Al derecho y al revés
La pregunta del título es obligada a partir de la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla a la dirección general de Petróleos Mexicano.
El orgullo que representaba Pemex como nuestra gran empresa petrolera y energética, “palanca del desarrollo nacional” después de la expropiación encabezada por el general Lázaro Cárdenas en 1938, hoy es símbolo de ineficacia, ineficiencia y corrupción, entre muchas otras cosas de índole negativa.
Desde hace muchos años esta empresa paraestatal fue “la caja chica” de los sucesivos gobiernos desde la que se forjaron enriquecimientos indebidos y conductas lícitas (ahí está el caso de Jorge Díaz Serrano, quien fue encarcelado en 1983, el de Emilio Lozoya o los escándalos de líderes sindicales como “La Quina” o Romero Deschamps).
A la vez de presumirla como la panacea para obtener los dineros suficientes para inyectarlos al desarrollo del país, López Obrador identificó a Pemex como un instrumento fundamental en su estrategia financiera para, una vez llegado al poder, utilizarlo como si fuera de su propiedad. Y eso fue lo que hizo a partir del 2018 al nombrar a su paisano Octavio Romero como director de la empresa, quien había sido su oficial mayor cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (de 2000 a 2005), cuando este órgano (la Oficialía) decidía a dónde y para qué y cómo se invertían los dineros del gobierno capitalino.
Octavio Romero era su hombre de confianza para el manejo de los recursos financieros. Por eso, doce años después -ya en el 2018-, como presidente electo, López Obrador lo designó director general de Pemex. ¡Era obvio que quería allí a alguien que aprovechara todas las potencialidades de acceso a dineros que la petrolera le significaba para inyectarlos a su proyecto político y evitar que en pocos años (si no es que nunca) los desplazaran del poder.
De la mano de esa decisión, y apareciendo públicamente como “la gran decisión política”, vino la llamada contrarreforma energética para echar atrás –así decía López Obrador- las “reformas neoliberales”, lo que permitiría al Estado mexicano retomar el control del sector energético.
Es una verdadera paradoja que con el mayor control estatal de Pemex (y CFE), supuestamente para generar mayor productividad y confianza para los inversionistas privados, éstos hoy estén saliendo con sus capitales hacia otros países. Evidentemente, porque los particulares tienen desconfianza de este gobierno, de sus reformas judiciales que no ofrecen certeza jurídica y terminan así escapando de la incertidumbre.
Viene a colación que el pasado lunes 18 de mayo participé en un ilustrativo foro en el Senado de la República sobre energía, organizado por ex legisladores federales agrupados en la Red Nacional de Exlegisladores.
Los magníficos ponentes sobre distintos temas del sector, como Israel Hurtado, Rosanety Barrios y Francisco Barnés de Castro, echaron muchas e importantes luces sobre por dónde se debe construir el nuevo horizonte energético del país.
Me centro en Barnés de Castro, especialista en hidrocarburos, quien nos expuso un negro panorama –aunque no apocalíptico- de Pemex en todos sus aspectos. Muchos de los datos ya se han publicado pero me llamaron poderosamente la atención los referidos al “huachicol” y el “huachicol fiscal” como componente de los causantes del enorme problema financiero de Pemex: resulta que ¡50 mil barriles de petróleo crudo le roban diariamente a la paraestatal!, sin descontar muchas otras actividades delictivas que solo se pueden realizar bajo el cobijo de una amplia banda delictiva protegida por el poder federal.
Echarle la culpa a una persona es fácil. Otra, la de fondo, es asumir que el problema es sistémico. Por ello se requiere un redimensionamiento integral de Pemex para hacerla productiva, para lo cual hay propuestas, alternativas (como la planteada por el Dr. Barnés). Pero es lo que no se ha querido hacer desde el gobierno.




