Becas escolares: sin brújula

Hay documentos que el gobierno produce con toda la seriedad técnica de que es capaz y que, sin embargo, no parece haberse detenido a leer con detenimiento. El Estudio sobre el Uso de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, elaborado en febrero de 2024 por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la Coordinación Nacional de Becas, es uno de ellos. Sus páginas contienen, con metodología combinada cuantitativa y cualitativa, con encuestas de hogares del INEGI y con entrevistas en trece estados del país, una radiografía de uno de los programas más costosos y políticamente sensibles del gobierno federal. Lo que esa radiografía muestra no es lo que el discurso oficial sobre las becas Benito Juárez ha prometido a las familias mexicanas, y esa distancia merece una discusión pública que todavía no ha ocurrido con la profundidad que el asunto exige.

El programa de becas educativas federal cubre tres niveles: el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. En conjunto, atendieron en 2022 a más de 5.2 millones de estudiantes de básica, 2.5 millones de media superior y 335 mil de educación superior, con una inversión presupuestal de magnitud considerable. La pregunta es: ¿en qué se gasta realmente el dinero de estas becas?

La respuesta que los propios datos gubernamentales ofrecen es la siguiente: apenas el 35.3% del gasto de la beca se destina a educación. El resto se distribuye entre alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), ahorro (10.3%), comunicaciones (7.8%), transporte (5.6%), cuidados personales (4.2%) y otros rubros de menor mención, incluidos salud, vivienda y, en una fracción mínima pero estadísticamente registrada, alcohol y tabaco. Dicho de otro modo: de cada peso que el Estado mexicano entrega como beca educativa, menos de cuatro centavos de diez tienen como destino comprobado la educación del becario.

Lo anterior ocurre a plena luz de los datos oficiales, sin que la Coordinación Nacional cuente con ningún mecanismo de seguimiento sobre el destino del apoyo. La propia institución lo reconoció: no realiza ni cuenta con herramientas de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria les otorga a los recursos recibidos. El programa entrega millones de pesos bimestrales a millones de familias y luego cierra los ojos.

El hallazgo central del estudio no es que los beneficiarios gasten mal la beca: es que el programa fue diseñado para ser una cosa y opera como otra. Entre el 49% y el 83% de los beneficiarios de básica y media superior reconoce que la beca se utiliza tanto para los gastos del estudiante como para el gasto familiar en general. Los padres y madres de familia, que en la educación básica controlan el destino real de los recursos, lo dicen con franqueza en las entrevistas grupales: la beca ayuda a completar el gasto del hogar. Es la respuesta racional de una familia pobre ante una transferencia monetaria que llega a un hogar donde la escasez es general y las necesidades compiten entre sí sin jerarquías formales.

El Estado mexicano ha construido un instrumento de alivio a la pobreza por ingresos, lo ha clasificado en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, lo ha presentado como política educativa y lo ha evaluado con indicadores de permanencia escolar, sin que ninguna de esas tres decisiones sea coherente con lo que el programa efectivamente hace. Las Becas Benito Juárez son, en la práctica, una transferencia condicionada débilmente a la inscripción escolar, más próxima en su lógica al Programa de Apoyo Alimentario o a cualquier otro esquema de ingreso básico que a una beca educativa en el sentido estricto del término. Llamarla de otra manera no cambia su naturaleza: solo la oculta.

Esta confusión de identidad programática tiene consecuencias presupuestales reales. Mientras miles de millones se etiquetan como gasto educativo en el presupuesto federal, las intervenciones que sí inciden directamente sobre el aprendizaje: formación docente continua, fortalecimiento curricular, infraestructura escolar o materiales pedagógicos enfrentan recortes o estancamiento. Presentar el monto de las becas como inversión en educación es, en términos de política pública, una distorsión que perjudica la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

El estudio documenta un hallazgo de enorme peso político que aparece casi de pasada en sus páginas: mientras el 30% de los padres y madres de becarios de educación media superior se asumió como parte de un grupo indígena, ninguno de sus hijos becarios lo hizo. En contraste, en educación básica, el 74% de los becarios sí reconoció pertenecer a un grupo originario. Esta grieta intergeneracional es el retrato de un proceso de desidentificación cultural acelerado que ocurre precisamente durante la transición escolar crítica. Los jóvenes indígenas que acceden al bachillerato, frecuentemente en planteles urbanos alejados de sus comunidades, suprimen su identidad como estrategia de adaptación. El programa de becas, que debería operar con enfoque intercultural, no contempla ni un solo mecanismo para reconocer o fortalecer esa identidad. La política de becas es culturalmente ciega.

