Al derecho y al revés

Acoso digital, una nueva forma de intimidar a la prensa en México

La periodista Carolina Fernández fue blanco de un intenso acoso digital en días pasados, recibiendo más de 300 llamadas automatizadas con amenazas de secuestro y daños a su propiedad. Ante ello, organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) denunciaron este incidente como una nueva táctica de intimidación contra la prensa mexicana.

 La comunicadora, beneficiaria del Mecanismo de Protección de Periodistas desde 2021 tras sufrir persecución política durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, reportó que el ataque cesó tras hacerlo público en redes sociales. Este hecho sugiere que el acoso está directamente ligado a su labor periodística.

 Las llamadas, provenientes de cientos de números distintos, llegaron a un ritmo de hasta cuatro por minuto, algunas incluso simultáneas, impidiendo cualquier intento de bloqueo. Según capturas de pantalla compartidas por Fernández, los mensajes exigían el pago de una supuesta deuda, señalándola como aval solidario de una tal Lilia Herrera Gómez, a quien niega conocer. Este hostigamiento, que se prolongó durante cinco horas y media, se suma a una serie de agresiones previas contra la periodista, incluyendo campañas de difamación en redes sociales denunciadas en julio de 2025.

Este caso no es aislado. En 2024, Artículo 19 documentó 639 agresiones contra periodistas y medios en México, un aumento del 13.9% respecto al año anterior, lo que equivale a un ataque cada 14 horas. Entre las formas de violencia destacan las agresiones físicas, legales y digitales, como las campañas de desprestigio, el acoso en redes y la saturación mediática, todas diseñadas para intimidar a quienes ejercen el periodismo independiente. 

Un caso similar ocurrió en Tamaulipas, donde la periodista Shalma Castillo, de Artículo 7, recibió cientos de llamadas y ataques digitales tras publicar una investigación sobre seguridad.

CIMAC, en su diagnóstico “Voces en resistencia: impactos de la violencia en la vida de las periodistas”, reportó que durante el sexenio anterior se registraron 256 agresiones digitales contra mujeres periodistas, representando el 21.6% del total de casos. Estas agresiones, que van desde difamaciones hasta sofisticados "bombardeos telefónicos" como el sufrido por Fernández, buscan desacreditar, amedrentar y silenciar a las comunicadoras. La organización subraya que la violencia digital tiene impactos tan reales como los ataques físicos, afectando la seguridad y el bienestar de las víctimas.

Fernández ya presentó una denuncia ante las autoridades. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigen medidas efectivas para proteger a los periodistas y frenar la escalada de violencia digital, que se diversifica con tácticas cada vez más agresivas.

+++El caso de Shalma Castillo: Investigación sobre corrupción desata ola de agresiones

El 13 de agosto de 2025, la periodista Shalma Castillo publicó una investigación explosiva titulada "Proveedor de obras de gobierno de Tamaulipas, entre los extraditados a EU por narcotráfico". En ella, reveló una conexión inquietante: la Secretaría de Obras Públicas había asignado contratos a una empresa vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, alias “Yiyo”, un hombre extraditado a Estados Unidos ese mismo año por delitos de narcotráfico.

Castillo no se detuvo ahí. En los días siguientes, profundizó en su investigación con dos notas adicionales que confirmaban la participación de Mendoza en trámites oficiales y exponían las contradicciones del propio gobierno estatal, llegando incluso a señalar al secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya. Al exponer posibles actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, los reportajes generaron un impacto inmediato y desataron una ola de represalias que hoy ponen en riesgo su vida e integridad.

 Las represalias no tardaron en llegar. Tras la publicación de sus investigaciones, Shalma Castillo recibió amenazas de muerte a través de redes sociales, con mensajes escalofriantes como “sus horas están contadas”. Además, fue víctima de doxing, con la difusión ilegal de su INE y su domicilio. Pero el ataque no se limitó al mundo virtual: sufrió un hostigamiento digital masivo, con cientos de mensajes y llamadas que bloquearon su teléfono. La gravedad de la situación fue tal que la propia compañía telefónica le informó que su línea había sido comprometida, impidiéndole incluso comunicarse con los servicios de emergencia. Especialistas de la organización SocialTIC confirmaron que se trató de un ataque de denegación de servicio (DoS) dirigido a su línea.

 En paralelo a estos ataques directos, Castillo enfrentó una campaña de difamación y criminalización, en la que diversos medios locales la vincularon con el narcotraficante que ella misma había investigado.

Ambos casos, que pueden ser cientos, nos demuestran la vulnerabilidad de la prensa en México, país en el que sigue siendo muy peligroso ejercer nuestra profesión.