Continúa proyecto de libramiento en Tulum; pone en riesgo 39 mil árboles

MORELIA, Mich., 30 de abril de 2026.- Este mismo mes, hace un año, la selva de Quintana Roo fue afectada por un presunto tajo clandestino de entre 16 y 27 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, según denuncias, el cual cruza la reserva natural de San Actún, en Tulum.

Diversas ONG, como Sélvame MX, presentaron denuncias por la situación, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la suspensión del proyecto, el cual contemplaba la remoción de vegetación en más de 149 hectáreas, el desmonte y la pérdida de alrededor de 39 mil árboles. Se trataba de trabajos que no contaban con los permisos necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada, lo que derivó en la clausura del proyecto.

Sin embargo, fue en septiembre de 2025 cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) retiró dicha solicitud de MIA. Pese a las inconformidades del sector ambiental, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró los letreros de clausura y los trabajos se reanudaron, de manera ilegal, de acuerdo con el colectivo Sélvame MX.

Recientemente, en abril de 2026, se difundió un video en redes sociales del mismo colectivo, en el que se muestra que las obras continúan, con maquinaria pesada afectando la vegetación y avanzando sobre el trazo de la selva y los cenotes.

San Actún es un sistema de ríos subterráneos y cuevas inundadas, considerado el cuerpo de agua subterráneo más extenso del mundo, con más de 368 kilómetros de longitud. Es un acuífero vital, ya que suministra agua dulce a gran parte de la región maya, por lo que cualquier colapso o contaminación afectaría el abastecimiento de agua potable y el ecosistema costero. Además, es considerado patrimonio cultural y arqueológico al conservar restos mayas milenarios, cerámica, huesos y artefactos de los primeros pobladores de América.

Es importante recordar que el proyecto del libramiento es de carácter federal, a cargo de la Sedena y la SICT, por lo que la responsabilidad directa recae en el gobierno federal.