Al derecho y al revés

Aborto en Chihuahua y reparación del daño  

 Por primera vez en la historia de Chihuahua, el gobierno estatal cumplió una sentencia judicial que ordena pagar una reparación del daño a una adolescente que sufrió una violación y en 2023 se le negó el derecho a abortar.Según la norma NOM-046-SSA2-2005 los casos de violación sexual se consideran urgencias médicas y deben recibir atención inmediata, y en caso de embarazo producto de una violación, las instituciones de salud están obligadas a proporcionar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).  

Después de ser negado inicialmente el acceso a un aborto, la adolescente logró finalmente realizar el procedimiento de manera segura, acompañada por las colectivas Marea Verde Chihuahua y AbortistasMx, gracias a una suspensión otorgada por una jueza de distrito. Ahora, con el pago de la reparación del daño ordenada por la sentencia, los tribunales han confirmado que la negativa inicial constituyó violencia institucional y generó un perjuicio que requería reparación económica por parte del Estado. Y es que el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito establece que las autoridades de salud no solo incumplieron la normativa vigente, sino que también vulneraron los derechos fundamentales de la joven.

La demora y la negativa inicial generaron sufrimiento adicional, añadiendo una carga institucional a las secuelas de la agresión que había sufrido. Las organizaciones que acompañaron al caso destacan que este cumplimiento sienta un precedente relevante para todo el país. No solo reafirma que el aborto por violación es un derecho garantizado por la ley, sino que también establece que las omisiones y negativas por parte de las instituciones tienen consecuencias tanto jurídicas como presupuestales para el Estado.

Esto representa un paso fundamental para evitar que se repitan situaciones similares, ya que pone de manifiesto que las autoridades deben cumplir con su obligación de prestar los servicios de salud establecidos por la normativa mexicana.  Recordemos que desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en cualquier etapa del embarazo, lo que ha ampliado el acceso a este derecho en todo México, aunque las legislaciones estatales continúan en proceso de armonización.La buena noticia es que ahora el estado ha reconocido su error y cumplido con lo ordenado por la justicia, un paso importante para que se respeten los derechos de las víctimas y que las instituciones tomen en serio sus obligaciones.