Al derecho y al revés
Cuauhtémoc Blanco, agresor por violencia política
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia contundente contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, declarándolo culpable de cometer violencia política en razón de género en contra de la senadora Juanita Guerra Mena.
La resolución, emitida por la Sala Especializada, acredita que Blanco, junto con Arturo Millán, entonces director general de logística y eventos de su administración, impidieron el acceso de Guerra Mena al palco principal durante el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica de Cuautla en mayo de 2023, a pesar de haber sido invitada.
El tribunal consideró la acción como violencia política de género, específicamente violencia simbólica y psicológica. La negativa deliberada de acceso al palco, un acto público de relevancia, se considera una forma de menospreciar y excluir a la senadora Guerra Mena, afectando su imagen pública y su participación política.
Esta decisión marca un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género en México, reconociendo la gravedad de las acciones que buscan silenciar y marginar a las mujeres en la esfera pública.
Esta forma de violencia, dirigida a la mujer por ser mujer, tuvo un impacto desproporcionado en sus derechos político-electorales. Como consecuencia, se ordenó notificar a la Cámara de Diputados de Morelos y a la Gubernatura para que tomen medidas legales. Además, una vez firme la sentencia, Blanco y su colaborador Arturo Millán serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres (VPMRG) del INE por 18 meses.
Esta resolución del TEPJF, que llega tras una investigación iniciada en abril pasado, es un paso significativo en la lucha contra la violencia política de género.
La condena a Cuauhtémoc Blanco y Arturo Millán envía un mensaje claro: la violencia política de género no será tolerada y quienes la cometan enfrentarán las consecuencias legales. La sentencia sienta un precedente crucial para futuras investigaciones y procesos judiciales relacionados con la violencia política contra las mujeres en México. Se espera que esta resolución impulse la implementación de medidas más efectivas para prevenir y sancionar este tipo de actos, contribuyendo a una mayor equidad e igualdad en la participación política.
Prevenir la violencia política de género requiere un esfuerzo multifacético que involucre la educación, la capacitación y la implementación de políticas públicas efectivas. Es fundamental educar a la población sobre las diferentes formas que puede adoptar esta violencia, desarrollando una mayor conciencia social sobre su impacto negativo en la participación política de las mujeres. La capacitación de funcionarios públicos y actores políticos en temas de género y perspectiva de derechos humanos es crucial para prevenir este tipo de actos y promover una cultura de respeto. Finalmente, la implementación de mecanismos de denuncia accesibles, eficientes y seguros, junto con la aplicación de sanciones ejemplares, son elementos esenciales para disuadir la violencia política de género y garantizar la plena participación de las mujeres en la vida pública.
