¿200 días de clases?

Desde el inicio de la reiterada suspensión de clases hace 24 años por parte de la disidencia magisterial encabezada por la  CNTE, se han escuchado voces crecientes que señalan que en Michoacán se requiere que existan 200 días de clases en cada plantel escolar. Esto no es un asunto menor, ya que se trata de la exigencia de garantizar un derecho constitucional a más de un millón de escolapios.  Sin embargo, durante casi un cuarto de siglo, la sinrazón de la fuerza ha prevalecido.

Sus consecuencias han sido desastrosas y permanecen impunes. Por ejemplo, se han estimado 158 y 160 días de clases laborados en los ciclos escolares anteriores, 2010-2011 y 2011-2012, respectivamente. En este cierre del ciclo escolar, programado para el 5 de julio, no hay señales claras de que vaya a haber mayor diferencia en cuanto a los días laborados.  El manoseo de cifras entre la SEE y la CNTE durante cada paro, marcha o bloqueo suelen arrojar versiones tan disímbolas como el 10 y el 85 por ciento, sin que ninguna de las partes presentase evidencia alguna que permita sustentar sus aseveraciones. El compromiso del establecimiento de sistemas de monitoreo grupo por grupo y escuela por escuela -que incluso ya están dentro del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015- aún no ha sido cumplido.

Mientras tanto, una vez que un niño promedio de educación pública básica terminó quinto grado de primaria, ya ha acumulado 200 días sin clases, es decir, ha perdido un ciclo escolar entero. El ejemplo arrastra, y en este caso, el militante de la CNTE transmite al alumno impunidad y transgresión en cada acción supuestamente sindical que implica abandono de aulas.

Incluso, amable lector, aunque a usted le resulte imposible anticipar y ampliar el periodo vacacional gozando de salario completo y sin sanción alguna de por medio, a quienes laboran en el sistema educativo michoacano sí les es factible. Hoy, programar la clausura escolar es decisión de cada plantel, sin que medie intervención de parte de la autoridad establecida. Asimismo, es posible con la misma facilidad, sumarse a los paros indefinidos, marchas, plantones y bloqueos que convocan las fracciones sindicales sin costo alguno, ya que incluso se ha firmado en acuerdo bipartita SEE-CNTE que no existirá castigo alguno a los trabajadores de la educación que abandonen las aulas.

Este ciclo escolar cumplido parcialmente es una perla más de un largo rosario de inconsistencias, que como gran lección grita que  hay que perder el miedo a encarar a la CNTE, que hay que interpelarla, dificultarle y denunciar sus tropelías con evidencias concretas. Impele a exigir a las autoridades establecidas a que cumplan con su obligación constitucional. Si unos pocos miles, con su peculiar sistema de organización han podido secuestrar la educación, también con movilización, más de cuatro millones de michoacanos podremos revertir esta situación lacerante. Para ello, es esencial informar al pueblo de la realidad educativa. Es más que imperativo que para poder establecer indicadores claros y transparentes ante la sociedad michoacana se difunda el número de días de clases laborados, grupo por grupo y escuela por escuela.

De no tener información completa y continuar la sociedad desinformada, este estado de cosas no cambiará por lo menos hasta el 2015, ya que la minuta de acuerdos con la CNTE, denominada “Programa de Trabajo 2013-2014” excluye la posibilidad de trabajar por asegurar el cumplimiento irrestricto del calendario escolar. Esta es una derrota anunciada, ya que al no haberse planificado ni firmado de manera bipartita, significa que la autoridad no ha sido capaz de adscribir a los militantes de la CNTE a través de su instrumento por antonomasia, cuyo cumplimiento encara y rebasa en ocasiones los planes estatales de desarrollo y programas sectoriales educativos.

Al respecto, la postura de la CNTE  señala que “quien critica la minuta pone en tela de juicio las decisiones del gobierno”, lo cual traiciona no solamente los intereses de los niños y jóvenes michoacanos, sino hasta a la parte gubernamental que se sentó a firmarles. En su lamentable réplica demuestra que pretende usar a los funcionarios educativos como muñecos de paja para vociferar en su nombre y para parapetarse tras los despojos de institucionalidad que quedarían de permitirse tal atropello sin una réplica oficial contundente al respecto.

La cuenta pública debería contabilizar salarios no devengados por concepto de marchas, paros y plantones. Desperdiciar decenas de días escolares debe ser materia de responsabilidades administrativas para los funcionarios. Incluso, el Congreso del Estado ha reconocido a través de la Comisión de Educación que la educación “se encuentra secuestrada”, lo cual debe de despolitizar el tema, por ser un posicionamiento multipartidista.

¿Corresponde a cada comunidad escolar la manera de reponer las clases perdidas ó es un asunto de aplicación de la normatividad? Si estuviéramos hablando del tema de seguridad pública, actuar con esta misma lógica equivaldría a invitar a que impere la Ley del Talión.

Mientras tanto, elgermen de  la inconformidad ante la actitud de la CNTE se está extendiendo y manifestando cada vez más claramente. La autoridad debe escuchar a la vox populi: amplios sectores políticos, empresariales, sociales y legislativos reclaman la aplicación de la ley por 200 días de clases para los niños y jóvenes michoacanos.