¿Y los 15 puntos de ventaja?

Sabemos que no existe la democracia perfecta y por ello no debemos escatimar los avances que ha logrado nuestro país en su difícil tránsito hacia un sistema político donde sean los votos los que den legalidad y legitimidad a quienes nos representan y gobiernan, base fundamental de cualquier régimen que presuma de ser democrático.Sabemos que la democracia no es sólo un procedimiento simple para elegir a quienes representan y deciden por los ciudadanos ya que es un concepto más amplio –nuestra Constitución la concibe como un “sistema de vida”- e implica que sea el pueblo el que decida y mande en todo momento, aún en democracias representativas, a través de diversos instrumentos de política pública; entre ésos, está un sistema electoral que comprenda instituciones públicas, reglas del juego, actores que representan la pluralidad social, una competencia equitativa y la emisión de un voto informado y libre –un voto “de calidad”.Revisar estas ideas es importante para entender qué representan para nuestra sociedad las coyunturas electorales pero también, para ello, para valorar mejor, debemos recordar de dónde venimos y por qué nos cuesta trabajo remontar viejas y nuevas prácticas que impiden el forjamiento de una ciudadanía plena empezando por reconocerle su derecho a decidir de manera libre.En ese sentido, el control corporativo ha sido el sello del viejo régimen para sustituir el voto, como fuente de legitimación de la voluntad ciudadana, hecho que no acabó, por cierto, con la alternancia partidaria que vivimos en el 2000 –donde Vicente Fox dilapidó el capital político con el que arribó a la presidencia, pero no al poder-. El corporativismo significa, de manera muy esquemática, control social a través de representantes sectoriales avalados y avaladores, a su vez, del régimen y del mandatario en turno; era y es, en pocas palabras, la manifestación abierta de las “fuerzas vivas”, hoy llamados poderes fácticos (medios de comunicación, jerarquía católica, empresarios, instituciones financieras y comerciales supra nacionales y líderes sectoriales a modo), para legitimar el ejercicio del poder, utilizando un voto, manipulado y supuestamente emitido, como instrumento de legalidad de los gobernantes en turno en una simulación burda de vida democrática. Así fue hasta principios de los noventa.Antes de la alternancia el partido hegemónico, que duró formalmente más de 70 años en el poder, sintetizaba a la nación dividiéndola en corporaciones, donde todos cabíamos, para facilitar su control; en esta etapa el voto no era necesario para ganar una elección y tener legitimidad. El “dedazo”, la gestión de gobierno (de corte populista), las concesiones a líderes y poderes fácticos –y la represión selectiva, cuando se requiriera- eran suficientes para mantener la “paz social”.Durante los gobiernos panistas el sistema corporativo no se tocó y sirvió, de manera pragmática, para mantener legitimidad de algunas políticas públicas y cierta estabilidad a cambio de mantener privilegios e impunidad a los líderes, además de permitirles el manejo patrimonial de sus organizaciones. En ese tiempo, sin embargo y ante la apertura económica, dos cosas cambiaron –algunos analistas vieron en ello el “fin del corporativismo”-: primero, que el voto en las urnas se consolidaba como vía para legalizar las elecciones -ahora se tenía realmente que contar- y, segundo, los dirigentes de las organizaciones “oficiales” entendieron que el gobierno cambió de siglas pero no de prácticas y que ellos, los líderes corporativos, seguían siendo funcionales para el sistema -incluso ni siquiera tuvieron que apartarse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sólo algunos quitaron la afiliación forzosa al partido-, en la medida que garantizaran control y estabilidad a cambio de sostenerles canonjías, principalmente económicas –el “dedazo”, políticamente, desapareció y ya no podía garantizarles a los líderes una curul y ahora tenían que ganarla a través del voto; ellos perdieron espacios e influencia política que fueron ocupados por los partidos y los medios.Los líderes corporativos (sindicales, empresariales, campesinos, etc.) empero, seguirían siendo parte de la élite gobernante, de una parte de ella, siempre y cuando fueran leales al régimen. Estos “líderes” entendieron bien el cambio y se alinearon. En suma, el corporativismo tendría ahora que convivir con la “legitimidad” del voto pero sólo a nivel político, no en lo social y lo económico: habría que aceptar un cambio para que nada cambiara en sus intereses sustantivos.Debido a lo anterior, el corporativismo social y político si bien vive en crisis, se ha visto intocado por el avance de la democracia y por ello es raro ver a sus líderes participar en una elección para un puesto de mayoría relativa; si entran a una curul es por la vía de las plurinominales ya que son muy cuestionados