Contexto

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XCXXX…El manoseo del caso Ayotzinapa y la “verdad histórica” ante los terribles hechos.

Varios sectores de la población mexicana se sienten, con razón, preocupados y hasta avergonzados, por contar con un sistema de gobierno que a lo largo de los años le ha apostado a la mentira, a la corrupción y la impunidad. El sistema de partidos políticos ha demostrado en el tiempo ser una absoluta basura. Como consecuencia de ello, hemos transitado por un largo proceso de representación popular a una democracia viciada y, ahora, contamos con un gobierno que no nos mereceremos. Pero más allá de los merecimientos, la administración de Andrés Manuel López Obrador nos lleva a una división interna y es muy difícil prever o vaticinar en qué va a acabar esto.

Y es que con el arresto y consignación del exprocurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presuntamente por la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia, al desviar las líneas de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obstaculizando su localización, y por la fabricación de la llamada “verdad histórica”, el gobierno de López Obrador, pretende dar un vuelco al caso, aunque en realidad llegan a las mismas conclusiones. Es decir, es la misma gata, pero revolcada.

Según el actual fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, su ex colega Murillo Karam, “frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el Ejecutivo federal en ese momento, intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables, pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús ‘N’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsable directos de esta investigación.

“Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente.

“El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemado los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado”, explicó Gertz Manero.

La propia Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia inicial para procesar a Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia, la fiscal de la FGR que presentó el caso, Lidia Bustamante Vargas, indicó que la detención de cuatro víctimas de tortura sirvió “para cuadrar” la llamada verdad histórica, la cual dicta que los estudiantes habían sido secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 septiembre del 2014, para posteriormente concentrarlos, asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Cocula, arrojando las cenizas de los jóvenes normalistas al río San Juan.

De acuerdo con la imputación de la FGR, la mañana del 27 de octubre del 2014, cuando los cuatro detenidos por el caso Ayotzinapa todavía no rendían su declaración formal de los hechos, Murillo Karam ya tenía conocimiento de lo que supuestamente iban a decir ante el Ministerio Público Federal, por lo que una vez que estas cuatro personas identificadas solamente con sus iniciales fueron presentadas ante la PGR para declarar formalmente, la entonces Procuraduría tuvo que fabricar una denuncia anónima en su contra, así como otros papeles que sirvieran “para cuadrar” sus declaraciones con lo que ese mismo día se anunció como la verdad histórica de los hechos mediante una conferencia de prensa que ofreció el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, en el edificio de Reforma 211-213.

Para la FGR hay tres testimonios clave para imputar al exgobernador de Hidalgo por el “montaje” de la verdad histórica, uno de ellos es el rindió la entonces directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, quien habría realizado un sobrevuelo en helicóptero con Murillo Karam la mañana del 27 de octubre del 2014 sobre el río Cocula. El segundo testimonio es el que rindió la exministerio Público Federal adscrita a la Unidad Antisecuestros de la PGR, Erika Ramírez Ortiz, exservidora pública que se acogió a un criterio de oportunidad  y el tercer testimonio fue el de del exsecretario particular del Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Bernardo Cano Muñozcano, quien también se acogió a un criterio de oportunidad tras reconocer que él mismo fue la persona que grabó las torturas a “El Pato”, “El Chereje”,”El Jona” y “El Comisario” para obligarlos a declarar sobre el caso Ayotzinapa.

Agustín García Reyes, alias “El Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, fueron detenidos por la Secretaría de Marina-Armada de México, la madrugada del 27 de octubre del 2014 y fueron presentados ante el Ministerio Público Federal para que rindieran declaración formal de los hechos. El 27 de enero del 2015, cuando se hizo oficial la llamada “verdad histórica”, las aseveraciones de Murillo Karam son “auto incriminatorias”, ya que en ellas reconoce que él estaba al mando de la investigación; también informa que autorizó a Tomas Zerón a ser parte de las indagatorias y además da por válidas las actuaciones que se realizaron de forma ilegal en el caso de las cuatro personas que fueron torturadas para declararse como integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.

Al presentar los datos de prueba para imputar el delito de tortura a Murillo Karam, la fiscal de FGR dijo que Bernardo Cano dio a conocer el encuentro que sostuvo Murillo Karam con “altos mandos” de la Policía Federal y de la propia Fiscalía el 7 de octubre del 2014 en Iguala, Guerrero, para “fraguar” la llamada verdad histórica. El encuentro habría sido ordenado por Murillo Karam y habría contado con la participación del excoordinador de la Unidad antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo; del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y del exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez, entre otros personajes de alto nivel.

Sin embargo, aclaró que cuando apenas comenzaba la reunión, llegó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y les pidieron retirarse a los mandos medios y bajos, por lo que ya no pudo escuchar detalles de cómo se fraguó la versión oficial del gobierno anterior sobre estos hechos. Aguirre Rivero, según sus palabras, se habría quedado en el citado encuentro. Por todo lo anterior, la Fiscal de la FGR, Lidia Bustamante, imputó a Murillo Karam haber autorizado, conocido, consentido y ocultado las torturas en contra de cuatro personas con el fin de desviar las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, de alterar y perturbar evidencia.

Los abogados de Murillo Karam, Javier López García y Antonio López Ramírez, solicitaron un plazo de 144 horas para presentar pruebas de descargo a favor de Murillo Karam. De hecho, el propio exprocurador afirmó que cuenta con decenas de documentos oficiales que le van a servir para desacreditar la imputación de la Fiscalía.