En esta semana el Dr. Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero Visión 2030, A.C., organización de la sociedad civil conformada por ciudadanos que impulsan la educación de calidad para todos los estudiantes de nuestra nación, publicó en un reconocido diario de circulación nacional una carta abierta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación,  en la cual exige se difundan los acuerdos que se firmaron entre la CNTE y la SEGOB, con base en los siguientes argumentos:

–          La ley está para aplicarse, no para negociarse.

–          La ley no es patrimonio de Presidente, Secretario o Gobernador alguno

–          Toda autoridad está obligada a aplicar la ley. De otro modo traiciona su mandato y está sujeta a responsabilidad. No es sólo un tema educativo, es un tema de Estado de derecho.

–           La reforma normativa en materia educativa es sólo el primero de muchos pasos que se tienen que dar para transformar a profundidad un sistema educativo que por décadas ha puesto a nuestros niños y jóvenes contra la pared. Ceder al inicio vulneraría todo el edificio que se pretende construir.

–          México no se puede dar el lujo de derrochar la oportunidad histórica de mejora que ofrece la reforma al Artículo 3ero Constitucional. Ya vamos muy atrasados frente al mundo y no nos podemos atrasar más. Al contrario tenemos que acelerar el paso. Por ello, la consigna debe ser: implementación, implementación, implementación.

–          No se deben crear estados de excepción para la aplicación de la ley y menos en donde más se necesita que se operen. Oaxaca, Michoacán y Guerrero son los tres sistemas educativos más atrasados del País y quizá también los más corruptos.

–          No es justo que la autoridad permita que se atropellen los derechos de niños, jóvenes y maestros, así como de los ciudadanos afectados por marchas, plantones y tomas, mientras se atiende con alfombra roja a quienes delinquen y buscan mantener prebendas mal-habidas. La autoridad está para asegurar los derechos de todos en lugar de ceder ante los chantajes de grupos notoriamente corruptos.

–          Si el Gobierno cede ante la presión de estas cúpulas el mensaje para todos los grupos de interés empeñados en mantener el statu quo será muy claro: el chantaje es la avenida para doblar al Gobierno. En poco tiempo el Gobierno puede quedar rebasado.

Al respecto, en Michoacán hemos contado con información de los acuerdos entre las autoridades y la CNTE debido a la costumbre de esta fracción sindical de filtrar las minutas por hacer alarde de lo arrancado a las instancias gubernamentales, a la par que socavar la de por sí menoscabada figura de la autoridad recién extorsionada. Estar a expensas de la vocación triunfalista de los CNTEleaks para poder tener acceso a la información de lo que se realiza con nuestros impuestos es un rol miserable como ciudadanos. Asimismo, estar esperando que los funcionarios educativos informen de lo suscrito a nuestro nombre es infamante, ya que implica ser víctimas de autoritarismo solazado con opacidad.

La experiencia michoacana registra una larga serie de papelones que ha realizado el Gobierno del Estado cuando ha intentado ocultar los acuerdos y minutas que se han firmado con la CNTE, porque más temprano que tarde se difunden los documentos, exhibiendo que lo que la autoridad esconde, la vanagloria sindical lo publicita a los cuatro vientos.

Sin embargo, lo que se firma delante de las cúpulas y que responde a lo pedido a título de la base de la CNTE es apenas la punta del iceberg. Ya no cabe duda de la existencia de pliegos petitorios inconfesables, con intercambios de apoyo político, con flujo ingente de plazas, dinero y espacios de poder. De esos pactos solamente vemos sus resultados, por ejemplo,  con la colocación de perfiles a modo en puestos clave de la SEE, en el respaldo político y alianzas contra natura ideológicamente hablando.

Esta semana, específicamente, se ha divulgado por la CNTE en su revista semanal una minuta de acuerdos signada por el subsecretario de gobernación, Luis Miranda, en la cual afirma que:

–          “Ningún maestro será despedido como consecuencia de las evaluaciones realizadas”.

–          “Los maestros conservarán sus derechos adquiridos a lo largo de su carrera magisterial”.

–          “Los maestros participarán activamente en el diseño de las evaluaciones”.

–          “Las autoridades educativas también se evaluarán”.

Con las lecciones ya aprendidas en Michoacán, es totalmente inaceptable leer este tipo de pronunciamientos, cuando en la entidad llevamos más de dos décadas leyendo documentos escarnecedores. Por esto, no esperemos a vivir las consecuencias que traerán repetir el ejemplo michoacano a nivel nacional, donde la normatividad y los acuerdos entre la secretaría de educación y las partes sindicales se subordinan a la mesa de negociación con las autoridades encargadas de la gobernabilidad.

La autoridad debe de unificar sus criterios y asumir una actitud congruente en línea con la normatividad. Si seguimos a este ritmo, pronto veremos el relevo de funcionarios federales para colocar a los militantes de la CNTE en puestos clave, como en esta entidad. No aprender la lección michoacana en estos momentos implicará décadas de ingobernabilidad, de cundir la flama de la protesta profesional en un país con retos enormes en materia de desigualdad, pobreza, ignorancia, seguridad y encono social. Es el momento de ir por la reforma educativa.