Contexto

Los derechos de las audiencias y los nuevos embates del gobierno morenista en contra de la libertad de expresión. Sigue la impunidad en el crimen de periodistas.

El gobierno federal morenista pretende modificar nuevamente la regulación de los medios de comunicación masiva -–radio, televisión y redes sociales-- bajo el argumento de que se deben de respetar los derechos de las audiencias, tomando en cuenta las libertades de información y de opinión, así como el acceso a su derecho de réplica o de queja. Eso suena muy bien. Pero, si de verdad vamos a hablar del derecho de las audiencias, conviene empezar por preguntar: ¿quién protege a las audiencias del propio gobierno?

Durante casi ocho años los mexicanos hemos sido espectadores de un modelo de comunicación política del gobierno federal que convirtió la cotidiana conferencia matutina en el eje central del discurso oficial. Primero fue Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo. Y aparecen prácticamente todos los días utilizando recursos públicos para construir una narrativa oficial que llega a millones de personas, diciendo mentiras o medias verdades, ofendiendo a sus críticos y hablando en plata, ningún periódico, ninguna estación de radio, ningún portal digital y ningún canal de televisión poseen el alcance institucional que tiene la Presidencia de la República.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, nuestra carta magna, no deja margen para ningún tipo de interpretaciones. Como dijimos en este mismo espacio la semana pasada, los artículos sexto y séptimo consagran la libertad de expresión, el derecho a la información y la prohibición de cualquier forma de censura previa.

No son concesiones otorgadas por el Estado; son límites impuestos al propio poder público para impedir que interfiera en el debate democrático. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el discurso relacionado con asuntos públicos goza de una protección porque constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático.

A todo ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no sólo prohíbe la censura, sino también las restricciones indirectas encaminadas a inhibir la libertad de expresión mediante presiones administrativas, regulatorias o económicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica en diversos casos y ha sostenido que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y, precisamente por la naturaleza de su cargo, deben soportar un nivel mucho más intenso de crítica que cualquier particular.

Pero hay más. Durante años, los medios de comunicación y millones de mexicanos hemos sido muy críticos con frases que llegan a la banalidad de los presidentes. Expresiones, como las siguientes, bien valdría la pena enmarcar. Aquí van algunas:

“Ni los veo, ni los oigo”, expresó el presidente Carlos Salinas afuera del Congreso a la oposición.

“¿Y yo por qué?”, respondió el presidente Vicente Fox, eludiendo su responsabilidad.

“Voy a defender el peso como un perro”, aseguró el presidente José López Portillo frente a la inminente devaluación del peso.

“No tengo cash”, Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando se le acercó un vendedor ambulante.

“Yo tengo otros datos”, Andrés Manuel López Obrador, para ocultar la verdad.

“No mentir, no robar, no traicionar”, son principios que propuso la “Guía Ética para la Transformación”, que presentó Andrés Manuel López Obrador y que sustituyó su Constitución Moral, el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. Estos tres principios no los cumplió.

Como ven, nadie en su sano juicio nos puede negar a las audiencias el derecho de recibir información de calidad y escuchar las opiniones de académicos, especialistas y articulistas que no necesariamente coincidan con nuestra forma de pensar. Como dijo el escritor francés François-Marie Arouet, conocido comúnmente como Voltaire, “Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía y dejaría la vida para que usted tenga el derecho de decirlo”.

Pero el problema aparece cuando ese discurso oficial comienza a utilizarse como un sofisticado mecanismo para vigilar a los medios de comunicación, y paradójicamente sin libertad de expresión no hay democracia. Pero después de ocho años de gobiernos morenistas, está libertad está comprometida en México, pues desde el poder público, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, se agrede o difama a quien piensa distinto, ya sea un adversario político, un periodista, un articulista, un analista, un creador de contenido o una organización civil. Ejemplos sobran.

En años recientes, en México, el respeto a quien piensa distinto ha sido desplazado, pues desde la tribuna del Congreso, la crítica se convirtió en agravio, en insulto y en sospecha. Y, lamentablemente, cuando los órganos encargados de contener al poder pierden independencia, la democracia no existe, solamente conserva el nombre.

La libertad de expresión debe amparar las palabras incómodas. Desde el poder debe existir la objetividad, prudencia, respeto y consideración a los ciudadanos. Pero los gobernantes y funcionarios de morena lo que han hecho es convertirlas en insultos e incluso en sentencias de muerte en contra de algunos periodistas incómodos. Sobre todo, ahora que ha quedado al descubierto sus nexos con grupos del crimen organizado.

A eso habría que sumar que en lo que va de este año, se han reportado siete asesinatos de periodistas en México. La mayor parte de los casos han sido en el estado de Veracruz. Desde enero se comenzaron a registrar asesinatos contra personas que ejercían la profesión periodística en algunos estados, y según datos de Reporteros Sin Fronteras en estos siete asesinatos de periodistas fue por ejercer su trabajo. Eso, sin contar atentados malogrados como el que sufrió Ciro Gómez Leyva que se salvó por viajar en una camioneta blindada.

Y es que las conferencias matutinas dejaron de ser simples ejercicios de comunicación institucional. Se han convertido en un espacio donde se construyen falsas narrativas, se descalifican adversarios, se desacredita el trabajo de medios independientes mediante afirmaciones que no siempre vienen acompañadas de evidencia verificable. Si el gobierno considera que ese ejercicio forma parte del derecho de la ciudadanía a estar informada, entonces también debería aceptar que las audiencias tienen el mismo derecho a exigir que cada afirmación realizada desde ese foro del oficialismo pueda ser comprobado, contrastado y verificado. Eso es derecho a la información. Lo demás es politiquería barata.