Acuerdo oficial contra los bosques

Seré claro, están mutilando, desmontando, y descafeinando el contenido y mandato jurídico del artículo 4° constitucional que debiera garantizarnos el derecho humano a un medio ambiente sano.

El viernes 24 de octubre se público en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo aparentemente ambiental y laboral. Lo firman la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en segundo plano la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En los extensos considerandos abundan las referencias normativas referidas al derecho a la alimentación nutritiva, al derecho a un medio ambiente sano; se cita al sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional, al derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales.

Hacen referencia a que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y  garantizar a la población campesina su bienestar”; argumentan que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”; recalcan que “los derechos humanos emanados de la Constitución son fundamentales para asegurar la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos”; y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, destacan “los objetivos y acciones para consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad”.

Destacan el principio de “Desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente”; remarcan el impulso de un desarrollo sustentable; citan uno de los objetivos del PND de “reducir las  emisiones contaminantes y fortalecer la resiliencia climática mediante la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en la salud y los ecosistemas”; destacan el objetivo de “Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa”; reconocen el papel de “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la conservación  de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y la aplicación de técnicas y procedimientos conducentes”; y reconocen, también, que a “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde entre otras atribuciones, fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales”.

Con tal argumentación, tan puntual y ética, se esperaría que el Acuerdo fuera para la recuperación de bosques, aguas y ecosistemas de todo el país. Pero de estas premisas tan virtuosas en materia ambiental, de desarrollo y de seguridad laboral, lo que se desprende es un Acuerdo para entregar los bosques y las aguas a los ecocidas que los han arrasado en los últimos 30 años.

El Acuerdo, que es un obsequio para la Apeam, establece en su artículo primero, que lo que busca es “Garantizar que los productos y subproductos agrícolas de exportación del aguacate se lleven a cabo en terrenos libres de deforestación, se cumpla con los requisitos fitosanitarios; al tiempo que las y los trabajadores agrícolas gocen de trabajo digno; excluyendo totalmente el trabajo infantil.”

Hasta aquí todo parece coherente, pero la tenebra aparece en el artículo cuarto. “A efecto de lograr el objeto del presente Acuerdo las dependencias y el IMSS, en el ámbito de sus atribuciones, convienen que los productos y subproductos agrícolas de exportación del aguacate, deben provenir de huertos o predios con las siguientes características...:”

Y viene el hachazo, acuerda que, “Se lleven a cabo en terrenos libres de deforestación a partir de 2019, conforme al dictamen técnico o resolución correspondiente que emita Medio Ambiente”. Es decir, con cuatro palabras borran la condición de deforestación de más de 100 mil hectáreas de predios con vocación forestal de antes de 2019.

El Acuerdo obliga a la Semarnat a que claudique en la aplicación de la ley que establece que el cambio de uso de suelo no está permitido. En el artículo 122 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se ordena que “Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales, aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes, o cualquier otra causa.”

Y en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en el  artículo 10, se ordena que “Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños... y añade en su artículo 113, que “La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.”

No es casualidad que ambos artículos no aparezcan citados en los considerandos que preceden al Acuerdo. Con ánimo prevaricador los dejaron fuera para aparentar consistencia.

El Acuerdo, como se puede leer, solo tiene aplicación para la zona aguacatera, es decir, tiene destinatario: amnistiar a los aguacateros ilegales fijando como fecha para ese perdón el 2019. Para ello Sader, Semarnat y los otros firmantes, han construido un acuerdo anticonstitucional, que va contra el artículo 4° y contra lo que establecen las leyes generales de la materia. Un Acuerdo no puede estar sobre los principios constitucionales; no se puede romper la estructura jurídica jerárquica más que a costa de la ilegalidad; un Acuerdo de menor rango no puede colocarse al nivel de la Constitución o de la Ley General.

El espíritu alevoso con que se redactó el acuerdo omite, también, en sus considerandos el impacto ambiental que ese cultivo ha provocado y olvida que los equilibrios para la sostenibilidad ya están rotos hace bastante tiempo. El Acuerdo no incluye tampoco el problema del agua que está ligado indisolublemente con el estado de nuestros bosques; tampoco armoniza con los propósitos de Ley General de Aguas que se propone ni tampoco con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Es claro que el Acuerdo fue un capricho que no embona con la legislación ambiental vigente.

Este acuerdo confirma lo ya sabido: el cabildeo político y económico de Apeam es poderoso entre el oficialismo y logró, como lo estamos viendo, doblegar a las instituciones para hacer prevalecer su interés singular haciéndolo pasar por interés general. El gobierno ha claudicado y preferido entregar los bosques y aguas de Michoacán a un interés de élite, extractivista, ecocida y carente de solidaridad humana.

Es probable que para enmendar la contradicción e inconsistencia constitucional tengamos en breve una reforma a las leyes generales de la materia para que “armonicen” con el acuerdo y no se les caiga.

La Semarnat y la Sader ꟷ¿con el respaldo de la presidencia?ꟷ han acuchillado el artículo 4° constitucional y el derecho humano de los mexicano a un medio ambiente sano en aras de privilegiar una dinámica económica, que curiosamente es característica del neoliberalismo tan cuestionado por el régimen actual.

¿Me pregunto si el Poder Judicial tumbará este acuerdo por ser abiertamente anticonstitucional, o guardará silencio? Ello probará su independencia. ¿Me pregunto si el acuerdo está alineado con los criterios para la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Ya se comprobará en los textos firmados. ¿Me pregunto si el Acuerdo forma parte de una estrategia político electoral? En breve se verá.

El oficialismo ha dado un duro golpe, por partida doble, a las instituciones ambientales haciéndolas quedar en ridículo y a la causa social de la defensa de los bosques y aguas de Michoacán mandando un mensaje preocupante: no nos interesa el futuro, si acaso, nos interesa la jardinería, pero nunca la profunda defensa de la naturaleza porque obstruye la mercantilización, el dinero y los negocios políticos, que son el fin mayor.