¿Armar o desarmar los templos?

Aunque el fenómeno ha disminuido discretamente, los recintos católicos siguen siendo objetivos puntuales de agresión y vandalismo durante las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Para muestra lo que sucedió este año en el templo de La Compañía de Jesús en San Luis Potosí, donde delincuentes incendiaron la puerta del recinto y destrozaron una cruz de cantera. Por si fuera poco, en las marchas donde se hace presente el llamado ‘bloque negro’ (financiado o protegido casi siempre por grupos políticos) los niveles de destrucción suelen ser mayores y se comete bandidaje contra todo tipo de espacios públicos y privados debido a que estos actos quedan amparados por un implícito pacto de impunidad.

Tanto las autoridades civiles como los dueños de inmuebles particulares han optado en los últimos años por una estrategia defensiva de amurallarse detrás de ostensivas vallas metálicas cuyo costo no es menor (en Chihuahua, por ejemplo, hace tres años se compraron 608 vallas con un costo de 44 millones de pesos para custodiar inmuebles; o en la Ciudad de México se alquila en casi un millón de pesos el servicio de blindaje por ocasión) y ahora ya forman parte de una recurrente arquitectura urbana de barricadas, la cual no suele alcanzar a los recintos católicos, a pesar de que son propiedad de la nación.

La Ley General de Bienes Nacionales confirma que queda en manos de la asociación religiosa “usuaria” del recinto, la obligación de “evitar e impedir actos que atenten contra la salvaguarda y preservación de los inmuebles” así como “realizar a su costa las obras de reparación, restauración, conservación, mantenimiento… de dichos bienes, debiendo obtener las licencias y permisos correspondientes”. Por ello, las altas fortificaciones colocadas por los gobiernos a cargo de los impuestos de los ciudadanos, no suelen salvaguardar –pudiéndolo hacer– los bienes y recintos religiosos históricos que son propiedad y herencia cultural del pueblo mexicano. Una vergüenza.

Así, ante el desdén de las autoridades por proteger estos bienes de la nación, han sido los propios feligreses los que se configuran en empalizadas humanas para “defender sus templos” frente al paso de los contingentes feministas y grupos de choque. Este año se registraron murallas vivas en las iglesias de San Marcos y San Ildefonso en Puebla, en la catedral de Nuestra Señora de la Luz en León, en el templo del Carmen y la Catedral de la Asunción de María en Guadalajara, en El Calvario en Cuernavaca, en la catedral de la Inmaculada Concepción de Monterrey, en la iglesia de San Francisco y la Catedral en Celaya, entre otras. 

Por un lado hay que reconocer la audacia y generosidad de estos fieles católicos, y es difícil reclamarles otra actitud puesto que su ímpetu nace de sentimientos religiosos primarios. Sin embargo, también hay que señalar que quizá no están siendo guiados ni orientados con claridad o están desoyendo a sus pastores: “Un lugar sagrado merece cuidado, pero mucho más sagrada es la dignidad de toda persona humana”, proclamó tajantemente el arzobispo Cavazos Arizpe solidarizándose con los clamores de los colectivos feministas incluso después de los actos vandálicos en los templos de su jurisdicción potosina. 

En esas palabras se sintetiza un radical viraje actitudinal para los creyentes católicos: Si la dignidad sagrada de la persona es superior a la del templo ¿por qué utilizar el cuerpo humano como ‘arma defensiva’ del recinto? ¿Vale menos la persona humana que un inmueble religioso histórico? ¿Quién les comparte el sentido de la instrucción que los obispos mexicanos han dado a los fieles: “Que el dolor… no nos enfrente”? ¿No acaso el llamado pontificio a una “paz desarmada y desarmante” orilla especialmente a pastores y fieles también a “desarmarse” de palabras y actitudes para que no promuevan una fe que se percibe a sí misma como una fuerza oponente en el conflicto o como contendiente en la denominada ‘batalla cultural’? ¿Qué deben hacer los obispos con aquellos sacerdotes y feligreses que siguen interpretando la realidad y motivando la identidad religiosa en términos conflictualistas? 

Es momento de cuestionarse si los liderazgos religiosos realmente promoverán una Iglesia desarmada “que busca caminos de justicia, diálogo, encuentro y fraternidad” o si, por acción u omisión, continuarán permitiendo que su grey se establezca como ‘brazo armado’ en un conflicto ideológico que usurpa la identidad cristiana para legitimar luchas de poder.