Llama CNDH a generar conciencia sobre conservación del medio ambiente

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de noviembre de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó generar una conciencia global, que vaya de los individuos a las instituciones y autoridades, para advertir que la conducta de cada persona es relevante en la protección, defensa y preservación del medio ambiente. Dijo que la defensa de los derechos parte del respeto que se tenga al entorno, y el origen de los problemas en esta materia no sólo está en los demás, sino en la conducta y prácticas individuales.

A través de un comunicado de prensa, puntualizó que no se debe subordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales a los intereses económicos o comerciales. Deben evaluarse con sentido de urgencia la implementación de medidas de alta responsabilidad ambiental que lleven a las empresas –considerando plazos e incentivos— a adoptar medios de producción más limpios y más responsables de sus emisiones contaminantes.

González Pérez señaló que el esfuerzo económico del Estado mexicano por abatir el daño ecológico que generan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios es 5.3 veces menor que el daño ocasionado por dichas actividades, y comentó que los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron en 2015 en proporción aproximada de 6 a 1 respecto de la inversión para protección ambiental, de acuerdo con los datos más recientes de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Tales cuentas indican que los costos por agotamiento y degradación fueron de 907,473 millones de pesos, mientras que los de protección llegaron a 141,933 millones de pesos.

En este sentido, puso en relieve la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos, quienes ahora no sólo son estigmatizados, sino que corre peligro su vida, como son los casos que atiende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambientalistas mexicanos, y de manera especial puso énfasis en la tarea que desarrollaron estas personas y la CNDH sobre la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac, que dio origen a la Recomendación 10/2017 de este Organismo Nacional.

Al referirse al reconocimiento de la CNDH por la declaratoria de Parque Nacional en favor del Archipiélago de Revillagigedo, con lo cual se materializa el derecho colectivo a un medio ambiente sano, al tiempo que se protegen diversas especies de fauna y flora, destacó la importancia de conservar y atender las áreas naturales protegidas -tema sobre el que la CNDH emitió la Recomendación General 26- y de aplicar la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas relacionada con proyectos extractivos o de gran escala que pudieran conllevar profundas afectaciones a sus prerrogativas; dijo que éste es un pendiente que les impide el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y que los deja en situación de vulnerabilidad.

Mencionó que la ley mexicana es muy clara respecto de la aplicación de dicha consulta; sin embargo, enfatizó que el punto relacionado con la buena fe no se ha concretado y por ello el cambio climático impacta a los sectores sociales más desprotegidos.

Subrayó que las acciones a tomar deben contar con la participación de la sociedad para que el esfuerzo no fracase, e indicó que ejidos y productores agrícolas deben tener buen manejo forestal, en tanto que los manglares deben protegerse por un sector turístico de visión sustentable, pues no sólo se trata de dinero, sino de la salud de las personas, de su seguridad, de su vida y de sus medios de vida y, por ende, de su futuro.

Al participar en el Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: Innovación en Ciencia y Tecnología en el Conversatorio Multiactor sobre Gobernanza Climática Nacional, en el Foro Polivalente “María Antonieta Rivas Mercado” de la Biblioteca México, el Ombudsman nacional enfatizó que es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente y cuidar los recursos naturales, pues en la medida en que la protección sea efectiva así se protegerán los derechos fundamentales de las personas.

Aseguró que, para los Estados, el diseño e implementación coordinado, integral y eficiente de políticas públicas en esa materia se enmarca en la obligación genérica, frecuentemente subestimada, de prevención de violaciones a los derechos humanos. Señaló que no se trata únicamente de omitir o incurrir en actos que vulneren los derechos de las personas o reaccionar ante una afectación a los mismos, sino evitar que los derechos se vulneren, para lo cual la implementación de políticas públicas es indispensable.

En su exposición “Políticas Públicas de Cambio Climático como Mecanismos para Garantizar el Derecho a un Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y el Bienestar”, González Pérez destacó que, a pesar de los avances para cumplir con esas obligaciones, hay mucho por hacer sobre mitigación y adaptación del cambio climático, trabajar coordinadamente entre los diferentes órdenes de gobierno para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, así como unificar criterios y acciones en materia ambiental en la región.

Acompañado por María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y Leticia Bonifaz Alfonso, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Pérez dijo que la postura reciente de Estados Unidos de abandonar o pretender abandonar prácticas y acciones de protección ambiental y contra el calentamiento global, requiere de una acción más determinante de nuestro país y de la comunidad internacional, ya que potencialmente se vulnerarán los derechos humanos de las y los mexicanos, así como del resto de la población mundial.

Tras recordar y explicar diversas resoluciones de la ONU sobre cambio climático señaló que un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible es básico para el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas, en todo momento y lugar.

En su oportunidad, Bonifaz Alfonso subrayó que los cambios constitucionales en materia ambiental no han podido aterrizarse debido a que los municipios cuentan con presupuestos escasos, y no se pueden imponer responsabilidades y obligaciones si sus recursos apenas les alcanzan para solventar sus servicios de limpia, agua y drenaje.

Lamentó que las autoridades no tomen en cuenta la importancia de los derechos ambientales, y mencionó que quizá ello se debe a que están al final de los DESCA.

A su vez, María Amparo Martínez Arroyo mencionó que México debe empezar a revisar los instrumentos internacionales que ha firmado, muchos de los cuales se deben actualizar. Al hablar de las empresas, dijo que varios de los compromisos que hacen los Estados a nivel internacional se firman sin tener la posibilidad de controlar muchas de las emisiones contaminantes, ya que algunos de los problemas los generan compañías trasnacionales que se rigen por reglamentos extranjeros. Ante la urgencia planetaria de mejorar el ambiente, Estados como el nuestro deben demandar que las empresas respeten el medio ambiente a nivel mundial, concluyó.