Agroquímicos, discreto daño colateral/Julio Santoyo Guerrero

Agroquímicos, discreto daño colateral.

Julio Santoyo Guerrero.

No es problema hasta que es problema y es visible. Desde que llegó el uso extensivo e intensivo de agroquímicos para asegurar la “calidad” y cantidad de producción en huertas aguacateras y sembradíos de frutillas, la salud de jornaleros y habitantes de las poblaciones circundantes comenzó a mostrar síntomas distintos a los acostumbrados.

La ausencia de normas regulatorias o la displicencia y falta de supervisores de las instituciones responsables de vigilar la realización de prácticas saludables en las cientos de miles de hectáreas productoras de aguacate y frutillos, ha permitido que sigan llegando, con absoluta regularidad y normalidad agroquímicos que son dañinos y hasta letales para la salud. El silencio de instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSTE, frente a casos de enfermedades de personas que habitan en las inmediaciones de estos plantíos o que trabajan directamente en ellos o se dedican a aplicar los pesticidas, ha permitido que este gran problema siga creciendo calladamente, sin el reconocimiento oficial pero dañando la vida de miles.

La espiral destructiva que conlleva la mayoría de estos cultivos: incendios premeditados de bosques, cambio de uso de suelo, plantaciones ilegales, destrucción de zonas de recargas acuíferas, destrucción de la biodiversidad,  apropiación ilegal de aguas, uso de cañones antigranizo, generación de conflictos socio-ambientales con las comunidades del entorno, empleo de agroquímicos dañinos para la salud y letales para polinizadores, está llevando a Michoacán a una condición crítica, socialmente tolerada bajo el argumento de la generación de empleos y el positivo impacto en el Producto Interno Bruto estatal.

Al final ha prevalecido la aceptación gubernamental y social de que debe privilegiarse la economía, es decir, asumir los otros costos, como costos colaterales del desarrollo agropecuario de la entidad. En el día a día, y a pesar de las denuncias que ambientalistas y distintos medios de comunicación vienen haciendo sobre esta problemática, ninguno de los componentes de esta espiral ha podido ser contenida, ni por las instituciones gubernamentales ni por la sociedad. La fuerza de esta costumbre dañina se ha impuesto como normal y aceptable por casi todos. Que no existan cifras positivas, mediante las cuales se demuestre que al menos uno de estos componentes se ha contenido o revertido, no es más que la evidencia de una aceptación resignada de que esa ruta de la economía agropecuaria tiene el beneplácito para continuar.

El otro costo, ese que no se prevé a la hora de sólo calcular las ganancias en el mercado, ese que aparece a lo largo del tiempo y se expresa como destrucción de servicios ambientales, como daño irreversible a la biodiversidad,  como anulación del derecho humano al agua, y como afectación a la salud de niños y adultos, pero que también tiene un precio y que debe pagar toda la sociedad, parece no importar ante la lógica económica del inmediatismo financiero. Al paso del tiempo, el único costo que debe asumirse es el de las afectaciones porque el dinero se va a los mercados internacionales de las finanzas, dejándonos para seguir viviendo en ecosistemas dañados y sin dinero para rehabilitarlos. Es decir, y basta echar un vistazo a los pueblos y localidades en donde prevalecen estos sistemas productivos, que los habitantes siguen en la pobreza, ahora agravada por la extracción de sus recursos naturales: agua, bosques y tierras.

La modificación del paradigma con que operan estos sistemas productivos tendrá que hacerse obligadamente para evitar el colapso medio ambiental. Uno de sus componentes, agroquímicos-productividad de calidad, debe reconsiderarse. No puede ser colocada la salud de la población como tapete para que esa producción pueda materializarse. La prohibición del uso de agroquímicos dañinos para la salud y destructores de polinizadores tiene que ser abordada urgentemente por los legislativos federales y estatales. Para ello no debería pensarse en una fecha remota, debería hacerse de  manera inmediata. Para efectos de salvaguardar el derecho a la salud de esta franja importante de pobladores y trabajadores agrícolas, los gobiernos estatal y federal, deben coordinar esfuerzos para identificar y censar a la población afectada por los químicos utilizados en estos productos.

El descuido ha sido tal que hasta la fecha no existen estadísticas actualizadas de las personas afectadas por agroquímicos, ni mucho menos el conocimiento de políticas públicas de salud diseñadas para atender a este grupo de personas, o la relación de costos económicos por atenderlos. Se conocen, y bastantes, los casos de personas que presentan cuadros cancerígenos o de intoxicación, que aparecen con más regularidad a modo de denuncia pública en los medios o en las redes sociales.

Esta visión normalizadora del uso de agroquímicos nocivos en el campo michoacano, que lleva a la aceptación y justificación económica de su utilización, debe ser quebrada ya. Lo normal es el derecho a la salud, lo normal es el derecho a un medio ambiente sano, lo normal es la protección de la biodiversidad, lo normal es actuar contra estos agroquímicos … que son veneno para todos.