socialmente. En el seno de sus organizaciones priva la opacidad financiera y la falta de democracia: su representación es impuesta y solapada, de manera corrupta, por la autoridad. No existe aún, en México, la libertad de asociación. Lo anterior viene a colación porque ahora que hemos tenido elecciones hemos sido testigos de un régimen que se niega a morir y hace convivir fórmulas viejas con nuevos y “modernos” instrumentos de control para evitar que los ciudadanos puedan decidir libre, informada y razonadamente, por quién votar. Hoy votamos y el voto se cuenta, sí, pero la calidad del voto deja mucho que desear.Hoy tenemos elecciones con diversas opciones que buscan representar la pluralidad política y social pero la inequidad está presente; en el fondo, quienes realmente mandan en este país tienen miedo a la libertad y a la corresponsabilidad de los ciudadanos; tiene miedo a la transparencia, al escrutinio y a rendir cuentas; tiene miedo, en síntesis, a dejar el poder; sólo aceptan renovar, parcialmente, sus élites a través de las elecciones pero no están dispuestos a cambiar de rumbo ni a dejar de seguir gobernando: sin importar siglas, son los mismos.En esta ocasión, en la elección del 2012, ha sido burda o perversa, como se quiera ver, la manera en que, en estos años pasados, se ha venido construyendo la imagen de un candidato, Enrique Peña Nieto, a través de una estrategia mediática y mercadológica y luego, durante las campaña electoral, tratar de hacerlo competitivo a través de encuestas y sondeos donde, desde hace mucho tiempo, se le ubicó con una clara ventaja sobre sus oponentes –claro, se hizo empezar desde más abajo al candidato más “peligroso”, Andrés Manuel López Obrador-. “Líderes de opinión” orgánicos -al servicio del poder y de algunos medios-, y otros cooptados, se pasaron todo el tiempo tratando de convencer a la sociedad que la elección estaba definida: había, cuando menos, 15 puntos de ventaja del candidato del sistema sobre su principal opositor –éste, AMLO, debería, dentro de esa lógica persuasiva, estar conforme con su esfuerzo y el apoyo ciudadano recibido porque remontó desde el 3er lugar que ellos le asignaron arbitrariamente al principio de la contienda. Era y es imposible, en su óptica, remontar tal diferencia. Así lo han querido “vender” en el linchamiento mediático contra AMLO después de la jornada electoral, así se forja la realidad.La “realidad política” se construye a través de la percepción, que es la forma en que vemos y captamos lo que pasa cotidianamente y lo que “asimos” de ella tiene que ver con nuestra idiosincrasia y la información que nos brinda el entorno, en especial los medios y el particular la televisión. Así nos vamos haciendo de “conocimientos” y de juicios. La estrategia central para neutralizar la oposición incomoda –conociendo sus antecedentes y teniendo en cuenta lo sucedido en el 2006- fue tratar de generar en el ánimo colectivo la percepción de una gran diferencia entre los contendientes, en particular entre Peña Nieto y López Obrador, así, además de generar el sentimiento de fatalidad sobre el regreso del PRI a la presidencia –aderezado con la construcción mercadológica de la imagen de un candidato “carismático”- sería más fácil manejar la opinión pública y la aceptación social de los eventuales resultados; las “fuerzas vivas”, la cargada corporativa, incluyendo a los medios afines, se encargarían de ir acorralando y evidenciando la intolerancia, la predictibilidad y la naturaleza contradictoria de López Obrador.Durante la campaña, cuando la candidatura de AMLO crecía, la táctica para someterlo, además del torpedeo de los sondeos y las encuestas en los medios, se pasó al plan b): atacarlo para hacer crecer sus “negativos”. La izquierda, dice Giovanni Sartori, tiene su virtud en la solidaridad, la lucha contra la injusticia y la honestidad su principal fortaleza pero también su talón de Aquiles –eso lo sabemos bien en Michoacán-, así que poner en duda la honestidad y las intenciones “amorosas” de AMLO fue una constante. El ridículo pacto de civilidad que promovieron los empresarios y que avaló el IFE llevaba dedicatoria: fue sólo un instrumento más para acorralar a López Obrador y exhibir su conducta postelectoral, más si se sale de los cauces legales –que ya de por sí cuestionan.El propósito de esta estrategia de deslegitimación no sólo es afectar la imagen y polarizar a la sociedad sino sobre todo construir percepción, es decir que la sociedad vea lo que el sistema quiere que se vea. Manipulación pura y entre más ignorancia, entre más televisiva sea nuestra fuente de información más efecto tendrá en nuestra “opinión” y visión de la realidad. –contra eso se levantó el #soy 132; contra la manipulación de la información.A Josefina Vázquez Mota la mandaron al matadero, en vez de tomar distancia la obligaron a defender el gobierno de Felipe Calderón; le mataron su slogan (¿“diferente” de qué?) y su campaña. Lo señalé antes y lo confirmo ahora, el PAN, un cierto sector desde mucho antes (Fox, Fernández de Cevallos, Gómez Mont, entre otros) y finalmente el Presidente Calderón, que era la principal resistencia, terminaron por convencerse y claudicar a favor de Peña Nieto –ahora, hasta desde el gobierno le están trabajando los “reconocimientos” del exterior con el objeto de que quede claro a la sociedad y al mundo que la elección ya terminó y que no hay vuelta atrás. Antes incluso de que terminaran de cerrar algunas casillas, a Josefina la mandaron a reconocer su derrota para cerrar el paso a la “beligerancia” lópezobradorista; se trataba de preparar el terreno de la resignación.El discurso presidencial, después del Presidente Consejero del IFE, al final de la jornada electoral, es la mejor evidencia de un Ejecutivo que no deja de vanagloriarse de lo que carece: talante democrático. Otra vez un mensaje hostigador a AMLO y sus seguidores y, de paso, a elogiar su gestión. Lamentable.El otro punto de la estrategia electoral “ganadora” se basó en una nueva forma de controlar la “voluntad” ciudadana y que cuestiona el objetivo del financiamiento público para las campañas, es decir, tiene dos pilares: el derroche de gastos, que rebasa con mucho los topes de campaña, ya de por sí altos, y la compra y coacción del voto.Si para las autoridades electorales ha sido difícil aplicar una ley electoral compleja aún lo será más al momento de fiscalizar los recursos recibidos y gastados por los partidos y sus candidatos en las campañas. Ha sido grosera y poco clara la manera en que se han derrochado recursos a lo largo de las campañas que no duraron, por cierto, sólo 90 días. Lo peor es que esa irregularidad, por sí misma, no es una causal para anular la elección, así que los partidos que rebasan los topes de campaña toman una decisión calculada sabiendo que sólo podrán ser sancionados económicamente –el fin justifica los medios. Lo dijo Calderón: ganar, “haiga sido como haiga sido”.La compra y coacción del voto en un país con tantas necesidades y pobreza es un terreno fértil. La entrega de despensas, de cemento, de materiales de construcción, el uso de programas públicos y ahora el uso de tarjetas electrónicas para lucrar con la pobreza son realmente acciones patéticas e inmorales. Debieran avergonzar a los partidos y candidatos que las promueven. Es cierto, quizá no se compren tres millones de votos con una tarjeta para ir a adquirir bienes a una tienda de autoservicio, pero indican algo más preocupante: que a esos potenciales gobernantes que compran conciencias les interesa mantener la ignorancia, la desigualdad y la pobreza como fórmula para sostener su hegemonía; el discurso de la prosperidad y el bienestar es para los medios y sólo en tiempos de campaña.Este país más que leyes, lo que necesita es un mayor compromiso ético con el respeto a la legalidad, autoridades que realmente apliquen la ley y acaben con la impunidad -¿alguien cree de verdad, por ejemplo, que la FEPADE sirva para algo?-, una mayor voluntad de los actores políticos para llegar a consensos, que respeten su palabra, que ayuden a mejorar el país y el nivel de vida de sus pobladores, así como a arribar a una democracia sólida.Soy de los que piensa que López Obrador tiene derecho, como cualquier mexicano, a inconformarse no sólo por los resultados sino por la calidad legal de la elección, pero también pienso que no será posible revertir lo sucedido. Por ello, sería más conveniente apostar a la construcción de una sociedad civil más fuerte que sepa exigir a sus gobernantes, a una ciudadanía que les demande transparencia, honestidad y rendición de cuentas; apostar, a la vez, a la recomposición de una izquierda que tenga claro su proyecto de nación, que deseche oportunistas y desde ya empiece a forjar las condiciones para convertirse en una opción viable, no sólo electoral sino también social, para los años por venir.Sí, hoy tenemos instituciones, muy costosas, que saben organizar elecciones y contar votos, incluso que atiendan algunas controversias, pero nos falta cuidar las condiciones de equidad, verdadera equidad, en que se da la competencia electoral, nos falta diseñar mejor un sistema de financiamiento y fiscalización de recursos a los partidos políticos –hoy, se reconozca o no, hay injerencia, de muy distintos niveles, del crimen organizado y grupos económicos poderosos, locales y extranjeros, en la elecciones- y campañas centradas en el debate de propuestas, en la organización territorial válida de los militantes y simpatizantes pero con un rechazo absoluto a la compra y coacción del voto, a lucrar con la pobreza; quien lo haga debe ser denunciado y sancionado, sin pretexto alguno. No tengamos miedo a forjar ciudadanos libres, pensantes y corresponsables. Dignifiquemos nuestra forma de hacer política, nuestra democracia. No más simulaciones.