Este pasado domingo el Congreso Federal, en acción concertada entre el PRI, el PAN y un sector del PRD -partido del cual cinco legisladores michoacanos inesperadamente votaron en el mismo sentido que los anteriores partidos, a saber: Silvano Aureoles Conejo, Antonio García Conejo, José Luis Esquivel Zalpa, Victor Manuel Manríquez González y Verónica García Reyes- se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual fue a su vez ratificada por el Senado. Esta ley, si bien contempla una serie de factores que permitirán mayor transparencia en el ámbito de recursos humanos en la Secretaría de Educación Pública y una mejor selección de los maestros, también destapa la caja de Pandora en cuanto a su posibilidad de implementación, debido a la inconformidad que se ha desatado en una cantidad creciente de entidades federativas. No es un asunto menor, ya que existe el riesgo latente de una inminente michoacanización del sistema educativo mexicano, ya que por extensión,  la CNTE  ha llamado a la desobediencia civil, mientras alega con una gran cantidad de puntualizaciones, algunas con cierta dosis de legitimidad y otras totalmente sofistas las razones por las que se debe de revertir el proceso legislativo, al igual que lo ha realizado consistentemente durante los últimos 24 años en nuestra entidad.

Al concluir el proceso con la aprobación de la ley, la CNTE en cuanto al resultado obtenido en ningún caso debería de señalarse triunfadora, ya que por lo logrado, solamente puede señalarse que recibieron una derrota estrepitosa ante todo su arsenal de tácticas de presión. Tal vez por esta razón, el primer boletín que emitieron desde la cúpula sindical después de la votación en el Senado se tituló “No nos han derrotado”. A pesar de que no lograron sus objetivos planteados hay que tener muy en cuenta que entidades federativas que habían permanecido durante décadas al margen de los clamores de la CNTE, en esta ocasión se sumaron parcialmente, mientras que muchos compatriotas que ya tienen una posición definida políticamente hablando, también simpatizan con la postura de la CNTE, la cual buscarán llevar una vez más a posiciones irreductibles para tener un mayor margen de negociación, administrando su derrota.  Es un hecho que seguirán la lucha por todas las vías posibles. Por lo pronto anuncian amparos al respecto por parte de los militantes de la CNTE, que sin duda se aunarán a la serie de medidas de presión ya cotidianas que les caracterizan.

En este contexto, es importante subrayarlo: sin un rescate del sistema educativo michoacano por parte de la Federación que contemple resolver las necesidades más sentidas de las aulas en que se educan a los niños y jóvenes michoacanos, el discurso de la CNTE seguirá teniendo una cierta dosis de legitimidad y ante la polarización dada por la reciente lucha suscitada en la Ciudad de México, generará un “efecto –boomerang” que dificultará aún más la gobernabilidad educativa estatal. Sin una reivindicación de la labor docente, del mejoramiento sustancial de sus condiciones laborales, aunada a una mayor inversión en infraestructura y equipamiento educativo, la reforma a los artículos 3° y 73° constitucionales, así como la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente habrán constituido solamente una victoria pírrica y la CNTE habrá convertido una derrota estrepitosa en una sonante victoria.

En todo lo anterior, hay que reconocer que en la reforma educativa existe un enorme costo político sobre la mesa, el que ya se ha asumido de una vez por todas por parte del Gobierno Federal y de los partidos políticos que la impulsaron al momento de llevar la iniciativa al pleno del Congreso Federal. El caso es que de cualquier forma se incurriría en desgaste del capital político en caso de no llevarse hacia adelante este proceso, ya que estaba comprometida desde antes la palabra presidencial. Ahora que se ha dado el paso, hay que asumir que la verdadera batalla que entablará la naciente reforma educativa nacional es contra el tiempo, tanto en lo político como en lo académico, ya que el ciclo escolar 2013-2014 ya está en marcha y esto dificultará la implementación de las modificaciones legales en este periodo, por lo que muy probablemente se iniciará hasta agosto de 2014, precisamente en tiempos víspera electoral que enrarecerá su consolidación.

En todo lo anterior, es importante tener muy en claro que el proceso de construcción de la legislación ahora vigente no fue el más óptimo. Tenemos que transitar de la democracia de mayorías a la de consensos, en donde haya espacio para que la disidencia vea reflejadas sus propuestas sin verse arrinconada ó defenestrada. Sin embargo, en descargo del procedimiento, la pregunta es: ¿cómo negociar incluyentemente con uno de los grupos sindicales más radicales de la nación sin que dejen de estar en el centro de la toma de decisiones los niños y jóvenes mexicanos?

Los militantes de la CNTE deben entender que hay otros canales a disposición de quienes deseen realizar un modelo educativo dado. La alternativa está clara: luchar educando  a la nación y estando presentes en el aula ó  simplemente radicalizarla y llevarla al borde del colapso en medio de la corrupción y simulación rampantes, como lo han hecho por décadas en Michoacán.

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