Agenda educativa: foro y controversia/Horacio Erik Avilés Martínez

La semana que recién concluyó se dieron pasos muy importantes en torno a definir el futuro de la educación nacional. Siguió avanzando el proceso de construcción de una reforma constitucional al marco normativo de la educación, en donde finalmente se aprobó un dictamen modificatorio en el Congreso Federal, el cual luce mucho más robusto e integral respecto al proyecto enviado por AMLO el 12 de diciembre pasado. El proceso participativo de consulta, diálogo y debate ha permitido llegar a este momento y esperemos que logre tener buen tránsito en pro del derecho a aprender de los mexicanos.

Michoacán, por contar con condiciones estructurales muy complicadas en su sistema educativo, no ha permanecido de brazos cruzados en este proceso transformacional de la educación nacional, en aras de reivindicar el derecho a aprender de sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Al respecto, para fijar condiciones de mejorar la situación prevaleciente, el Gobierno del Estado ha emprendido dos acciones que pueden gravitar en el resultado final: la organización de un foro con visibilidad nacional y la promoción de una controversia constitucional.

Primeramente, ante la posibilidad de que el tema de las finanzas educativas estatales quedase fuera de la discusión, el Gobierno del Estado de Michoacán, conjuntamente con los de Guerrero, Zacatecas y Oaxaca organizaron el foro denominado “La Educación Pública en México” donde con la participación de actores legislativos, académicos y funcionarios se analizó la situación precaria y desigual de diversas entidades federativas, en torno a una dotación inequitativa de recursos para sostener los sistemas educativos estatales, lo cual ha generado enormes desequilibrios, protestas consuetudinarias e injusticias profundas en torno a garantizar el derecho a aprender de millones de mexicanos.

El esfuerzo resultó muy encomiable en virtud de lo expuesto, ya que las reflexiones fueron profundas y con verdaderas intenciones de transformar la realidad de las finanzas educativas estatales. Sin embargo, queda la duda en cuanto al momento político en el que se realizó esta puesta en la agenda pública nacional del tema, ya que prácticamente se encontraba consumada la conformación del dictamen para el nuevo marco normativo para la educación nacional, siendo a su vez enmarcado en la serie de estridentes protestas realizadas por diversas secciones de la CNTE en la Ciudad de México, quienes no cejan en su intentona de hacerse con el control del ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente.

Por otra parte, la acción jurídica que emprende el Gobierno del Estado de Michoacán responde primeramente a la detección de un problema que era un secreto a voces en la entidad federativa desde 1992, fecha en que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en condiciones plenamente desventajosas para Michoacán, lo que acabó detonando que se abriese una válvula de escape con las minutas de acuerdos entre el magisterio y el Gobierno del Estado, hecho que fue generando un déficit acumulativo que al día de hoy resulta insalvable.

Recordemos que, una vez detectado el problema y puesto en la agenda pública, hecho que se ha dado de manera sostenida desde la rueda de prensa de carácter nacional convocada por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado el pasado 26 de noviembre de 2018, el paso siguiente en la construcción de una política pública es precisamente el establecimiento de una mesa amplia donde los actores involucrados se sientan a dialogar y a delinear la solución, lo cual ha ocurrido parcialmente y no ha fluido como se esperaría.

 

Por ello, esta aceptación de la SCJN de la controversia promovida por el gobierno estatal insufla de elementos a la mesa de diseño de política pública, que ni ha terminado de convocar a todos los actores clave ni tampoco ha logrado prototipar una solución integral, por lo que una eventual resolución de la Corte pudiera dirimir cualquier contrapunto y llegase a servir para subordinar las posturas políticas al interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme lo estipula la Carta Magna.

Hemos señalado la enorme importancia de que este proceso de controversia constitucional no se politice y que exijamos desde la ciudadanía que se construya una solución integral para las finanzas educativas michoacanas, con responsabilidad y vocación de servir a México.

En suma, ambas acciones emprendidas por el Gobierno del Estado colocan la situación en la que se encuentra la educación michoacana ante los reflectores nacionales, suben una vez más sus falencias y dolencias a la agenda pública y posibilitan que se les pueda dar seguimiento mediante políticas públicas. Esperemos que estas acciones lleguen a buen puerto e impacten en el desarrollo educativo de nuestra entidad federativa.