Al derecho y al revés

La información fidedigna fortalece la democracia 

Una vez más, el fantasma de la censura se asoma por los pasillos de la regulación mediática.

El debate sobre el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha puesto sobre la mesa un tema fundamental: ¿se pretende censurar la información? ¿Hay una persecución infame contra los periodistas y medios de comunicación?

En absoluto. 

En la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo claro: “es absolutamente falso” que se busque coartar la libertad de expresión. Pero en un país con una larga historia de manejo discrecional de la comunicación, las palabras oficiales no bastan para apagar la desconfianza.

 El planteamiento suena impecable en teoría: garantizar que la audiencia reciba información clara. Nada de chismes, nada de rumores. 

Las noticias que se difundan sobre personajes de la política, sin importar el partido en que se milita, deberán ser fidedignas. 

Nadie, en su sano juicio, podría oponerse a que el consumo informativo sea transparente y ordenado. Pero no faltan las voces en contra. Ahí tenemos a periodistas que se quejan y advierten que existe una una grieta peligrosa: el riesgo de que, bajo el pretexto de “proteger al receptor”, la autoridad se arrogue la facultad de calificar qué es información válida y qué no, o de intervenir en el trabajo de las redacciones bajo criterios que podrían volverse políticos o coyunturales. 

Quizá exageran. Por eso la mandataria recuerda que el documento está en consulta pública y que la propuesta se debe perfeccionar.

Lo cierto es que hace falta valentía para decir lo que muchos callan: nos habíamos tardado en poner un freno real a la desinformación que inunda el espacio público. Bajo el argumento de la libertad de expresión, se ha permitido que la mentira, el amarillismo descarado y la información sacada de contexto anden a sus anchas, dejando a su paso daños irreparables en personas, familias y en la propia credibilidad de la vida democrática.

 El razonamiento es sencillo, lógico y necesario: si un medio convencional incurre en faltas —distribuyendo datos falsos o contenidos tendenciosos—, el proceso debe comenzar por el escrutinio riguroso. Primero se verifican todas las fuentes necesarias para confirmar la veracidad de la acusación; solo entonces se procede a una llamada de atención. Si digo una barbaridad, mentira o verdad a medias, me dan un jalón de orejas. Pero si, tras esa advertencia, el medio de comunicación o el periodista decide hacer oídos sordos y perseverar en el engaño, entonces debe haber consecuencias contundentes. Una multa que quite lo mentiroso, que ponga en su lugar a quien abusa de su posición para manipular a la audiencia.

 Basta mirar a nuestro alrededor: cuántas vidas han sido arruinadas por titulares falsos, cuánta gente ha sido juzgada y condenada en redes antes de que se aclare la verdad, cuántas veces se repite hasta el cansancio un dato inventado hasta que se vuelve “verdad oficial” para miles. 

 A los mexicanos nos conviene, y mucho, manejar información certera. La libertad de expresión no es un escudo para la irresponsabilidad y la fabricación de montajes. Defender la verdad no es censura: es garantizar que todos podamos dialogar y decidir sobre una base real, sin que nadie maquille la realidad. 

La libertad de expresión no es un capricho de los medios, es la columna vertebral de la democracia. Cualquier regulación debe construirse con el mayor consenso posible y blindarse contra cualquier uso autoritario. Si estos lineamientos sirven para mejorar la calidad y la ética, serán bienvenidos. Al final, a todos nos conviene estar bien informados.