Comisionados sindicales: El lastre/Horacio Erik Avilés Martínez

Comisionados sindicales: El lastre

Ante el anuncio que ha realizado el Lic. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública en México, respecto a que ha transferido el pago de la nómina de los comisionados sindicales al SNTE, liberando a las arcas de nuestro sistema educativo de tan ilegítima responsabilidad, se espera que estos miles de millones de pesos impacten positivo en el desarrollo educativo nacional. Lamentablemente, en Michoacán esta medida no es de aplicación inmediata. En absoluto, dado que nuestra entidad cuenta con un doble blindaje para sus comisionados sindicales.Los funcionarios educativos de por lo menos las últimas dos décadas han permitido que la CNTE, que no es otra cosa que un grupo al interior del SNTE,  sea reconocido como sindical, sin que cuenten con la toma de nota respectiva ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ocasionando toda clase de problemática por la funesta “doble negociación” que constituye un flagrante desvío de recursos elevado al cuadrado.

¿Quién otorga patente de corso a los funcionarios para comprometer perennemente nuestros impuestos ante un grupo de privilegiados? Nadie, pero ellos se han extralimitado históricamente en el ejercicio de la función pública, prefiriendo granjearse a los líderes de la CNTE que favorecer a millones de michoacanos brindándoles una educación de calidad.

Ya es impostergable que el gobierno actúe de manera diferente. Ya que una vez más la CNTE ha anunciado su botín como lo pronosticábamos hace días, presumiendo haber arrebatado una vez más recursos a la SEE. Al respecto, la sociedad civil organizada no se ha quedado de brazos cruzados. Mexicanos Primero interpuso en 2014 varias denuncias penales en contra de los responsables del desvío educativo entre ellas la del secretario general del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección XVIII de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, en donde se demostró mediante un análisis detallado que Ortega Madrigal estuvo al menos 99 días hábiles fuera de su centro de trabajo – en actividades ajenas a la docencia- participando en marchas y movilizaciones. A pesar de ello, se le hicieron pagos con recursos federales y éste los aceptó en contravención con la normatividad. Tan sólo del 2010 al 2015 Ortega percibió salarialmente dos millones 052 mil 231.10  pesos, sin trabajar como maestro.

Esta reducción al absurdo ejemplifica la misma situación de al menos quinientos comisionados más de la CNTE,quienes además de no devengar su salario, se dedican sistemáticamente a arruinar la institucionalidad y la normalidad mínima en las escuelas michoacanas. Es decir, pagamos para que demuelan la capacidad educadora de nuestras comunidades de aprendizaje. Llegó el momento de que esta organizaciónreplantee sus objetivos, al haber dilapidado la credibilidad que costó incluso sangre por construir un movimiento democratizador al interior del sindicato más monolítico, grande y tiránico que se constituyó en el subcontinente latinoamericano durante el Siglo XX, siendo hoy, representación impresionista de lo que alguna vez dijeron combatir.

Esperemos que esta fracción sindical tenga la altura cívica de recomponer sus erráticos pasos respecto a la línea de la congruencia y logre hacerse responsable de liquidar con sus propios recursos a la nomenklatura que sostienen simuladamente con nuestros impuestos. Si tienen el número de militancia que dicen poseer, con unos pocos pesos al mes podrán mantener a sus líderes.Paralelamente, es pertinente que la autoridad establecida ya tome medidas en pos de la regularidad en el sistema educativo estatal. Que rompa las cadenas de la simulación, que realice acciones con la ley en la mano, con respaldo coordinado de los poderes de la unión y de los diferentes órdenes de gobierno.

A pesar del enorme abuso que implica el desvío de miles de millones de pesos anualmente para el pago de aviadores y comisionados sindicales, resulta increíble que a la fecha los michoacanos no protesten en contra del quebranto de  las finanzas educativas como lo hacen contra el reemplacamiento vehicular. Por ejemplo, elreemplacamiento es un impuesto a la posesión de un bien indispensable; mientras que el pago a comisionados sindicales es un impuesto ilegal dirigido contra el derecho humano a la educación de un pueblo. ¿Qué es de mayor afectación? Más aun, muchos de los que se oponen al reemplacamiento, no tocan a la CNTE ni con el pétalo de una rosa. Incluso, son aviadores de la SEE y agitadores políticos de tiempo completo. ¿Con qué calidad moral protestan contra el reemplacamiento vehicular cuando son quebrantadores vitalicios del erario público?

Incluso, denunciar a los comisionados sindicales ha contado con una comentocracia local y nacional a modo que inmediatamente denosta a quien exige que se cumpla la ley. ¿Será porque muchos de ellos tienen nexos con el sindicalismo más oscuro y retrógrada?Por esta razón los ciudadanos debemos hacer la diferencia y generar el contrapeso a la corrupción. Resulta elemental que se vuelque la ciudadanía a exigir propositivamente un mejor sistema educativo para nuestros hijos y nietos.

Recordemos que el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado se comprometió a resolver tres grandes prioridades en la entidad: educación, finanzas y seguridad. La intersección de los tres asuntos es precisamente el tema de los comisionados sindicales, que representan el mayor quebranto y que a su vez encuna actos ulteriores de corrupción, ya que aquellos que son capaces de vivir del dinero destinado a la educación de nuestro pueblo, sin duda son capaces de toda suerte de atrocidades mayores, lo cual se ha demostrado en incontables pinceladas que salpican de sangre de cuando en cuando la nota roja local. Sin duda poner orden en este aspecto será el dardo de precisión que debe lanzar el Gobierno del Estado para enviar un mensaje sin precedentes al respecto durante este siglo.

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