Baltazar Gaona: narcocorridos e intolerancia

Lo ocurrido este viernes en el Congreso de Michoacán no puede despacharse como un simple desencuentro entre un diputado y un ciudadano. Se trata de un episodio que obliga a mirar mucho más allá del incidente y a preguntarse qué clase de cultura política comienza a instalarse en una institución que debería ser ejemplo de pluralidad.

El diputado del PT Baltazar Gaona impidió el ingreso del abogado Mariano Sánchez Farías, activista del Movimiento del Sombrero. No es la primera vez. Semanas antes ocurrió un episodio similar en agravio de Grecia Quiroz.

La reincidencia elimina cualquier posibilidad de atribuir lo ocurrido a un malentendido. Más preocupante aún es el contexto. Hace poco, el mismo Baltazar Gaona defendió la interpretación de narcocorridos dentro del Congreso. Argumentó libertad de expresión y rechazó cualquier crítica, aun cuando el recinto legislativo fue utilizado para difundir canciones que exaltan a personajes y organizaciones criminales.

El contraste es imposible de ignorar. No hubo filtros para los narcocorridos. Sí para un ciudadano. No hubo preocupación por el mensaje institucional que implicaba abrir el Congreso a expresiones asociadas con la narcocultura. Sí cuando un activista intentó ejercer un derecho elemental: ingresar a la casa donde supuestamente reside la representación popular.

Lo verdaderamente delicado es que estas decisiones parecen tomarse sin el menor rubor, como si excluir ciudadanos de un edificio público fuera una facultad natural de un legislador y no una conducta profundamente incompatible con un régimen democrático.

Ese es el verdadero problema. No se trata únicamente de Baltazar Gaona. Se trata de la normalización de una forma de ejercer el poder en la que las instituciones dejan de concebirse como espacios abiertos para convertirse en herramientas de control político. El momento tampoco puede pasar inadvertido.

Michoacán se encuentra inmerso en la antesala de la elección para renovar la gubernatura. El ambiente político ya comenzó a tensarse y cualquier señal de intolerancia institucional adquiere una dimensión distinta.

Grecia Quiroz ha manifestado públicamente su intención de participar en ese proceso y, desde hace semanas, se ha convertido en blanco de confrontaciones políticas. Que ahora vuelvan a registrarse hechos de exclusión dentro del propio Congreso no ayuda a generar confianza sobre el clima democrático que requiere la entidad.

Nadie puede afirmar hoy que exista una estrategia para utilizar las instituciones con fines electorales. Pero precisamente por eso corresponde encender las alertas cuando aparecen conductas que apuntan en esa dirección.

Las democracias no se deterioran únicamente cuando se manipulan las urnas. También se debilitan cuando el poder empieza a decidir quién puede entrar, quién puede participar y quién resulta incómodo.

Por esa razón, lo sucedido este viernes no debería limitarse a una discusión local ni a un intercambio de declaraciones partidistas. Las autoridades electorales, los organismos de derechos humanos y los observadores nacionales e internacionales harían bien en seguir con atención el ambiente político que comienza a configurarse en Michoacán rumbo a 2027.

Si hoy se normaliza impedir el acceso de ciudadanos al Congreso mientras se toleran expresiones que exaltan la criminalidad, mañana podría normalizarse cualquier otra forma de exclusión política.

Ese riesgo, más que el incidente mismo, es el que debería preocupar a todos.