Ganan intermediarios pese a liderazgo de Michoacán en 16 cultivos

MORELIA, Mich., 23 de julio de 2026.- Aunque Michoacán mantiene el liderazgo nacional en la producción de 16 cultivos estratégicos, una parte importante de la riqueza que genera el campo continúa concentrándose fuera de las comunidades rurales, donde el mayor valor económico de los productos se obtiene durante su procesamiento, empaque, certificación, logística, comercialización y distribución, mientras los productores primarios reciben sólo una fracción del precio final.

Ese es el diagnóstico que sustenta una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado, actualmente en análisis de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso de Michoacán, con la que se pretende modificar la política pública para fortalecer el valor agregado, reducir la dependencia de intermediarios y mejorar los ingresos de quienes producen en el campo.

El documento, emanado de la bancada de Morena, reconoce que uno de los mayores desafíos para el sector agroalimentario ya no consiste únicamente en incrementar la producción, sino en garantizar que los agricultores obtengan una remuneración justa por el fruto de su trabajo.

Advierte que, durante décadas, miles de productores han invertido en mejorar la productividad de sus parcelas, elevar la calidad de sus cosechas y cumplir con los estándares sanitarios exigidos por los mercados nacionales e internacionales; sin embargo, ese esfuerzo no siempre se traduce en mejores ingresos para las familias rurales.

La propuesta señala que esa dinámica limita la capacidad de inversión de las unidades de producción, reduce la rentabilidad de la actividad agrícola y fortalece la dependencia de intermediarios, pese a que Michoacán es líder nacional en diversos productos agroalimentarios de alto valor comercial.

El proyecto sostiene que el desarrollo rural requiere transitar de un modelo basado exclusivamente en la producción primaria a otro en el que las comunidades también participen en la transformación, certificación, comercialización y posicionamiento de sus productos, para que una mayor proporción del valor económico permanezca donde se genera.

Para ello plantea actualizar la legislación estatal e incorporar herramientas que actualmente no están previstas de manera expresa, como el comercio electrónico rural, las plataformas digitales para venta directa, las marcas colectivas, los distintivos territoriales, las certificaciones de calidad y origen, además del fortalecimiento de mercados regionales y cadenas cortas de comercialización que acerquen a productores y consumidores.

La reforma también contempla la creación de una Política Estatal para el Valor Agregado y la Comercialización Rural, mediante la cual se impulsaría la transformación agroindustrial en las regiones productivas, la consolidación de mercados regionales, la capacitación empresarial y comercial de productores, así como esquemas asociativos que faciliten el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Otro de los ejes consiste en promover mecanismos para incentivar la adquisición preferente de productos agroalimentarios de origen michoacano en programas públicos de alimentación, asistencia social, educación y salud, conforme a la disponibilidad presupuestaria y la normatividad vigente, privilegiando la participación de pequeños y medianos productores organizados.

Asimismo, se propone fortalecer las atribuciones de la Secretaría del ramo para impulsar la agroindustria rural, la transformación de productos, la integración de cadenas agroalimentarias, la innovación comercial, las certificaciones de calidad, los circuitos cortos de comercialización y el desarrollo de mercados regionales.

El proyecto también establece que el Consejo Estatal deberá fomentar la integración de cadenas agroalimentarias mediante el procesamiento, industrialización, certificación, comercialización y posicionamiento de los productos del campo, procurando que una mayor proporción del valor económico permanezca en beneficio de los productores y de las comunidades rurales.

De prosperar la reforma, el desarrollo rural dejaría de medirse únicamente por el volumen de producción agrícola para incorporar indicadores relacionados con el ingreso digno de las familias campesinas, la prermanencia de la riqueza en las regiones productoras y la capacidad de transformar el esfuerzo del productor en bienestar económico, sin imponer nuevas cargas regulatorias al sector.