Abuso en la Iglesia: Lo que Pensilvania reveló/Felipe de J. Monroy

La publicación del extenso informe sobre los más de mil casos de abuso sexual contra menores acontecidos en seis diócesis de la Provincia Eclesiástica de Filadelfia no deja lugar a la indiferencia. La terrible indignación, vergüenza y dolor que deja en la Iglesia católica ese conjunto de detallados reportes que evidencian los abusos cometidos por más de 300 ministros y miembros de las comunidades arañan apenas la superficie de una profunda y desgarradora realidad social cuya problemática no ha logrado atenderse del todo.

El informe de mil 356 páginas intitulado 40th Statewide Investigating Grand Jury Report 1 es un gran compendio de informaciones obtenidas de investigaciones sobre casos de abuso sexual contra menores realizadas en seis diócesis del estado de Pensilvania desde los años 40: Allentown, Eire, Greensburg, Harrisburg, Pittsburg y Scranton. En la parte introductoria (de las seis partes en que está constituido el profuso informe) se asegura que “se recabaron decenas de testimonios, los cuales fueron contrastados con millones de páginas de documentos diocesanos; ellos contenían alegaciones creíbles contra trescientos sacerdotes abusadores. Más de mil menores víctimas fueron identificados tan sólo de los propios registros de las iglesias”.

En el proceso de recopilación de información, el Gran Jurado advirtió una especie de “procedimiento” o “manual” con el que las diócesis intentaron resolver las acusaciones contra sus ministros: Primero, usar eufemismos. Nunca decir ‘violar’ sino ‘contacto inapropiado’. Segundo, no realizar pesquisas genuinas sino enviar a otros clérigos cercanos. Tercero, enviar a sacerdotes a ‘evaluaciones’ en centros psiquiátricos administrados por la propia Iglesia. Cuarto, no informar a la grey de las verdaderas razones del cambio del sacerdote. Quinto, aun cuando un sacerdote haya violado a un menor seguir proveyéndolo de alojamiento y medios de vida, recursos que en muchos casos le facilitaron cometer otros crímenes. Sexto, cuando el comportamiento de un ministro se hace del conocimiento de la grey (y se genera el escándalo), transferirlo a una nueva localidad. Y séptimo, no pedir la intervención policial.

El informe del Gran Jurado es un terrible pero necesario registro del tipo de documentación que suele transitar por las viejas venas de instituciones sumamente grandes, burocratizadas y embozadas de códigos jerárquicos, de control y de poder. Entre las páginas del profuso reporte se encuentran desde el inmenso pantano del historial de los casos (en el que muchos medios de comunicación han deseado regodearse), hasta los “códigos de comportamiento pastoral” que algún obispo instruyó entre su clero, hasta reproducciones de cartas confidenciales en las que queda evidencia de la impericia o el dolo (cada caso es diferente) con el que superiores y obispos atendieron estos crímenes.

Frente a este incontrovertible reporte, las diócesis aludidas (al igual que la Iglesia norteamericana y la Iglesia Universal en voz del propio Papa Francisco) han intentado dar acciones concretas no sólo de vergüenza y arrepentimiento moral sino de cambios radicales de organización y liderazgo para ayudar de veras a las víctimas y para establecer protocolos que eviten estos crímenes en sus organizaciones e instituciones diocesanas. Las diócesis del reporte ya han levantado oficinas y servicios especializados (incluso bilingües) para ayudar a víctimas de abuso sexual; también han autorizado nuevos modelos de cooperación con las autoridades locales. Por supuesto, los obispos, los ministros y la grey católica no esperan recuperar la confianza de la sociedad de inmediato, pero en general -y a pesar de lo que algunos han señalado- confían en que las medidas de “tolerancia cero”, implementadas desde el pontificado de Benedicto XVI son las correctas.

Los datos obtenidos por el Gran Jurado de Pensilvania revelan que en esas diócesis hubo casos de abuso sexual contra menores aún después de la “tolerancia cero” e incluso ya en el pontificado de Francisco; pero hay un dato esclarecedor también proveniente del informe: En la diócesis de Pittsburg, los incidentes reportados por década desde los años 40, indican que entre 1960 y 1989 existió un crecimiento exponencial de reportes de abusos (entre 60 y 80 casos por década) pero disminuyen radicalmente a partir de los 90 (15 casos) y a menos de cinco y seis en las primeras décadas del siglo XXI.

Lo acontecido en la Iglesia católica de Pensilvania no es exclusivo de los Estados Unidos, hay muchas latitudes y países que deben reflejarse en ese espejo del informe del Gran Jurado. Hay que reconocer también los esfuerzos a largo plazo que algunas instituciones intentan desarrollar hoy para que solidifiquen y prosperen mañana: Ahí está el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, el Centro Especializado en el Tratamiento Preventivo y Restaurativo de casos de Abuso y certificación de comunidades seguras (REPARARE). Todas las grandes instituciones cuya masividad, burocracia y códigos jerárquicos de control y de poder acallan la voz de las víctimas y eluden el acto definitivo de la justicia.

@monroyfelipe