Endeudamientos inexplicables

Hace apenas una década el tema del endeudamiento en estados y municipios no era un asunto que llamara la atención de nadie. En el año 2002 el monto total de la deuda de los gobiernos locales ascendía a cien mil millones de pesos. Al cierre del 2012 la cifra se cuadruplicó al registrar un monto superior a los 400 mil millones de pesos, sin que dicho incremento pueda ser explicado en términos satisfactorios por ningún gobernante, ni estatal ni municipal.Llama la atención que en forma concurrente a este crecimiento exponencial de la deuda se hayan logrado históricas transferencias presupuestales desde la federación a los estados y a los municipios a través, no sólo del reparto de los excedentes petroleros, sino de una serie de programas, convenios y fondos que antaño no existían. Fondos de aportaciones para la infraestructura social, Fondos para el fortalecimiento de los municipios, Fondos de aportación para la educación, para la salud y para la seguridad, entre otros, vinieron a ser un importante apoyo para el desarrollo de las entidades y para los ayuntamientos de todo el país.Sin embargo, hoy por hoy, ningún gobierno, ni federal, ni estatal ni municipal ha explicado a sus ciudadanos las razones por las cuales han hipotecado el futuro de todos. Nadie se ha responsabilizado de las consecuencias de gastar en forma anticipada más recursos que los disponibles o los aprobados para sus respectivos periodos de gobierno. Es sabido que no todas las deudas causan daño. Aquellas que se contratan para ampliar la infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, caminos, obras hidráulicas, entre otras, suelen ser benéficas para las comunidades porque adelantan el uso y el disfrute de bienes y servicios públicos, generan empleo y contribuyen a fortalecer la planta productiva, pero las deudas que se destinan al pago del denominado gasto corriente del gobierno es la más perjudicial pues no retribuye nada a la comunidad y sí deja a los contribuyentes la herencia de su pago casi a perpetuidad.El caso es que en los últimos diez años la gran mayoría de las obras construidas en el país fueron realizadas por el gobierno federal y financiadas a través de los fondos etiquetados en los presupuestos de egresos tanto federal como estatales, luego entonces la pregunta es: ¿en qué se han invertido más de 300 mil millones de pesos contratados en diversos instrumentos de deuda por los estados y los municipios? ¿Esa enorme deuda se invirtió en infraestructura o en pago de suelos y prerrogativas para mantener una burocracia muchas veces improductiva? ¿A quién se debe adjudicar la responsabilidad por los montos de las deudas contratadas? ¿Quién debe explicar a los ciudadanos el costo que tendrá en el presente y en el futuro el haber gastado por anticipado el presupuesto público?Por vía de mientras ya la Secretaría de Hacienda fijó postura al respecto al señalar que no rescatará a los municipios endeudados, aunque a algunas entidades sí las rescatará, pero lo que sería más importante resolver es fijar un tope o poner un freno a gobiernos irresponsables que saben gastar pero no saben trabajar ni saben explicar el uso y el destino de los recursos públicos. No debe haber más deudas inexplicables, no debe haber más vacíos de información. No debe seguir existiendo más complicidad de legisladores locales que a cambio de dádivas y beneficios personales han permitido e incluso autorizado y aprobado las deudas inexplicables que por muchos años habremos de pagar.