Ha interpuesto Morelia 50 denuncias por presunta corrupción

MORELIA, Mich., 10 de agosto de 2020.- Un total de 50 denuncias por presuntos actos de corrupción en detrimento de la hacienda municipal, detectados en la administración local 2015 a 2018, ha interpuesto el ayuntamiento de Morelia en el curso de la semana anterior, aseveró Raúl Morón, alcalde de la capital michoacana.

Asimismo, se espera que en breve esta cantidad aumente en 180 denuncias, también correspondientes al trienio inmediato anterior, que se interpondrán ante las fiscalías General del Estado (FGE) y Especial en el Combate a la Corrupción, las cuales se encuentran en proceso de consolidación.

Raúl Morón indicó que no está en la posibilidad de detallar las obras o acciones involucradas en estas denuncias, así como el monto que comprometen, “porque eso ya es otra cosa”; sin embargo, no descartó que en la presentación de su segundo informe de labores, el próximo sábado 15 de agosto, dé a conocer “un adelanto”.

“No vamos a ser omisos y permitir que hicieran lo que hicieron”, reiteró.

Con estos procedimientos, sumarán 269 denuncias en contra de administraciones municipales previas, principalmente la encabezada por Alfonso Martínez Alcázar entre 2015 y 2018, por presuntos “vicios, corrupción y deshonestidad”.

Esta cifra se conforma por 10 denuncias interpuestas por la Contraloría Municipal, durante la gestión de su ex titular Alberto Sánchez Cárdenas; 29 procesos más, implementados a partir del 3 de julio pasado, por el actual contralor municipal, Norberto Bedolla; 50 denuncias ya interpuestas en días pasados, y 180 que en el corto plazo se darán a conocer a la autoridad competente.

Sólo las primeras 39 denuncias presentadas por la Contraloría Municipal abarcan una posible afectación económica por 54.4 millones de pesos, además que se da seguimiento a los procesos por ausencia de entregables en la contratación de consultorías y asesores externos por 90 millones de pesos y la denuncia en contra de Veolia por el cobro de toneladas de residuos sólidos no ingresados al relleno sanitario, que representaría un daño patrimonial por 103 millones de pesos.