Contexto

Ante la posibilidad de que la mayoría de los ciudadanos no acudan a votar a la elección judicial Morena prepara a sus brigadistas.

Veinte mil brigadistas de Morena han estado promoviendo la elección judicial y en algunos estados, como Tlaxcala, Veracruz, México, Guerrero y Oaxaca. Dichos brigadistas han estado pidiendo la credencial de elector a cambio a dinero o prometiendo que los meterán a los programas sociales. Diversos analistas estiman que habrá un altísimo abstencionismo ciudadano y que los morenistas ya están preparando movilizaciones de acarreados para disfrazar su fracaso.

Los candidatos de la elección del Poder Judicial reportaron un gasto de 294.4 millones de pesos hasta la primera semana de mayo; el 80 por ciento son gastos de quienes aspiran a un cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, existe una campaña para que ciudadanos no voten en la elección judicial, que se realizará el domingo primero de junio, pero en ningún momento hace una autocrítica de que por qué los ciudadanos han utilizado las redes sociales para desacreditar dicha elección, donde hay personajes grotescos como Lenia Batres Guadarrama, una absoluta “burra” y sumamente ignorante que hasta utilizó otra “burra” similar para promoverse en el buque Cuauhtémoc, minutos antes de que sufriera el accidente en Nueva York.

La Sheinbaum, que se queja de todo, pero se niega actuar en contra de su antecesor, sostiene que “hay una compaña en contra de la presidenta, en contra del gobierno, en contra de nuestro movimiento porque ya faltan 14 días para la elección. Estos catorce días van a seguir, seguir y seguir, y probablemente después de la elección también, antes y después. ¿Qué hacemos nosotros? Estar cerca del pueblo, es nuestro mandato y no lo vamos a traicionar jamás, porque nosotros llegamos por un movimiento social de muchos años”, esgrimió. Pero no acepta equivocaciones. Ni modo.

Las declaraciones de la mandataria reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en dichos comicios. La falta de promoción generará un alto abstencionismo, además de que no se conocen a los candidatos.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que, hasta el momento, 38,175 solicitudes de observadores electorales para la elección judicial han sido rechazadas, de las cuales 24,738 corresponden a Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde, ya que está prohibido que los militantes o representantes de partidos sean observadores electorales. Mientras que, en partidos locales, han sido rechazados 5,600 observadores. En el PRI, 5,336. En Movimiento Ciudadano, 1,270. Y, en Acción Nacional, 1,257.

“Hasta este momento, 38 mil han sido rechazados por estar en alguno de los supuestos siguientes: en la lista de los padrones de militancia de cada uno de los partidos nacionales; haber sido candidato en los tiempos que marcan los requisitos que no pudo haber sido; haber sido representante general de partido; haber sido, ser en este momento funcionario público con cercanía a los programas sociales, o ser Servidor de la Nación”, destacó Taddei.

Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “mezquino” el uso político que hacen opositores del accidente que tuvo el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México en Nueva York. “¿Cómo catalogo yo este ataque que recibió la Secretaría de Marina y el Gobierno? Mezquino, no tiene otro adjetivo, es mezquindad”.

“Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento porque la Semar es una institución gloriosa del estado mexicano, increíble lo que hacen, ellos cuidan la seguridad de las costas, cuidan la seguridad”, expresó.

Pero nuevamente no hace una crítica que haya sido utilizado el barco naval para promoverse Lenia Batres y explicó que el video en donde personas promueven la elección judicial en el buque escuela de la Semar se debe a que dicha embarcación se abrió al público en general en Nueva York: “Hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población, es algo que se hacer normalmente”, dijo.

Desde hace días, se conoció que, durante toda la campaña electoral del 2024, el exministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, ahora flamante funcionario federal, negó que altos mandos bajo su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubieran ejercido presión contra jueces y magistrados para que resolvieran a modo diversos asuntos.

