Censura que huele a dictadura

El anuncio presidencial de que se quiere regular el uso de todos los medios de comunicación: radio, televisión, redes sociales, periódicos, revistas (toda la prensa escrita), con el argumento de que el objetivo es “proteger a las audiencias” de las informaciones falsas y opiniones infundadas, significa una nueva etapa en la configuración de un régimen político autoritario, más claramente totalitario y que huele, apesta, a dictadura.

Si ya nos despojaron de los pilares básicos de una república democrática (destacadamente la división de poderes), concluyendo con la farsa de las “elecciones del acordeón” para la nueva integración de la Corte y el poder judicial, y ya desaparecieron el juicio de amparo, así como todos los órganos autónomos que incentivaban la vigilancia social para la obligada rendición de cuentas, entre muchas más arbitrariedades que atentan contra libertades democráticas, ahora  quieren arrebatarle a la sociedad la sagrada libertad de expresión y comunicación, así como el derecho a la información.

Hasta hace unos meses contábamos con un instituto autónomo para el  acceso a la información pública y la protección de los datos personales (el INAI), pero López Obrador lo desapareció con el argumento de que era muy costoso y que su gobierno “del pueblo bueno” garantizaría la transparencia de todo el quehacer gubernamental. La realidad ha sido que “por razones de seguridad nacional”, el régimen se ha negado a  entregar a la sociedad una gran cantidad de información de enorme importancia para conocer cómo se ejercen nuestros impuestos, entre otras muchas cosas más que oculta el obradorismo para mentirnos.

Ya desde los albores de la Ilustración y en los tiempos de la Revolución Francesa, el gran genio Voltaire sentenciaba: “puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Y ese precepto se ha quedado como principio fundamental de las sociedades democráticas.

Ahora el gobierno obradorista de Claudia Sheinbaum lo quiere encorsetar para decidir desde un organismo controlado por ella, quién dice o no “la verdad” y quién miente, e imponer a quienes estén en ese segundo supuesto, sanciones y multas. Eso es inaceptable. Por eso celebro que prácticamente todos los medios de comunicación electrónica (la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de  Radio y Televisión, como cabeza del sector), analistas, prestigiados articulistas y muy reconocidos activistas defensores de los derechos de la información y de la libertad de expresión, se hayan manifestado abiertamente en contra de esa pretensión dictatorial.

No sin razón se han preguntado por qué la Presidencia de la República, que monopoliza la comunicación sin restricciones ni control social alguno, que miente diariamente, que sataniza a opositores, que acosa a periodistas críticos y que oculta información, ahora quiere ella misma juzgar sobre la veracidad o no de una información, cuando es a la Presidencia a la que deben pedírsele cuentas.

Eso no va bien y terminará mal. Hace apenas unos días se recordaba el centenario del inicio de la llamada “Guerra Cristera”, cuando el entonces presidente Calles decidió imponer restricciones a la libertad de creencias religiosas y perseguir a curas y creyentes. El costo fue de 250 mil muertes. Pero parece que no aprenden estos que se dicen los defensores de una supuesta "cuarta transformación".

Las orejas del monstruo represivo de esto que anuncian para "regular medios" las vimos recientemente cuando el INE, a petición de Morena, resolvió ordenarle al PRI y a su presidente nacional, que retirara sus mensajes en los que califica al partido en el poder y a su gobierno como “narcopartido” y “narcogobierno”, respectivamente. Como si eso fuera a detener el creciente desprestigio del obradorismo a causa de sus compromisos con la delincuencia para mantenerse en el poder. Incluso Morena extendió su queja contra Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas a nivel federal, por haber suscrito los mensajes de Alito.

Si así estamos ahorita, antes de contar con los llamados “lineamientos”, pues  nomás imaginémonos lo que nos  puede venir con esa pretensión gubernamental de cuidar su poder ejerciendo la censura en contra de quienes disienten.