Cinco de febrero: La Constitución pisoteada

Este 5 de febrero se conmemora un nuevo aniversario de la promulgación de la Constitución Política en Querétaro en 1917, hace 109 años. Muchos de sus preceptos básicos fueron retomados por los diputados constituyentes de la Constitución de 1857. Aquella, la de 1917, resultado de una revolución, estableció un conjunto de derechos sociales y políticos, al mismo tiempo que fincó un régimen presidencialista, ya que aunque estableció el principio republicano de la división de poderes, para que ninguna de las facultades del legislativo, del judicial y del ejecutivo se concentraran en uno sólo de ellos, al final  la redacción señaló expresamente que “el supremo poder ejecutivo se deposita en una sola persona, el presidente de la república”, con un conjunto de atribuciones constitucionales que después derivarían en las denominadas “facultades metaconstitucionales del presidente”, como lo señaló Jorge Carpizo en su momento.

Con ello, durante décadas se afianzó un régimen político autoritario que, masacres de por medio (como la del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971), provocaron el surgimiento de múltiples movimientos políticos opositores, desde los guerrilleros de los ‘60 y ‘70 hasta los pacíficos, que exigían reformas profundas. De este modo, el sistema político mexicano se fue abriendo con relativa celeridad reconociendo la necesidad de admitir la pluralidad política, el surgimiento de nuevos partidos, especialmente los democráticos y de izquierda –que no estaban legalizados-, y a admitir una mayor presencia de ellos en las cámaras legislativas, al mismo tiempo que se reconocieron nuevos derechos humanos y nuevas facultades de control del legislativo sobre el ejecutivo y, sobre todo, la necesidad de elecciones libres y democráticas, organizadas por un órgano autónomo e independiente del gobierno, entre muchas más libertades para la sociedad.

Así fue como se logró que en 1997, por primera vez el PRI no tuviera la tradicional mayoría en la Cámara de Diputados y perdiera las elecciones presidenciales del año 2000. Las alternancias políticas en los gobiernos federal, estatales y municipales, propias de un régimen político democrático, pasaron a formar parte de esta incipiente cultura en la sociedad mexicana y gracias a ello López Obrador llegó a la presidencia en el 2018 y Sheinbaum en el 2024.

Y, como dice José Woldenberg, aunque nunca fuimos cabalmente una república democrática, representativa, federal y laica, como lo establece el texto constitucional, “parecía que en las últimas décadas nos acercábamos a ese mandato constitucional”.

Pero a raíz del arribo de López Obrador y Claudia Sheinbaum, que se hicieron de mayorías en las cámaras de Diputados y Senadores violando las reglas establecidas en la propia Constitución, especialmente en este sexenio, que con el 54% de los votos se adjudicaron el 74% del total de diputados y, mediante la compra de y extorsiones a senadoras y senadores del PAN, PRD y MC, fue  como se sobrerrepresentaron y  lograron tener más de las dos terceras partes para  solos poder modificar la Constitución a su conveniencia .

Cabe destacar que han reformado de raíz nuestra carta magna (108 artículos modificados en estos 7 años de obradorismo) y han pisoteado los principios básicos de una república democrática para establecer un régimen autoritario, muy similar a una dictadura.

Decía Pedro Salazar, antes de la reforma judicial, que se pretendía “constitucionalizar el autoritarismo, plasmarlo en la carta magna”, cosa que ya han hecho. Citando de nuevo a Woldenberg: “el régimen que han edificado se encuentra a años luz de los dictados constitucionales y es el que más se aparta de los mismos desde mediados de los años setenta del siglo pasado”.

Como resultado de todo eso, ahora  no tenemos una república representativa, con equilibrio de poderes, sino un poder ejecutivo con cada vez más facultades. Tampoco una república democrática, sino otro en el que las fuerzas opositoras son denostadas, atacadas cotidianamente; “ellos solos representan al pueblo, y quienes se les oponen son antipueblo”, lo cual corre el peligro de  acentuarse con su pretendida reforma electoral. Además, tampoco somos una república federal: estados y municipios padecen un exacerbado centralismo. Y el carácter laico se ha ido diluyendo.

Para concluir, regreso a citar a Pedro Salazar: “Cuando el equilibrio (entre los actores políticos y jueces con legitimidad democrática) se rompe, las democracias constitucionales colapsan… México ha dejado de ser una democracia constitucional”.