Cuando se pregunta a los padres de becarios de educación básica qué habría pasado si sus hijos no tuvieran la beca, el 68% responde que no pasaría nada: seguirían estudiando. En media superior, esa proporción alcanza el 47%. Estos datos no niegan que la beca sea un apoyo valioso para muchas familias, pero sí interpelan con fuerza una de las premisas centrales de la política: que la beca es el factor determinante de la permanencia escolar. Si la mayoría de los beneficiarios habría permanecido en la escuela de cualquier manera, el programa puede estar destinando recursos escasos a familias cuya decisión educativa no depende de la transferencia, mientras otras familias en mayor riesgo de abandono real quedan con apoyos insuficientes.

El 10.3% de los participantes conserva remanentes de la beca como ahorro para imprevistos: familias en condición de vulnerabilidad, receptoras de una transferencia modesta y bimestral optan por reservar una fracción como fondo de emergencia, lo que revela una disciplina financiera que el programa debería fortalecer. La beca despierta conductas de ahorro que el Estado no aprovecha ni acompaña con ningún componente de inclusión financiera.

De los hallazgos del estudio se desprenden al menos cinco certezas de política pública que no admiten dilación. La primera: el programa debe ser evaluado con diseño cuasiexperimental para determinar su efecto causal real sobre la permanencia y el logro escolar, en lugar de seguir justificándose con cifras de reparto de becas que no distinguen entre retención formal y aprendizaje efectivo. La segunda: la focalización del apoyo debe incorporar un índice de riesgo de abandono escolar que diferencie la intensidad del monto según la vulnerabilidad real del becario, privilegiando a quienes sí están en el límite entre estudiar y no estudiar. La tercera: el programa debe complementarse con intervenciones directas sobre las barreras estructurales que los propios datos evidencian, como transporte, conectividad y equipo tecnológico,  en lugar de dejar que la beca monetaria sea el parche de todo lo que el Estado no provee. La cuarta: debe diseñarse un componente de educación financiera y acompañamiento familiar que convierta la transferencia en una oportunidad de desarrollo de capacidades, especialmente en los grupos con mayor rezago. La quinta, y más urgente: el programa debe ser clasificado presupuestalmente con honestidad. Si opera como transferencia de ingreso, porque los datos dicen que en gran medida así es, debe contabilizarse como política social y evaluarse con los estándares que ese tipo de instrumento exige, sin que su presupuesto se siga imputando como inversión educativa de calidad.

Michoacán ocupa el lugar 16 en el padrón del programa de educación básica con 179 mil 365 becarios, el lugar 16 también en media superior con 69 mil 158 becarios y el lugar 16 en educación superior con 16 mil 659 jóvenes en Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es una entidad que recibe una proporción significativa de los recursos federales de becas y que, al mismo tiempo, encabeza de manera persistente los indicadores más dolorosos de rezago educativo del país: altas tasas de abandono en la transición entre secundaria y bachillerato, brechas de logro académico entre zonas urbanas y comunidades rurales e indígenas, y déficits estructurales de infraestructura y conectividad en amplias regiones del territorio.

La pregunta que las organizaciones civiles, los legisladores, los académicos y las familias michoacanas tienen todo el derecho de formular es esta: ¿los recursos de las becas Benito Juárez que ingresan a Michoacán están efectivamente cerrando esas brechas, o están cubriendo necesidades básicas de subsistencia que el Estado debería garantizar por otras vías, mientras las brechas educativas permanecen intactas?

No se trata de negar el valor de las becas como alivio a la pobreza. Se trata de exigir que el Estado sea honesto sobre lo que hace, riguroso sobre lo que logra y valiente para corregir lo que no funciona, escuchando voces y estableciendo procesos de mejora continua.

El derecho a la educación de calidad de las infancias y juventudes de Michoacán no se garantiza con transferencias monetarias sin seguimiento, sin evaluación de impacto y sin complemento en las condiciones objetivas del aprendizaje. Se construye con maestras y maestros bien formados y acompañados, con infraestructura escolar digna, con currículos pertinentes y actualizados, con conectividad real en cada aula, con transporte accesible hacia cada plantel, con identidad cultural respetada en cada salón y con un Estado que asume la responsabilidad de rendir. Las becas deben ser parte de esa arquitectura, pero diseñadas con honestidad, evaluadas rigurosamente y dejándose de presentar como la respuesta completa a una pregunta que apenas están empezando a hacerse bien.

El estudio sobre el uso de las becas Benito Juárez ya fue escrito. Los datos ya están sobre la mesa. Lo que falta es que alguien en el gobierno tenga la valentía de leerlos con sus consecuencias y modificar la política educativa en consecuencia. ¡Merecemos un gobierno educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.