El Nudo Gordiano/Horacio Erik Avilés Martínez

A pesar de que las autoridades respectivas hacen esfuerzos cada vez más desesperados por sostener con saliva lo que son incapaces de hacer prevalecer desde su función pública, las evidencias de su falta de rectoría en cuanto a la operatividad del sistema educativo michoacano son visibles por doquier y su credibilidad se ha sumido al fondo, la que sumada a la ineficacia e ineficiencia en la implementación de la política pública educativa, sitúa a la estructura de la SEE en el nivel más bajo de legitimidad que ha habido en muchos años. La contrarreforma educativa se opera rampantemente y no hay quien ponga un alto a las tropelías que se cometen desde los escritorios de muchos funcionarios que envilecen áreas de servicio que deberían de estar plenas de probidad y ejemplaridad por sus actuaciones. Les restan siete meses y medio al frente de la educación estatal, que es demasiado tiempo como para que no intenten recomponer el estado de la cuestión, pero han mostrado muy pocas señales de querer despedirse con alguna pincelada de dignidad y decoro, por lo que hay que exigirles desde la sociedad que realicen al menos unos meses la labor por la cual están contratados como nuestros empleados.

Sin embargo, mucho más allá del ápice de buena fe que se pueda depositar en el gabinete educativo actual, los verdaderos causantes de la estentórea ingobernabilidad del sistema educativo buscan por todos los mecanismos extender su hegemonía más allá de la finalización de este periodo gubernamental. Desde la vía institucional día a día se giran oficios que regularizan situaciones torcidas; siguen sucediendo en cascada acontecimientos que día a día aparecen en la nota roja de los diarios, como consecuencia del fallido funcionamiento del sistema educativo michoacano;  en el coyuntural entorno electoral no sorprende que que empiecen a aflorar precandidatos y candidatos emanados de las cloacas del sindicalismo y la corrupción magisterial. Hoy ya hay quien cobra en la Secretaría de Educación en el Estado sin devengar su salario y ahora aspira a legislar, hay quien ha pactado con la CNTE y pretende conseguir el voto popular para sentarse en el Solio de Ocampo, sin que haya autoridad que les ponga un alto, sino que son validados por las estructuras partidarias a pesar de las evidencias contundentes que señalan su incapacidad de cumplir con la profesión docente, de la cual obtienen quincenas inmerecidas y ahora pretenden escalar en la pirámide a costa del erario público.

Por otra parte, en la encarnizada lucha por el control de las escuelas de tiempo completo, se toma la decisión de cerrar las escuelas conflagradas, en lugar de hacer prevalecer el Estado de Derecho en las mismas. En otra acción, tremendamente sesgada, se giran oficios de notificación a los docentes que no son afines a la CNTE en la Escuela Primaria Experimental “Juan Ortiz Murillo”. Es claro que, parafraseando la bíblica parábola del rey Salomón,  hay quien prefiere ver muerta una comunidad de aprendizaje, antes que fuera de su control sindical y político.  El asunto es que quien tomó la decisión fue la propia autoridad, que dista enormemente de ser salomónica y obedece torpemente a los intereses de la CNTE.

En suma, se está tejiendo cada vez máscomplejamente el nudo gordiano de la contrarreforma educativa. Y la corrupción e incentivo torcido que ello constituye no se circunscribe al ámbito educativo exclusivamente, sino que el cáncer cunde a todas las esferas de la vida en Michoacán.  Por ejemplo, kafkiano resulta que el pésimo ejemplo que ha puesto la actitud genuflexa del Gobierno del Estado ante las presiones de la cúpula del sindicalismo magisterial se ha extendido a la relación que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que acaba de arrancar una minuta que está trazada al más puro estilo de la CNTE, leamos:

“se incorpora al Artículo 9°. de nuestras condiciones (de trabajo) el siguiente texto: el Consejo del Poder Judicial otorgará las plazas de intendente que queden vacantes por jubilación, pensión o fallecimiento del trabajador sindicalizado al cónyuge e hijo, concubina o concubinario siempre y cuando reúna los requisitos previstos en el Artículo 127 fracción I y II, de la Ley Orgánica, así como el Artículo 7°, fracciones I,II,III,IV, VI, VII, VIII y X de las Condiciones Generales de Trabajo”.

Sin duda, resulta indignante que con visión propia del rancio México corporativista del siglo pasado, se comprometan espacios laborales sin el más mínimo apego a la cultura del esfuerzo, a la prevalencia de la formación académica y de la capacidad individual. Era de esperarse que en una entidad en la que el Poder Ejecutivo no  tiene autoridad para entregar plazas docentes exclusivamente a través de un concurso de oposición abierto, sentara precedentes que replicase enseguida el Poder Judicial.

Empero, no olvidemos que con mucho esfuerzo y sacrificio México se atrevió a iniciar la largamente aplazada reforma de su sistema educativo. La modificación al Artículo Tercero Constitucional y la expedición de sus nuevas leyes reglamentarias fueron respaldadas por la gran mayoría de los ciudadanos, actores políticos nacionales y por los estados mismos. Michoacán no fue la excepción y la LXII Legislatura hizo un esfuerzo encomiable por lograr que el derecho a una educación de calidad, la meritocracia y la transparencia en el uso de los recursos educativos fuesen la norma imperante en la entidad y en la nación. Es momento de exigir que  se deje de entreverar más y se rompa de una vez el nudo gordiano que tejen con interpretaciones torcidas y leguleyas de la Reforma Educativa en la SEE, para que mínimamente se aprovechen estos meses de transición para regularizar la situación educativa en Michoacán. Sin duda, los niños y jóvenes michoacanos agradecerán ese gesto de decencia para con ellos, especialmente en materia de rezago de infraestructura, equipamiento, cantidad, cobertura y calidad educativa.

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