Al derecho y al revés

Alto a los crímenes contra periodistas

Esta semana la muerte nos golpeó dos veces, con la crueldad que ya se nos vuelve costumbre y que nos duele en el alma: el 3 de julio hallaron sin vida a la comunicadora Roxana Guzmán, y apenas tres días después confirmaron el asesinato del activista guerrerense Alex Serna. Dos crímenes, dos rincones distintos del país, pero el mismo hilo de sangre que los une: la violencia mortal contra quienes se atreven a no callar, a mirar de frente lo que el poder y la impunidad quieren mantener oculto.

Este martes 7 de julio, desde la tribuna de su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar y lanzó un llamado: “Pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo”. También insistió en que denuncien para contar con garantías. Pero esas palabras, por más bien intencionadas que suenen, se desvanecen frente a una realidad que grita: en lo que va del año, tres periodistas ya han sido asesinados solo en Veracruz. ¿De qué sirve el ofrecimiento de protección cuando las vidas se siguen apagando antes de que cualquier medida llegue? ¿Dónde estaban esos apoyos para Roxana, para Alex, para quienes ya cayeron antes que ellos?

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado que no es súplica, es condena y exigencia a la vez: hay que salvaguardar la vida de quienes comunican y defienden. No es un comentario más, es la advertencia de que estamos al borde del abismo. El organismo dijo lo que tantas autoridades se niegan a ver: las investigaciones deben ser profundas, sin rodeos ni complicidades; y la labor periodística y el activismo deben ser la prioridad absoluta al buscar culpables.

No hace falta adivinar nada: la verdad está escrita en cada sangre derramada. Cuando alguien pasa años desenterrando lo que otros entierran, o alzando la voz por comunidades a las que nadie escucha, su trabajo se convierte en una sentencia de muerte. Y lo más desgarrador de todo no es solo el crimen, sino lo que viene después: las pesquisas se estancan en el olvido, o peor aún —se revictimiza a quienes ya no pueden defenderse— se les señala como si su muerte fuera un “ajuste de cuentas”, como si su valentía fuera en realidad un vínculo con lo ilícito. Se mancha su nombre para limpiar la culpa de quienes debieron protegerlos y no lo hicieron.

Invitar a acercarse a Segob puede ser un gesto, pero es un gesto vacío si no va acompañado de justicia real. Mientras en Veracruz las muertes se suman una tras otra, la protección prometida parece una promesa que nunca se cumple, un salvavidas que se entrega cuando el ahogado ya no puede respirar. La ONU nos grita lo que no podemos seguir ignorando: matar a un periodista o a un defensor no es solo quitarle la vida a una persona. Es arrancarle la voz a toda la sociedad, es condenarnos a la oscuridad de la ignorancia y la impunidad. Hasta que no haya consecuencias para quienes matan la verdad, cada nuevo crimen será también una culpa compartida.