Acordar y cumplir una agenda magisterial

Por la dignificación estructural del trabajo docente en Michoacán

El pago de incrementos salariales retroactivos, que se retrasa y después acumula malestar, no es un tema menor. Nos han llegado quejas reiteradas de parte de trabajadoras y trabajadores de la educación en torno al incremento prometido que, una vez más, se retrasó en el cumplimiento del pago.

Hay una percepción generalizada —y comprensible— de que el dinero se está jineteando. Cinco quincenas se atrasaron en el pago del retroactivo en Michoacán, desde el 15 de mayo, cuando se prometió el incremento salarial en todo el país con motivo del Día del Maestro. Y, además, muchos reportan que el monto que finalmente llegó fue menor al del año anterior, lo que genera frustración y desconfianza.

Como el incremento fue directo al salario, el impacto en el cobro del Impuesto Sobre la Renta fue inmediato. Por eso es urgente que estas circunstancias se manejen con claridad, con un cronograma transparente y consensuado de pagos. Además, se requiere una explicación detallada del monto a incrementarse para cada trabajadora y trabajador de la educación.

Con voluntad política y visión digital, bien pudo haberse diseñado una aplicación web o una herramienta en línea para que el personal docente pudiera estimar el monto del retroactivo que recibiría. Esto habría evitado sorpresas, especulaciones y malentendidos.

Sabemos que la cuesta de agosto es particularmente difícil: el ciclo escolar se reinicia con aumentos en colegiaturas, transporte, uniformes y útiles escolares. En ese contexto, conocer con precisión los montos salariales a recibir es una necesidad para todos los paterfamilias.

Desde estos espacios, hemos insistido con urgencia en la importancia de identificar, acordar, establecer y resolver una auténtica agenda magisterial, que no es otra cosa que un inventario estructurado de rezagos, vicios y malas prácticas que han sumido al magisterio en precariedad, vulnerabilidad y abandono.

Dicha agenda debe asumirse como política pública de Estado, no como botín clientelar de coyuntura electoral. Se trata de abandonar la discrecionalidad o la improvisación, para construir una ruta con presupuesto etiquetado, calendarios definidos y mecanismos de seguimiento participativo.

Entre las medidas ya señaladas —como la federalización de la nómina, la dignificación salarial, y la digitalización de trámites laborales— es indispensable ampliar la agenda con acciones estructurales.

Hay medidas de política pública que deben sumarse a la agenda para dignificar plenamente la labor docente en Michoacán. Veamos:

1.            Reconocimiento constitucional del magisterio como profesión estratégica para el desarrollo del Estado. La docencia debe tener un estatuto jurídico, simbólico y salarial de alto nivel, como ocurre con otras profesiones críticas para el interés público.

2.            Sistema de desarrollo profesional docente con actualización continua, gratuita y en servicio. Las y los maestros no deben pagar de su bolsillo cursos, diplomados, certificaciones, especialidades, maestrías, doctorados ni posdoctorados para mantenerse vigentes. El Estado debe garantizarles formación pertinente, contextual y útil para la mejora continua de sus prácticas pedagógicas, máxime en el contexto de la aplicación y apropiación de un nuevo modelo educativo, la Nueva Escuela Mexicana, proceso aún inacabado, así como en atención y respuesta a la dinámica vocacional, científica y social propia de nuestra contemporaneidad.

3.            Carrera magisterial basada en mérito, vocación y liderazgo pedagógico. Se requiere un sistema de promoción y estímulos transparente, que reconozca el esfuerzo profesional, la innovación didáctica, el trabajo comunitario y los buenos resultados con grupos vulnerables, por encima de la llana antigüedad o de conceptos opacos y extra educativos como el “marchómetro”.

4.            Condiciones dignas de infraestructura escolar y materiales didácticos garantizados. No se puede exigir excelencia cuando las aulas están deterioradas ni hay baños funcionales y los docentes deben improvisar con recursos propios para trabajar.

5.            Atención prioritaria al bienestar emocional y salud mental del magisterio. El estrés crónico, el desgaste por empatía, la inseguridad en sus centros de trabajo y el hostigamiento institucional afectan la salud mental del personal educativo. Es indispensable garantizar acceso a servicios psicológicos, redes de apoyo, y condiciones laborales justas.

6.            Revalorización pública del trabajo docente mediante campañas permanentes de comunicación. La narrativa social debe cambiar: ser maestro o maestra es una labor admirable, no un oficio menor ni un refugio de supervivencia laboral. Hay que reinstalar el respeto hacia las y los docentes en el discurso público.

7.            Protección integral ante riesgos laborales, violencia e inseguridad. La violencia escolar, comunitaria y criminal afecta directamente al magisterio. Debe haber protocolos eficaces de protección, acompañamiento jurídico y reparación del daño.

8.            Reforma progresiva al sistema de pensiones y jubilaciones. No es justo ni humano que las y los maestros, después de décadas de servicio, tengan que buscar subempleo para completar sus gastos básicos. El asesinato de la Mtra. Irma Hernández Cruz es un grito de alerta que no puede ser ignorado.

9.            Atención prioritaria al magisterio indígena, rural y multigrado. Quienes enseñan en contextos de mayor vulnerabilidad requieren condiciones laborales específicas, apoyos extraordinarios y mecanismos especiales de reconocimiento y protección.

10.          Participación efectiva del magisterio en el diseño e implementación de políticas educativas. Nada sobre los maestros sin los maestros. No más políticas decididas desde escritorios lejanos. Se necesita una gobernanza educativa compartida, democrática y colaborativa.

Dignificar la docencia es una inversión estructural en el presente y futuro de Michoacán. Las maestras y maestros son los primeros garantes del derecho de niñas, niños y jóvenes a estar en la escuela, a permanecer y no ser expulsados por la pobreza o la violencia; a aprender con excelencia, recibiendo educación pertinente, significativa y transformadora y a participar con sentido, formando ciudadanía activa, crítica y propositiva.

Sin docentes respetados, protegidos y bien formados, no hay escuela posible. Y sin escuelas vivas, seguras y plenas, no hay democracia que valga ni futuro que alcance.

Como sociedad estamos a tiempo de construir una nueva relación con el magisterio: basada en el respeto mutuo, compromiso compartido y justicia estructural. Que no sea una promesa de sexenio ni una consigna de ocasión, sino un verdadero pacto social por la educación pública y por quienes la hacen posible cada día, en cada rincón de Michoacán.

¡Merecemos un gobierno educador!

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C