Certificado de cero deforestación o certificado de impunidad

Deforestar es un negocio multimillonario frente al cual las políticas ambientales han claudicado de manera sistemática. En más de 30 años las medidas para proteger los bosques han sido un fracaso. Las cientos de miles de hectáreas deforestadas y convertidas a cultivos, ganadería y urbanizaciones contrastan con los menores esfuerzos conservacionistas, con la escasa reforestación y menos aún restauración de ecosistemas.

En Michoacán tenemos uno de los casos más dramáticos, aquí la gobernanza de los bosques ha quedado principalmente en manos de cultivadores de aguacates, madereros ilegales y la delincuencia organizada. El rebasamiento de las instituciones ha sido tal y el daño tan devastador e inmenso que la propia institución que es rectora de la regulación ambiental, la Semarnat, ha tenido que poner en práctica una estrategia de recategorización de la realidad para que la deforestación se diluya en una trama legaloide que oculte el origen ilegal de las mercancías que se producen en esas superficies.

En los últimos 20 años la producción aguacatera pasó de 50 mil hectáreas a más de 300 mil. Y la vía que siguieron esas 250 mil fue la deforestación y el cambio de uso de suelo. Para ninguna de esas hectáreas hubo una sola autorización legal para hacerlo y tampoco existió acción legal firme para que, como lo mandata la ley, se recuperaran los ecosistemas con su flora y su fauna. El ecocidio se permitió o con la complacencia o la omisión de las instituciones reguladoras.  

En la actualidad más del 65 % de la producción aguacatera que se exporta proviene de predios talados, y por supuesto, sin autorización de cambio de uso de suelo. Sin embargo, esta es una práctica violatoria del capítulo 24 del T-Mec que dice con toda claridad que: “Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como los servicios ecosistémicos que proporciona, y su papel clave en el logro del desarrollo sostenible. Por consiguiente, cada Parte promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o política.”

La producción aguacatera procedente de predios con cambio de uso de suelo no cumple con esta norma del T-mec y podrían ser sancionadas. Ese es el temor.  Por ello al más alto nivel se cabildea y se insiste en modificar las regulaciones. Necesitan que el propio gobierno les lave la trazabilidad ecocida para de esta manera llegar a mercados globales que exigen el origen ecológico de tales productos.

Uno de los recursos que están utilizado para documentar su procedencia “legal” es la inexistencia de señalamientos institucionales que funden la acusación histórica de incendio forestal, cambio de uso de suelo o tala ilegal. Por ejemplo, en peticiones hechas a la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tmec, la CONAFOR reconoce que no tiene mecanismos para evitar que zonas incendiadas se conviertan en huertas, y tampoco que tenga registros georreferenciados de predios afectados por incendios (SEM-23-002, párrafos 40-43); lo mismo pasa con la PROFEPA quien reconoce que no tiene reportes de superficies incendiadas ni deforestadas en Michoacán en el periodo 2000-2022 (SEM-23-002, párrafo 47). Es decir, la deforestación y el cambio de uso de suelo no están reportados, no existen.

Fundados en esta omisión perversa la Semarnat, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y la Sader, hicieron público el acuerdo administrativo del 24 de octubre de 2025, mediante el cual “legalizan” la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y la no remediación de los predios talados antes del 2019 para que la producción de esas 250 mil hectáreas pueda ser exportada sin pagar y reparar el daño ecológico ocasionado al patrimonio ambiental de todos los michoacanos.

Para completar el paquete de impunidad, la Semarnat, Profepa y Apeam firmaron recientemente un acuerdo de “cero deforestación”, en predios talados entre el 2019 y hasta el 2025, para borrar también la obligación y responsabilidad que tienen por alrededor de 50 mil hectáreas deforestadas. ¿De qué manera lo harán?: la Semarnat les concederá “procesos de regularización”, a través del convenio de abril de 2026.  Es decir, borrón y cuenta nueva a cargo de un gobierno que debiera de hacer valer los compromisos constitucionales en materia medio ambiental. Su “cero deforestación” no es otra cosa que un engaño propagandístico. Plantarán algunos árboles, pero la recuperación ecosistémica de las 250 mil hectáreas pérdidas, de eso nada.

Y aún hay más, la cereza del pastel ha sido la publicación por parte de la SEMARNAT del “Certificado de Libre de Deforestación” (sidof.segob.gob.mx/notas/5788502), mediante el cual, se indica que los solicitantes, deberán acreditar que sus actividades productivas se realizaron “sin cambiar el uso de suelo de terrenos forestales de forma ilegal.” Suena bien, pero contiene una trampa. No certificarán el hecho: la ausencia de deforestación. Certificarán la ausencia de declaratorias de deforestación “ilegal.” Veamos: si en 20 años la Semarnat no ha autorizado la deforestación de ningún predio, entonces el concepto de “ilegal” no aplica porque nunca se categorizó esa deforestación como tal, es decir, no hay denuncias, y si no las hay la amnistía se otorga a través de un certificado que diga “libre de deforestación”, aunque los mapas satelitales digan todo lo contrario.

Las 250 mil hectáreas serán certificadas sin costo alguno para los ecocidas y con costo absoluto para los pobladores a quienes jamás se les consultó, como lo marcan los principios para la determinación de las políticas ambientales, y quienes pagarán los daños de los impactos ambientales que ya se viven, como los derivados de la operación de 35 mil doscientas hoyas captadoras de agua que vulneran los equilibrios hídricos de la zona aguatera.

La “certificación de cero deforestación”, además, se otorgará sin que haya de por medio un estudio de impacto ambiental como lo marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sin el compromiso de un plan para resarcir los daños en los bosques michoacanos.

La estrategia de esta certificación, fundada en la abolición de facto de la legislación ambiental, porque hasta la fecha no se han modificado ni la Constitución ni la Ley General, deja instalada la posibilidad de que en el futuro habrá nuevas fechas para “procesos de regularización” y fincada la incertidumbre para el futuro de los bosques y las aguas de Michoacán que aún quedan.

La perspectiva no es para nada optimista. Por diferentes causas, principalmente por la expansión aguacatera y frutillera, Michoacán pierde al año alrededor de 45 mil hectáreas y se reforestan un promedio de 16 mil, pero efectivas solo 8 mil porque la mitad de ese arbolado no sobrevive, además los ecosistemas en su mayoría ya no se recuperan.

Y si a lo anterior agregamos el proceso de descafeinamiento del principio constitucional del derecho humano a un medio ambiente sano que se ha seguido en los últimos años, el enterramiento de las leyes ambientales que con claridad prohíben la tala y el cambio de uso de suelo y el debilitamiento ya estructural de las instituciones que las debieran de operar, lo que tenemos es una ruta anárquica para la aniquilación de los bosques michoacanos en aras de la mercantilización y de un modelo de desarrollo contrario a la sustentabilidad y la sostenibilidad. Es decir, la negación de lo convenido en el capítulo 24 del T-mec.