Pero una carta revela que no solo fue informado del asunto desde un año antes de dejar la presidencia del máximo tribunal de justicia del país, sino que tampoco ordenó abrir ninguna investigación para resolver el asunto. Dicha misiva, contenida en el libro El Ministro del Poder de la autoría del periodista Hernán Gómez Bruera y la edición de Grijalbo, fue enviada a Zaldívar el 14 de febrero de 2022, casi un año antes de que la Suprema Corte eligiera a la ministra Norma Piña como su nueva presidenta, por Arturo Guerrero Zazueta, quien no solo se desempeñaba como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino que era uno de los personajes más cercanos al entonces presidente de la Corte.

En ella, Guerrero Zazueta señaló diversas irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quién no solo señaló por ejercer presión contra jueces y magistrados, sino por temas de hostigamiento laboral, uso personal de recursos públicos, violencia sexual y hasta la ocupación total de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), encargado de la investigación de faltas administrativas cometidas en el CJF.

Pese a que estas y más irregularidades se dieron a conocer públicamente en abril de 2024, cuando se filtró una denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar por vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), en diciembre de ese año el CJF ordenó el cierre de la investigación, dando así carpetazo al caso de corrupción más importante de dentro de este poder en los últimos años, en tan solo 8 meses. Actualmente, Arturo Zaldívar labora como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República; Carlos Alpízar, ocupa un puesto como jefe de unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; mientras que los juzgadores que los denunciaron perderán su trabajo producto de la reforma al Poder Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada y redactada por el propio Zaldívar. La carta publicada por editorial Grijalbo da nueva información sobre una investigación que concluyó sin que se conocieran más detalles y sin llegar a deslindar responsabilidades de ningún tipo.

Meses después de que se diera a conocer la denuncia anónima, el 11 de junio de 2024, Guerrero Zazueta se presentó ante la UGIRA como parte de las investigaciones que se abrieron por orden de la ministra Norma Piña.

Les comentaba el acuerdo, inédito, del gobierno de Estados Unidos con el narcotraficante mexicano, Ovidio Guzmán, para recibir en ese país a 17 miembros de esa familia, lo que es una señal de lo que está dispuesto a llegar el gobierno de Donald Trump en el combate a los cárteles mexicanos, que ya calificó de organizaciones terroristas internacionales, pero con cuyos jefes sus agencias negocian.

De qué tamaño es la información que tienen los hijos del Chapo Guzmán y que están dispuestos a entregar a las autoridades estadounidenses y han ofrecido a los fiscales sobre sus alianzas con políticos, gobernantes y empresarios que es lo que hoy tiene angustiados a distinguidos cuadros de mando de Morena, que permitió la operación para llevar a 17 familiares de Ovidio a los que de inmediato les ofrecieron protección, con base en el acuerdo. Este es el primer paso que permite empezar a dimensionar los nombres que van a revelar en un momento crucial en el gobierno Claudia Sheinbaum, quien siendo ajena a ese juego de complicidades es víctima por su cargo, porque no sabemos qué va a pasar, qué van a hacer. Sin duda López Obrador y sus hijos deben estar más que preocupados.

Sólo para recordar que el 17 de octubre de 2019, el Ejército ya tenía detenido a Ovidio Guzmán, pero López Obrador ordenó que lo soltaran para evitar, dijo, una masacre. Luego sería recapturado el 5 de enero de 2023, en un operativo en el que mataron a diez elementos del Ejército y 35 más resultaron heridos.

El auge del crimen organizado que dejaron los abrazos de Andrés Manuel López Obrador, en cuya gestión presidencial se extendió territorialmente como nunca, se diversificó de una manera no vista, aumentó su capacidad de fuego a niveles militares y coaligó con el poder político y económico, además de lograr una marca mundial en homicidios de 199,621 en cinco años y diez meses, hoy está a punto de pagar la factura. Ojalá.

Donald Trump, ha hecho señalamientos contra nuestro país y específicamente contra sus gobernantes. Los dichos de que México está gobernado por los carteles de la droga, los ha repetido una y otra vez. Veremos qué pasa en los próximos días, en que avancen las investigaciones del huachicol.