Chicaneros contra chicanadas

Con frecuencia se utiliza el término ‘judicialización de la política’ para describir una serie de estrategias legales para alcanzar objetivos políticos o para regular los alcances de algún otro poder legítimo en el Estado. Por supuesto, esta ‘política judicializada’ es igualmente valorada tanto positiva como negativamente en cualquier democracia institucionalizada aunque algunos –los impolutistas– aseguran que la ley jamás se podría ‘manchar’ de las dinámicas políticas de su contexto, estos últimos son los únicos absurdos.

Lo que sucedió en estos días respecto al proceso de invalidación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las leyes secundarias en materia electoral promovidas por la presidencia de la República y orquestadas irreflexivamente por el legislativo disciplinado al régimen son un claro ejemplo de judicialización de la política. Y eso no quiere decir que este mecanismo sea ‘malo o bueno’; simplemente es preciso reconocer cuando se utilizan argucias legales para redefinir marcos políticos que, idealmente en una democracia, le pertenecen al pueblo más que a las instituciones.

Por una parte, resulta positivo que los ministros de la Corte hayan invalidado las leyes de la llamada “primera parte del Plan B” tras argumentar que el Congreso realizó la aprobación de dichas reformas a través de un desaseado procedimiento. Es formalmente enriquecedor para una democracia en vías de desarrollo que todo procedimiento legislativo (es decir, actos que redefinen el marco constitucional y operativo del país en nombre del pueblo representado) se realice bajo estándares mínimos. De lo contrario, la maña entre gritos y sombrerazos impone su ley.

Pero, por el otro lado, los ministros también evidenciaron que son capaces de abusar de sus facultades, extralimitándose del propio marco legal que los regula, para intervenir en definiciones políticas que afectan las facultades de quienes idealmente representan la voluntad popular o que trastocan principios que, para la democracia, son indispensables. Esta no es la primera vez que sucede y no será la última si se continúa endiosando al poder judicial como ‘el único garante democrático’. En otras ocasiones, el poder judicial ha intervenido mediante interpretaciones políticas, muchas veces ideologizadas o influidas por intereses extranjeros, en la redefinición de políticas públicas y valores culturales que no representan ni el sentir popular ni la constitución ni los acuerdos internacionales.

En síntesis: ha sido un acierto del poder judicial el invalidar leyes que se construyeron en medio de evidentes vicios legislativos y ha sido un error que en ese proceso judicial se hayan violado los procedimientos legales para invalidar procedimientos legislativos (se denunció, por ejemplo, la filtración del proyecto a un medio de comunicación como estratagema de presión política). Pero lo verdaderamente lamentable es que, el verdadero análisis sobre la esencia de las leyes aprobadas jamás se realizó, ni en el poder legislativo (debido al fast track y a la aplanadora del partido en el poder) ni en el poder judicial (quizá por pereza o por estrategia política); en todo caso, ambas omisiones representan que ni el Congreso ni la Suprema Corte realmente tienen interés de trabajar a favor de la ciudadanía, ni la respetan como sujeto con capacidad de comprensión ni como actor indispensable para la definición de la ruta democrática.

La ‘judicialización de la política’ es quizá uno de los pocos recursos con los que las instituciones que representan la abstracción del “Estado” pueden defenderse de abusos políticos pero también representa los artificios políticos de los intérpretes de la ley para influir en la vida social y en la libertad democrática del pueblo y sus ciudadanos. Estas estratagemas o argucias pueden llamarse como sea y pueden estar revestidos de los eufemismos más elocuentes pero, al final, entre ellos se reconocen.

Algo así relata Jorge Ibargüengoitia en Estas ruinas que ves. Ahí presenta a un egregio cuevanense a quien le apodaban ‘La Zorra’ “inventor no de leyes ni de interpretaciones notables, sino de procedimientos para evadirlas y para violarlas impunemente”. El novelista después nos regala una de esas maniobras del eufemismo del que es tan afecto el sistema judicial mexicano al llamar “sustitución de responsabilidades, perjuicio de homónimo y anulación por confirmación, lo que entre chicaneros llaman ‘golpe al de junto’, ‘¿cómo te llamas?’ y ‘tres en uno’”. Así que, podrán llamarlo como quieran, pero lo que sucedió se reduce al título de esta columna: Chicaneros contra chicanadas.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe