Café para todos/Alberto Carbot

Abrieron las puertas de la celda y todo fue muy rápido. En cuestión de minutos Alberto Flores Morales, de 56 años y su sobrino Ricardo Flores Rodríguez, de 21, fueron golpeados, tirados al suelo y pateados, hasta que alguien gritó ¡Quémenlos vivos! y la idea se volvió decreto.

Presenciada por más de 150 personas, y como resultado del pretendido acceso a la modernidad, incluso la brutal ejecución fue transmitida en directo vía Facebook Live, mediante un teléfono celular.

Los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Cuando el fuego se apagaba y ellos seguían vivos, volvieron a incendiarlos para que terminaran de morirse.

La razón para quemarlos, la misma de otros linchamientos en Puebla: los van a dejar libres. Así, la turba de este municipio de la mixteca presionó a las autoridades y dos de los cinco uniformados que estaban ahí, tomaron la decisión de sacarlos de la prisión y entregarlos a los pobladores.

Esta narrativa forma parte de la crónica de los periodistas Viridiana Lozano y Edmundo Velázquez, directivos del portal Página Negra, de esa entidad, quienes dieron puntual cuenta del linchamiento ocurrido el pasado miércoles a las 4 de la tarde, luego de que los hombres –señalados injustificadamente por la turba de intentar robar a dos menores de edad en la comunidad de San Vicente Boquerón, frente a un centro escolar donde consumían bebidas alcohólicas-, fueron quemados a unos cuantos pasos de  la comisaría de Acatlán de Osorio. También la camioneta en la que ambos viajaban fue incinerada.

La comunidad en que inicialmente fueron detenidos, se halla a unos 30 minutos del lugar del linchamiento y pertenece a una región donde supuestamente se han registrado múltiples robos y homicidios, sin que la policía ni el aparato de justicia estatal cumplan con su labor.

Pero este no es un ejemplo aislado de lo que hoy ocurre en todo el país.

Ayer jueves, en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan de Tula Hidalgo,  una pareja corrió la misma suerte. Acusados de supuesto robo de niños, un hombre y una mujer -originarios de  la cercana población de Tezontepec de Aldama-, fueron golpeados e incinerados vivos, sin que nadie interviniera.

Los linchamientos  -definidos por la Real Academia Española (RAE) como la ejecución sin proceso y tumultuariamente de un sospechoso o un reo-, han tenido lugar en varios puntos del país y esta irracional modalidad se ha extendido; no parece existir ninguna acción oficial capaz de persuadir a la gente de que deje en manos de las autoridades la aplicación de la justicia, porque sencillamente está harta de su ineficacia.

En Oaxaca, esta misma semana, en el municipio de San Martín Tilcajete, 7 hombres fueron golpeados brutalmente por considerar que se dedicaban al robo de menores y escaparon de ser linchados gracias a la intervención de José Alfonso Luna López, alcalde de la localidad, quien pudo resguardarlos al interior de palacio Municipal.

Los hombres, con domicilio en Ecatepec, Estado de México, son trabajadores de una empresa de pinturas que, a cambio de la compra de productos, ofrece de manera gratuita el servicio de pintado de fachadas.

Detrás de estos actos a los que usualmente se les llama justicia por cuenta propia, subyacen la náusea social y la ira colectiva extrema, ante la falta de credibilidad en las instituciones y son sólo el reflejo de su desesperación e indefensión ante la falta de respuesta a sus peticiones de mayor seguridad.

Quienes justifican esta conducta social -que rebasa los controles del Estado e implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona-, aseguran no sin cierta dosis de razón, que se respetan más los derechos de los delincuentes, que los de la propia comunidad agredida.

Luis Salazar Carrión, doctor en filosofía por la UNAM y profesor-investigador titular del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, ha señalado que esta violencia es un síntoma ominoso de la descomposición imperante en el tejido social e institucional de amplias regiones de nuestro país. De ahí que los linchamientos sean principalmente reflejo de la ineficiencia flagrante de los cuerpos policiacos.

Ha considerado que el rencor popular es generado también, entre otros factores, por las frivolidades de las élites políticas, empresariales y culturales, que han contribuido a originar estas reacciones violentas. La insensibilidad estremecedora de estos pretendidos justicieros es el indicador más siniestro de la magnitud de los odios, de los resentimientos y de las indignaciones que han prohijado las inacabables desventuras económicas y sociales de nuestro país.

Los linchamientos reflejan desesperación y hartazgo social y revelan un verdadero retroceso civilizatorio que han favorecido indiscutiblemente la degradación de la sensibilidad moral. Pero hay que diferenciar la violencia propiamente criminal y organizada, de la violencia social suscitada por la necesidad y la desesperanza y de la violencia política sustentada en falacias y promesas –ha señalado Salazar Carrión, autor deEducación, democracia y tolerancia y otros tratados sobre filosofía política.

EL MÉXICO BRONCO, EXPUESTO CON LOS LINCHAMIENTOS. TAN SÓLO EN PUEBLA, 146 EVENTOS EN LO QUE VA DEL AÑO

El México Bronco y bárbaro también ha quedado de manifiesto en otras regiones del país. Por igual en Veracruz, Tabasco,  Chiapas y el Estado de México, aunque también estos fenómenos se presentan con mayor intensidad en áreas rurales y colonias proletarias de otras muchas entidades. Prácticamente ningún estado se halla libre de este turbulento y peligroso fenómeno producto de la descomposición social.

En lo que respecta al caso del linchamiento en Puebla -entidad donde en lo que va del año han sido asesinadas 15 personas por el mismo método, hechos que han acaparado el foco mediático internacional-, Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno (SGG) reveló que el presidente municipal Guillermo Martínez, algunos integrantes de su gabinete y cinco policías de Acatlán de Osorio, se encuentran hoy bajo investigación, por no haber aplicado un protocolo especial que posibilita la notificación al delegado de gobierno, quien con el auxilio policiaco se hace presente en las negociones.

Evitar que la población linche a inocentes o a presuntos delincuentes, se resuelve a veces con golpes pero no más de eso, dijo el funcionario quien reiteró que el protocolo sí funciona, y ha permitido rescatar a 201 personas en 146 eventos de esta naturaleza, que se hallaban en peligro de ser linchadas.

En febrero de este mismo año, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicó el estudio Linchamientos en México, realizado por Juan Pablo Aguirre Quezada, entre cuyos puntos principales destaca que en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos en diferentes entidades, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país.

“En las últimas décadas, el promedio del número de linchamientos anuales anualmente ha sido de 32 a escala nacional y esta expresión de justicia por propia mano se asocia a los siguientes delitos: 50 por ciento por robo; 16.2 por atropellamiento y otros accidentes viales; mientras que entre 6 y 7 por ciento, por denuncias de violación, asesinato o secuestro”.

El estudio cita que “el linchamiento no está tipificado como delito en diferentes entidades federativas, por lo que en el caso de Oaxaca, su Fiscalía General del Estado investiga estos actos como ilícitos tales comolesiones, robo simple, robo y amenazas, secuestro agravado y abuso de autoridad, robo calificado con violencia física y moral, privación ilegal y abuso de autoridad, y lesiones calificadas. Esta ambigüedad legal hace más difícil dar soluciones jurídicas a los casos de linchamiento, además de que se da seguimiento al proceso de acuerdo al fuero común, pese a que una repetida vulnerabilidad de derechos humanos de las víctimas puede llegar a convertirse en un problema de seguridad nacional”.

También expone el documento que los linchamientos son crímenes ocasionados por multitudes, lo que puede generar impunidad y que “actualmente y mediante el uso de redes sociales existe otro fenómeno de linchamiento, que si bien no es sangriento afecta la reputación y la identidad de la víctima, por lo que es acusada sin tener en ocasiones evidencia del delito o dando celeridad a un incidente sin que se guarde el anonimato de la víctima ante medios de comunicación.

“El exponer de esta forma a un presunto delincuente es brindar su número telefónico o cuentas de redes sociales a extraños, quienes pueden lanzar insultos y amenazas en contra de la integridad del inculpado”, señala.

