Miscelánea, salud y política
Ayer martes el Senado aprobó una reforma constitucional que marca un antes y un después en la vida pública de nuestro país: por 86 votos a favor, 42 en contra y una participación plena —128 senadores presentes, de todas las bancadas— se modificaron los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. A partir de este momento quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad que no sea la mexicana. La medida entrará en vigor para el proceso electoral de 2028; no afectará las elecciones de 2027 ni permitirá a quienes ya ocupan un cargo tramitar otra nacionalidad mientras permanezcan en él.
El debate fue intenso y revelador. Por un lado, voces como la del PAN, con Ricardo Anaya a la cabeza, calificaron la iniciativa como una “vulgar traición” a los mexicanos en el exterior, argumentando que no se escuchó a las organizaciones migrantes antes de legislar. Otros la calificaron, con palabras que conmueven por su sinceridad, como una “regresión en derechos humanos”. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue el voto en contra del senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde —aliado del gobierno—, la única voz desde la alianza oficialista que se apartó del consenso.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara y sólida: quien encabeza el Poder Ejecutivo representa a México frente al mundo. Se sienta en la misma mesa con jefes de Estado, negocia tratados, decide sobre territorio y recursos. ¿Puede alguien con obligaciones jurídicas hacia dos naciones responder con absoluta lealtad a una sola? La pregunta no es nueva, pero hoy tiene respuesta constitucional: para los cargos de mayor responsabilidad, la lealtad debe ser exclusiva.
No se trata de despreciar a quienes aman a México y también han construido una vida en otro lugar. Se trata de confianza. Cuando la decisión puede afectar el destino de millones, nadie debería tener que preguntarse: ¿a quién responde realmente esta persona? La doble nacionalidad es un derecho valioso, pero la función pública más alta es también una responsabilidad que exige una sola bandera, un solo compromiso, una sola patria.
La política también es elegir: entre la apertura y la certeza, entre la inclusión y la confianza. Esta reforma elige la certeza. A partir de 2028, nadie podrá decir que quien gobierna tiene un pie en otro lugar. México estará en manos de quienes solo a México deben lealtad.
Algunos dirán que es un paso atrás. Yo creo que es un paso hacia la claridad. Y en tiempos de confusión, la claridad nunca sobra.




