Cincuenta años de la mayor mentira jurídica

Dice el refrán popular: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Esta máxima aplica de manera íntegra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país frente a lo que ha ocurrido apenas el pasado 24 de junio en la Corte Suprema de Estados Unidos, que hizo una corrección histórica y otorgó a los congresos estatales del vecino país la facultad plena de determinar respecto al derecho a la vida vs aborto, sin la injerencia del Poder Judicial.

Por casi 50 años se hizo creer en Estados Unidos que existía el derecho constitucional aborto, sin que pudiera comprobarse, y a partir de interpretaciones por parte de ministros ideologizados que además se extralimitaron en sus facultades, se abrió el camino para que, al amparo del derecho a la intimidad de las mujeres norteamericanas, se hiciera creer a toda una nación que ello derivaba en el derecho a abortar.

El activismo de los jueces de la Corte en 1973 y en 1992 los llevó a plantear barbaridades, como que el interés del Estado Norteamericano en la protección de la vida potencial (es decir la vida y desarrollo de la  bebé o el bebé por nacer) no es “forzoso” sino hasta el momento en que hay viabilidad del nasciturus, es decir a partir de que el bebé por nacer pudiera sobrevivir ajeno a la dependencia de la madre. Es decir, los jueces inventaron un derecho y desconocieron otro, usurpando funciones del Poder Legislativo.

Se trató de la mayor falacia jurídica jamás vista, creada a partir del criterio establecido en la sentencia Roe Vs. Wae y ratificada en 1992 en otro fallo que involucró casualmente como parte querellante a la mayor trasnacional proaborto a nivel mundial:  Planned Parenthood

Esa falacia es la que hoy ha sido desmontada, porque no existía ninguna base jurídica, es decir, ningún sustento legal. Por esa razón quedó al descubierto la mentira llamada “derecho constitucional” al aborto.

Lo interesante de todo ello es que esa corrección histórica de alcance global que se ha concretado en EU será secundada en muchos países, México Incluido, por la sencilla razón de que el criterio, distorsionado deliberadamente, que inventó el falso derecho al aborto, fue un modelo adoptado en otras naciones, a partir del activismo judicial impuesto desde la Unión Americana y replicada, a pie juntillas, por sistemas jurisdiccionales como en nuestro país.

La actuación del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, es ejemplo de ello; revela una sumisión ideológica al activismo judicial proaborto de Estados Unidos comprometiendo le legitimidad de la SCJN, la institución.

 En la semana que concluye el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lelo de la Rea, reconoció que los fallos que ha emitido esa institución en temas de suyo sensibles no son absolutos ni irreversibles.

Siempre se ha sabido eso, que las Cortes de cada país emiten criterios respecto a determinadas posiciones ideológicas, pero hoy esos dichos cobran fuerza, porque queda más claro que nunca que el sello impuesto por ese ministro no es para siempre.

Es muy probable que el ministro Lelo de la Rea sólo haya querido matizar su postura ante el debate global que ya ha sido abierto en diversos países del Continente Americano, México incluido, derivado de la resolución de la Corte Suprema de EU.

Sin embargo, la realidad refleja que se trata de un tema que ya está aquí en nuestro país, que no se puede evitar y que necesariamente llevará a ajustes respecto rol que ha jugado la Corte frente a temas controversiales como el derecho a la vida vs. aborto o infancias transgénero, por ejemplo.

Circulan versiones, por confirmar, de que el propio gobierno de la 4T busca propiciar un cambio jurisdiccional en el sentido similar a como ha ocurrido en Estados Unidos, en donde se ha hecho prevalecer el derecho universal de respeto al derecho a la vida desde la concepción, como está plasmado en Tratados y Convenciones Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es irreversible porque los jueces de la Corte de EU lo que han puesto sobre la mesa de discusión a nivel global, no solo en EU, es que los criterios que emitieron los jueces de la Corte en 1973 y en 1992, para crear de la nada el “derecho constitucional al aborto”, la mayor falacia jurídica de los últimos 50 años, hoy son totalmente insostenibles.

Esas interpretaciones llenas de ideología extremista ya no se sostienen a la luz de hechos contundentes e irrebatibles como lo es que el Estado debe proteger la vida desde su inicio en la concepción y que el aborto no es desde ningún punto de vista la solución para ninguna mujer embarazada.

En México existe una fuerza social contundente, mayoritaria, que reclama que se devuelva a los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México, su soberanía plena y la facultad, esta sí constitucional, de legislar en materia de derecho a la vida desde su inicio en la concepción, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entrometa en asuntos que no son de su competencia, ni autorice o niegue derechos, porque esa es facultad propia y única del Poder Legislativo.