Descomplicado
Todos los comentaristas y analistas políticos dan cuenta de que Morena ha anunciado públicamente que arrancó su proceso interno para la selección de sus candidaturas a los gobiernos estatales para las elecciones de 2027 en 17 estados de la república, a contrapelo de lo que establece la ley y a varios meses de que formalmente inicie el proceso electoral correspondiente, que arranca en septiembre.
Como el partido oficialista lo sabe, encubre esta violación a la ley bajo la fachada de “aspirantes a responsables de la defensa de la cuarta transformación”, pero sin ocultar la intención de que pronto se elegirá por ese partido a quien encabezará esa “tarea” y, por lo tanto, dispondrá de recursos públicos (y seguramente de otros) para hacer campañas y promover su candidatura con mucha anticipación a lo marcado por los ordenamientos legales en materia electoral.
Así lo hizo López Obrador desde la Presidencia de la República hace 6 y también 3 años, para construir sus mayorías. Así hicieron ilegalmente precampañas las llamadas “corcholatas”, Sheinbaum entre ellas, para buscar la candidatura presidencial de la alianza gobernante.
Hoy se repite esta fórmula que es un claro fraude a la ley. La bejaranista Ariadna Montiel dice descaradamente que los personajes que resulten favorecidos de ese proceso contarán con las candidaturas a gubernaturas para el próximo año. Y pareciera como si ya estuviéramos acostumbrados a que el gobierno y su partido violen la ley. Al fin y al cabo, en este México de la impunidad oficial, no pasa nada, no hay consecuencias.
El INE, que debería estar atento de todo esto y actuar con oportunidad, no dice nada, está callado. Controlado en su mayoría por el gobierno, prefiere “nadar de muertito”, en lugar de emitir pronunciamientos, o por lo menos levantar banderas preventivas y advertir que todos los aspirantes a ese “cargo partidario” estarán sujetos a la vigilancia de la autoridad electoral y empezarán a contabilizar sus gastos de campaña, ya que como dirigentes partidistas son sujetos de control por el INE. Y, en esa ruta, se debería dejar claro que ninguno de quienes resulten beneficiarios de ese “proceso interno”, y hayan hecho ese tipo de campañas electorales anticipadas prohibidas expresamente por la ley, podría ser candidato o candidata a ningún cargo de elección popular.
Eso debería hacer el INE como autoridad electoral. Los consejeros electorales no sometidos a la Taddei y al gobierno, deberían alzar la voz urgentemente. ¡Ya mucho mal ha hecho el INE al avalar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que está acabando con la república democrática en nuestro país! ¡Por lo menos alcen la voz y digan que eso que pretende Morena y sus aliados es ilegal!
¿Por qué hace eso Morena, además de que sabe que puede impunemente violar la ley? Porque saben que ya no tienen el mismo control electoral sobre la población como hace 3 años. Conocen que la mayoría de las encuestas reprueban las políticas de Sheinbaum y de sus gobernadores, particularmente en Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y varias más, en las que temen perder en 2027.
Entonces, como defraudadores profesionales, mejor adelantarse, prevenirse, para estar mejor preparados, con sus equipos electorales formados y lanzarse a las plazas a engañar a la población.
Los partidos opositores, que ya fueron víctimas de este tipo de irregularidades, han empezado a hacer algo similar, adelantando sus probables fichas, al mismo tiempo que han denunciado la estrategia morenista.
Insisto en la pregunta del título: ¿y el INE? En una pasmosa y ominosa pasividad que parece complicidad.




