Rumbo a 2027, autoridades deben garantizar participación de las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre de 2025.- Este tiempo, previo a los procesos electorales por venir, es la ventana de oportunidad más valiosa para sentar bases firmes y criterios protectores de la democracia y de los derechos de ciudadanía, particularmente de las mujeres, planteó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Claudia Valle Aguilasocho quien, en compañía de la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Roselia Bustillo Marín, encabezó la clausura del 3er Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2025, III Circunscripción Plurinominal.

Señala un comunicado que la magistrada de la Sala Superior advirtió que México ha avanzado en sancionar la violencia política contra las mujeres, pero sigue en deuda con la prevención y el acompañamiento real a quienes participan en la vida pública.

“La violencia política contra las mujeres no se resuelve solo con sanciones, sino con prevención; eso ha faltado. Hemos fortalecido el mecanismo sancionador, pero no lo suficiente para evitar que la violencia ocurra ni para proteger a quienes denuncian”, indicó.

Ante autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, la magistrada Valle Aguilasocho señaló que las instituciones deben tener un rol de cambio para la efectiva tutela de los derechos humanos.

“Trabajando codo a codo, mano a mano, desde el ámbito de nuestras competencias, para hacer una real colaboración institucional y garantizar las condiciones que la sociedad mexicana, con toda justicia, exige de nosotras y de nosotros como funcionarios públicos”.

A partir de las observaciones finales del Comité CEDAW al décimo informe periódico de México, señaló que la paridad numérica aún no se traduce en igualdad sustantiva en los espacios de decisión. Subrayó que la ciudadanía de las mujeres debe protegerse antes, durante y después de los procesos electorales.

Destacó además la necesidad de eficacia real de los protocolos intrapartidistas para prevenir y sancionar violencia de género —vigentes desde hace casi una década— y llamó a reactivar la coordinación entre INE y OPLES para exigir su actualización y cumplimiento. Recalcó la importancia de una mirada interseccional ante la exclusión persistente de mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, jóvenes, con discapacidad y de la diversidad sexual, así como la necesidad de combatir la simulación y la usurpación de espacios.

Consideró que esta Circunscripción Plurinominal es la “más viva, más potente en criterios, más dinámica políticamente y también la que más compromiso enfrenta desde su actuar cercano con la ciudadanía diversa, con la ciudadanía plural para encontrar esas causas, esa mano a mano, ese codo a codo, ese compromiso real para avanzar en esta región del país”.

La magistrada Claudia Valle se pronunció por consolidar políticas públicas que garanticen una agenda de no discriminación, igualdad e inclusión real de todos los grupos sociales en un país diverso como México. Precisó que aún persisten castigos, penas y segregación de facto cuando la candidata o la afiliada a un partido político defiende sus derechos políticos.

En el cierre de los trabajos, también estuvieron presentes la magistrada y el magistrado de la Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila, así como la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado, Sandra Pérez Cruz; la magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas, Sofía Ruiz Olvera; la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación de la entidad, Elizabeth Sánchez González; el vocal ejecutivo de ese órgano electoral, Martín Martínez Cortázar, y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva.

Durante este día también se llevaron a cabo las mesas de trabajo Los derechos políticos de las personas LGBTTTIQA+ y el ejercicio de su ciudadanía y Los derechos políticos de las personas afromexicanas y el ejercicio de su ciudadanía, en las que participaron representantes de los tribunales e institutos electorales de los estados que conforman la Tercera Circunscripción.