros penales, limitación de comunicaciones y la política de cero tolerancias contra el crimen— han generado críticas de organismos de derechos humanos, pero han sido bien recibidas por los salvadoreños, de los cuales el 85 por ciento califica de manera positiva las actividades en el área de seguridad y el 91 por ciento está de acuerdo con las medidas tomadas contra los grupos terroristas.

El sábado pasado, ante un Zócalo que se llenó con miles de acarreados, la candidata a la presidencia de la República de la coalición oficialista “Sigamos haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su primer acto de campaña, su programa de gobierno, compuesto por 100 puntos, y dividido por temas.

En el rubro denominado “República segura y con justicia”, Claudia sostuvo lo siguiente: “Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. Porque hay logros. Cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en tan solo cuatro años redujimos a la mitad los homicidios y en 60 por ciento los delitos de alto impacto. La estrategia que promoveremos será la de atender las causas, consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales.

En ningún momento hizo ningún tipo autocrítica a la estrategia de “abrazos no balazos” ni mucho menos al grave problema que afrontan las cárceles federales y locales, desde donde se siguen haciendo llamadas telefónicas para hacer extorsiones o amenazas o lo más grave, donde salen las órdenes para seguir asesinando personas.

Lo único nuevo fue que va a fortalecer la inteligencia y la investigación y el trabajo conjunto para reducir la impunidad: “No es una cuestión mano dura, de guerras o de autoritarismos, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Es el único que está demostrado que su secretario de Seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, García Luna que hoy está preso en los Estados Unidos.

Dijo que el gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano y que la construcción de la paz es una responsabilidad de todos los poderes y eso solo se logra limpiando de corrupción y con coordinación. Adelantó que seguirán con ella Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Y es que a 96 del inicio formal de las campañas electorales que culminarán en el proceso más complejo de la historia reciente, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión están vulneradas.

El informe sobre “Violencia contra la prensa en México 2023”, presentado el día de ayer por la organización Articulo 19, da cuenta de cómo frente a revelaciones de información, los funcionarios públicos responden no con la verdad, ni evidencia y menos con responsabilidad pública sino con estigmatización desde la tribuna pública o con procesos de acoso judicial que suelen ser largos y generan elevados costos emocionales y económicos a los periodistas. A la prensa se le busca silenciar con plata, plomo o expediente judicial.

El próximo 2 de junio estarán en juego ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nadie puede adelantar a ciencia cierta el veredicto de las urnas. Pero casi doscientas elecciones locales celebradas desde la primera alternancia en una gubernatura ofrecen amplia información sobre cómo actúa el electorado, cada vez más experto en el uso de su voto de castigo.

De las 23 entidades que hoy gobierna Morena, en 22 llegó siendo oposición (salvo en Baja California). En 2024, de los nueve gobiernos locales en disputa, Morena gobierna en seis. Por primera vez tiene más gubernaturas que perder, que las que puede ganar.

¿Cómo estuvo que AMLO le iba condonar 8 mil millones de pesos de impuestos que no pagó a Ricardo Salinas Pliego de un adeudo fiscal que llega a los 25 mil millones de pesos con todo de multas y recargos y que Salinas Pliego no aceptó y se fue a juicio? Si huela a caña, tabaco y brea…