Agua y pantano

Seguridad, asignatura pendiente

La salida de Serafín Tadeo Lazcano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco ocurre como suelen ocurrir las cosas en el poder político mexicano: sin explicaciones amplias, sin rendición de cuentas y envuelta en la opacidad institucional. Apenas un comunicado escueto, el anuncio del relevo y la narrativa oficial que intenta reducir todo a un simple “cambio administrativo”. Pero no lo es.

Serafín Tadeo deja el cargo después de un año y tres meses marcado por una de las etapas más violentas y críticas que recuerde Tabasco en tiempos recientes. Le tocó asumir la responsabilidad de una corporación profundamente deteriorada tras el escándalo que involucró al exsecretario Hernán Bermúdez Requena, hoy preso y acusado de presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. Recibió una institución contaminada por sospechas de corrupción, infiltración criminal y descrédito público. Y se va dejando prácticamente el mismo escenario.

Su llegada representó una apuesta impulsada desde el gabinete federal de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. También lo fue el relevo previo del general retirado Víctor Hugo Chávez Martínez. El mensaje político era claro: militarizar el control de la seguridad pública y endurecer la respuesta frente a la expansión de los grupos criminales.

Sin embargo, el saldo institucional dista mucho de ser alentador.

Un legado aterrador 

Durante la gestión de Serafín Tadeo, Tabasco continuó apareciendo en el mapa nacional por hechos de alto impacto: ejecuciones, ataques armados, quema de vehículos, narco bloqueos, incendios de comercios y episodios de violencia que alteraron la vida cotidiana de los ciudadanos. La imagen de automóviles incendiados en avenidas de Villahermosa se volvió parte de la normalidad informativa.

El problema no fue únicamente la violencia criminal. También crecieron las denuncias ciudadanas por presuntos abusos cometidos por grupos especiales de reacción inmediata, particularmente la FIRT Olmeca y el llamado Grupo Tiburón. Organizaciones civiles, abogados y familiares de detenidos denunciaron detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones a derechos humanos. Muchas de esas acusaciones jamás fueron esclarecidas públicamente.

La narrativa oficial justificó prácticamente todo bajo el argumento del combate frontal a la delincuencia. Pero combatir al crimen no puede convertirse en licencia para erosionar todavía más la legitimidad institucional de la policía.

Ahí radica uno de los grandes fracasos de este periodo.

Tabasco y el miedo

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reveló que, aunque Villahermosa mostró una ligera disminución en la percepción de inseguridad, la capital tabasqueña sigue ubicada entre las ciudades con mayor sensación de miedo del país. En marzo de 2026, el 81.9 por ciento de la población consideró inseguro vivir en la ciudad. Apenas un año antes el indicador alcanzaba 90.6 por ciento.  

La reducción estadística no necesariamente implica recuperación de confianza institucional. De hecho, la propia ENSU refleja que las policías estatales y municipales siguen siendo las corporaciones peor evaluadas por la ciudadanía en términos de confianza y desempeño.  

El dato más preocupante quizá no es el miedo, sino la desconfianza.

La ENVIPE del INEGI ha documentado consistentemente el enorme tamaño de la cifra negra en México: delitos que no se denuncian porque la ciudadanía considera inútil acudir ante las autoridades o teme represalias. A nivel nacional, más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian o no derivan en investigaciones efectivas. Esa realidad explica buena parte del divorcio entre ciudadanía e instituciones de seguridad.

Tabasco no es ajeno a ese fenómeno.

Por eso el relevo anunciado por el gobierno estatal genera más preguntas que certezas.

Los cambios que se esperan

El nuevo titular de la SSPC será Alejandro Leal López. Sin embargo, hasta ahora ni él ni el nuevo equipo policial han sido presentados formalmente ante la sociedad con una ruta clara, compromisos verificables o un diagnóstico público de la crisis institucional que reciben.  

El riesgo es evidente: que el relevo sirva únicamente para administrar el desgaste político y mantener intacto el statu quo.

Porque el problema de fondo no se resuelve cambiando nombres o uniformes tácticos.

La Secretaría de Seguridad sigue cargando enormes pasivos: depuración interna pendiente, profesionalización deficiente, controles de confianza cuestionados, ausencia de mecanismos eficaces de supervisión ciudadana y una policía de proximidad prácticamente inexistente.

Durante años se apostó por la lógica de la mano dura, los grupos tácticos y la reacción armada. Pero la experiencia demuestra que ninguna estrategia basada exclusivamente en fuerza logra reconstruir legitimidad social si la institución policial continúa siendo percibida como arbitraria, corrupta o violadora de derechos.

La seguridad no se recupera únicamente con patrullas, fusiles y convoyes. Se recupera construyendo confianza.

Y esa sigue siendo la gran deuda del Estado tabasqueño.