Al derecho y al revés

Secuestro de Roxana Guzmán: la violencia contra el periodismo en Veracruz

El 2 de junio de 2026 la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada dentro de su propio domicilio en Nanchital, Veracruz. Directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, cubría noticias locales, denuncias ciudadanas y temas de interés público en la región. Según los reportes, al menos tres hombres armados y encapuchados derribaron la puerta de su casa, amenazaron a los familiares presentes —incluyendo a una menor de edad— y se la llevaron con rumbo desconocido. Ella misma alcanzó a grabar parte del ataque con su celular antes de que la comunicación se cortara.

 Su padre, Fernando Guzmán, narró a medios de comunicación como fue el secuestro:

“Yo salí, pero a mi agarraron y me golpearon, y me dieron unas patadas aquí, me tiraron y yo oí como grito mi hija, a mi papá no le peguen, de ahí se me perdió el conocimiento; eran cuatro, en la casa se metieron, amenazaron a todo mundo no dijeron más”.

Este no es el primer episodio de violencia que marca la vida de la comunicadora. En 2017, su esposo fue asesinado, por lo que abandonó Veracruz durante años por temor a ser la siguiente víctima. A principios de 2026 decidió regresar para reanudar su labor informativa, creyendo que podría hacerlo con mayor seguridad, pero el riesgo volvió a tocar su puerta. Hasta el momento, las autoridades no han dado con su paradero ni han identificado a los responsables, y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han exigido su aparición con vida y una investigación sin impunidad.

 El secuestro de Roxana ocurre en una entidad que se ha convertido en sinónimo de peligro para quienes ejercen el periodismo. Veracruz es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para informar, con un historial trágico de asesinatos que permanecen en su mayoría sin resolver. 

Según cifras de la organización Artículo 19, esa entidad acumula más del 20% de todos los asesinatos de comunicadores registrados en México desde 2000, con una tasa de impunidad superior al 90% en la mayoría de los casos.

Violencia específica contra mujeres periodistas

El caso de Roxana Guzmán también pone sobre la mesa una realidad poco visibilizada: las mujeres que ejercen el periodismo en México enfrentan una doble violencia. Son atacadas tanto por su labor informativa como por su condición de género, lo que agrava el riesgo y las formas de agresión.

 Datos de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) revelan que entre 2019 y 2024 se registraron más de 1,100 agresiones contra mujeres periodistas en todo el país, incluyendo amenazas, acoso sexual, ataques digitales, desplazamiento forzado y feminicidios. Solo en 2025, se documentaron 338 agresiones, la cifra más alta registrada en un solo año.

Desplazamiento forzado: el exilio sin garantías y el dolor de la separación

Una de las consecuencias más devastadoras y menos discutidas de esta violencia es el desplazamiento forzado. No se trata simplemente de cambiar de residencia: es un acto de ruptura obligada. Significa abandonar de manera repentina y bajo amenaza el hogar, el trabajo, las raíces y, sobre todo, la compañía de las personas queridas. Roxana Guzmán vivió esta realidad durante casi una década, y su experiencia refleja la de cientos de colegas en el país.

 Estar lejos de la familia no es solo una cuestión de distancia geográfica; implica un costo emocional, social y económico muy profundo. Para muchas mujeres periodistas, la separación responde a una estrategia de supervivencia: a menudo deciden irse solas o enviar a sus hijos a vivir con otros familiares para evitar que los ataques los alcancen.

 Esto genera una fractura difícil de reparar: se pierden momentos importantes, se debilitan los lazos afectivos y, en muchos casos, la ausencia prolongada deriva en distanciamientos irreversibles.

 En el lugar de llegada, la situación se complica aún más. Al no contar con un programa integral de apoyo, muchas deben abandonar su profesión por miedo a ser localizadas, lo que las deja sin ingresos estables. Se ven obligadas a ocultar su identidad, cambiar de rutina y vivir con desconfianza permanente. Pero quizás lo más doloroso es que esta condición se vuelve permanente: no existen garantías reales para el regreso.

 Las instituciones encargadas de la protección reconocen que el mecanismo actual se enfoca principalmente en brindar medidas de seguridad, pero no resuelve el origen del problema: la impunidad. Por ello, aunque pase el tiempo, la mayoría de las mujeres desplazadas saben que si vuelven a su tierra, retoman el riesgo de ser agredidas. Están atrapadas en un limbo: no pueden vivir con seguridad en su hogar, pero tampoco tienen asegurado el derecho a volver cuando lo deseen.

 El secuestro de Roxana Guzmán es el reflejo de un sistema que ha fallado en proteger a quienes informan la verdad. En Veracruz, la violencia contra el periodismo se ha normalizado, y la impunidad ha permitido que los ataques se repitan. Las mujeres periodistas, por su parte, cargan con una vulnerabilidad añadida, y el desplazamiento forzado se ha convertido en una respuesta común ante la falta de justicia, marcada por el dolor de la separación familiar y la incertidumbre perpetua.

 Mientras no exista una investigación verdadera, castigo efectivo a los responsables y garantías integrales de protección —incluyendo condiciones seguras para el regreso—, las historias como la de Roxana Guzmán seguirán repitiéndose. La libertad de expresión no puede existir si informar implica arriesgar la vida, y mucho menos si quienes logran huir se ven condenadas a vivir lejos de su gente sin esperanza de volver a casa.