Al derecho y al revés

Acoso escolar en Pijijiapan

El reciente caso de acoso escolar en Pijijiapan, Chiapas, que involucra la denuncia pública de una alumna contra un profesor, José Heriberto “M”, ha sacudido a la comunidad y puesto en evidencia la problemática del acoso y la falta de mecanismos de protección efectivos en las instituciones educativas.  La valentía de la estudiante que denunció  no solo el acoso sufrido, sino también la presunta complicidad institucional, ha generado un debate crucial sobre la responsabilidad de las escuelas en la prevención y atención de estos casos. 

Debemos reconocer el valor de esta chica, quien al hablar de complicidad dijo:"El mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador", lo que además refleja una realidad preocupante y la necesidad de abordar este problema de manera integral.  El llamado de la estudiante a sus compañeras a romper el silencio y la solicitud de mecanismos de apoyo, como un buzón de quejas o apoyo psicológico, son pasos fundamentales para crear entornos educativos seguros.

La indignación pública ha llevado a la detención temporal del profesor, pero también ha generado contra-manifestaciones por parte de familiares y colegas que cuestionan la investigación y exigen su liberación.  Estas acciones, lejos de contribuir a la justicia, revictimizan a la estudiante y obstaculizan el proceso de sanación.  Es fundamental que las autoridades actúen con imparcialidad y garanticen la protección de la víctima.

 El caso, sin embargo, no es aislado.  La denuncia de la adolescente ha abierto la puerta a otras víctimas, como Adriana Delgado, quien ha denunciado públicamente el acoso sufrido por parte del director de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto, Ariel Mendoza Palacios.  Su testimonio revela un patrón preocupante de abuso de poder y protección de acosadores dentro de la institución. Qué lamentable y preocupante para los padres saber que sus hijas no están seguras dentro de la escuela. 

 Estas nuevas denuncias subrayan la urgencia de una investigación exhaustiva y la necesidad de implementar protocolos de prevención y atención del acoso escolar efectivos en todas las instituciones educativas de la entidad y de todo el país.

Las colectivas feministas han expresado su apoyo a las víctimas y han exigido a las autoridades competentes – la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – que actúen con celeridad y perspectiva de género, garantizando una investigación justa, la protección de las víctimas y la prevención de futuros casos.  La demanda de protocolos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual es crucial para asegurar espacios seguros para niñas y adolescentes en las escuelas de México.  

Este caso, sin duda,  exige una respuesta contundente y un compromiso firme para erradicar la violencia de género en los entornos educativos.  La impunidad no puede ser una opción.