Sobreviviendo al delito: el costo de la justicia que pagan las víctimas

MORELIA, Mich., 23 de julio de 2026.- El teléfono sonó cuando el hombre que asesinó a Lucía Ugalde Ramos ya había sido localizado. Del otro lado de la línea, el abogado que la familia buscaba para llevar el juicio les puso precio a la justicia para su hermana: 500 mil pesos por representar el caso y 100 mil de anticipo para regresar de vacaciones y asumir la defensa, relató Ireri Ugalde Ramos, víctima indirecta. 

La familia no tenía ese dinero.

“Tenía el teléfono en altavoz; mis papás estaban escuchando todo”. 

Siete años después del feminicidio, Ireri Ugalde Ramos recuerda ese momento como uno de los muchos en que comprendió que, además de enfrentar el duelo, tendría que enfrentar un sistema que obliga a las víctimas indirectas a resolver lo que el Estado no alcanza.

"Nosotros no teníamos ese dinero", resume.

La condena llegó. El responsable recibió una sentencia de 40 años de prisión; pero el camino hasta ese fallo implicó una factura que nunca aparece en los expedientes judiciales. 

Como hermana mayor, enfrentó y cargó sobre sus hombros la búsqueda de la justicia, el acompañamiento y protección a sus padres, ya adultos mayores, a la par que vivía su propio duelo, trabajaba y cuidaba de su único hijo. 

Sin experiencia en derecho penal, Ireri decidió asumir la representación legal junto con un exalumno especializado en juicios orales. Asistió a las 37 audiencias del proceso, estudió el delito de feminicidio, revisó expedientes, sostuvo reuniones con autoridades y siguió cada etapa del caso mientras enfrentaba el duelo por el asesinato de su hermana.

Calcula que el proceso consumió cerca de un millón de pesos entre trámites, traslados, copias certificadas, documentos oficiales y gastos derivados del litigio.

Cada diligencia tenía un costo.

Desde obtener nuevas copias certificadas del acta de nacimiento y de matrimonio para tramitar el acta de defunción, hasta viajes, gestiones administrativas y asesorías jurídicas. Ninguno de esos gastos forma parte de la reparación del daño.

Para Ireri, la justicia no solo exige fortaleza emocional. También demanda tiempo, conocimientos especializados y recursos económicos que muchas familias simplemente no tienen.

La búsqueda comenzó incluso antes del juicio.

Cuando Lucía desapareció, fueron sus hermanos quienes ingresaron a la vivienda donde finalmente encontraron su cuerpo. Meses después, también sería Ireri quien encabezaría la búsqueda del presunto responsable. Visitó decenas de medios de comunicación, contactó casinos de distintos estados del país y aportó información que contribuyó a su localización ocho meses después.

La sentencia no puso fin al trabajo.

"Las víctimas de feminicidio nos hemos convertido en quienes hacen parte del proceso en todos los sentidos", afirma.

Buscar, documentar, presionar, comparecer, litigar y acompañar las audiencias terminó por convertirse en una responsabilidad asumida por la familia.

Para Ireri, ese es uno de los vacíos más profundos del sistema de justicia: las víctimas indirectas no sólo enfrentan la pérdida de una hija, una hermana o una madre; también deben aprender a navegar un proceso penal mientras intentan sostener su propia vida.

La justicia, concluye, también tiene un precio. Y casi siempre lo pagan quienes sobrevivieron.