Ante la excesiva gravedad del tema, y el hecho de que durante la pasada LXIII Legislatura no se presentaron iniciativas sobre el particular, como expone el estudio, los linchamientos con un asunto pendiente de revisión y discusión tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Ojalá las nuevas bancadas cumplan realmente con su cometido. No se trata de que hoy evadan responsabilidades al utilizar enunciados populacheros o frases ya  démodés, como la de “el pueblo es sabio”. No, el pueblo –y claro, su propio gobierno-, deben aspirar a estadios superiores.

En todo caso, habría que limpiar el aparato de justicia e implantar la pena de muerte para delitos graves; ello me parece que sería una opción madura y civilizada, aunque se molesten los demagogos reaccionarios de izquierda, que al parecer ni se inmutan cuando el “pueblo sabio” cuelga, lapida y literalmente lleva a la hoguera a quienes aún son sospechosos de haber cometido un ilícito. Los linchamientos en Canoa, en Puebla y Tláhuac, en la Ciudad de México, ahí están, como ejemplos vergonzosos.

GRANOS DE CAFÉ

El escándalo nuevamente acecha al Vaticano. Resulta que el exnuncio del en Washington, Carlo Maira Viganó, ha exigido la renuncia del Papa Francisco, por haberlo señalado como protector del cardenal pederasta Theodore McCarrick, en lo que constituye la primera vez que un alto jerarca de la Iglesia demanda públicamente la renuncia de la máxima autoridad de la Iglesia católica

Hasta allí, la noticia sólo sería la temeridad del exembajador ante el gobierno de Estados Unidos, de no poca importancia. Sin embargo el caso toma proporciones mayúsculas, frente a la lucha que escenifican progresistas y ultraconservadores en todo el mundo, lo que ha llevado a radicalizar los enfrentamientos.

Para el Papa Francisco, el asunto no es cosa menor, porque implica la reactivación de la confrontación ideológica, política y, sobre todo, económica entre quienes detentan realmente el poder en el planeta.

Y como si esto no fuese suficiente, a la audaz exigencia de Maira Viganó en el sentido de que renuncie, se suman sus polémicas declaraciones, en las que se refirió a la homosexualidad en la infancia, y a lo que puede hacer la psiquiatría por estos niños.

Cuando la homosexualidad es manifestada desde la infancia aún queda mucho por hacer, incluso desde la psiquiatría, y el caso es distinto cuando se evidencia luego de los 20 años –dijo el Papa, durante su vuelo de regreso del viaje que realizó a Dublín, Irlanda, el pasado 6 de agosto.

Una de las primeras organizaciones en reaccionar fue SOS Homosexualidad, una agrupación francesa, que en un comunicado expresó su enérgica condena “a las palabras que legitiman y alimentan la homofobia. Ante todo, pensamos en los niños, adolescentes y adolescentes LGBT que escuchan las declaraciones del Papa y dicen que no tienen cabida en nuestra sociedad.

“No, la homosexualidad no es una patología. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la eliminó de la lista de enfermedades mentales en 1990, después de muchas luchas por parte de las asociaciones LGBT. ¡El problema no es la homosexualidad, es la homofobia!  Cuando la Iglesia olvida que la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica y que el Papa Francisco autoriza observaciones psiquiátricas que ya han sufrido LGBT durante demasiado tiempo, tenemos razón en preocuparnos”, señalaron…

…Doy paso al mensaje enviado por un amigo que radica en el occidente del país. “Alberto: acabo de ver algo que me dejó desconcertado. Me hallaba transitando por la autopista Tepic-Guadalajara -concretamente me detuve en los sanitarios de la caseta de cobro conocida como Plan de Barrancas-, y descubrí que los mingitorios del lugar fueron supuestamente donados por el gobierno de Chiapas. En los retretes se halla impreso el escudo del estado, acompañado de una leyenda que alude a un aniversario de su federalización a México.

“Lo que me indigna, es que los viajeros que transitan esa ruta -y utilizan estos servicios, orinan sobre el escudo de nuestra entidad y así rubrican su pretendida voluntad de automexicanización. El detalle me parece indigno y habría que preguntar quién fue el autor de tan estúpida idea.”…Envíe sus comentarios al correo [email protected]